Córdoba aplicará multas por falsas amenazas en escuelas
NewsITe
El Gobierno de la provincia de Córdoba anunció la puesta en marcha de un nuevo protocolo para enfrentar la ola de falsas amenazas en escuelas, en especial aquellas que aluden a posibles tiroteos. A partir de ahora, quienes resulten responsables de este tipo de intimidaciones deberán hacerse cargo del costo total de los operativos de seguridad que se despliegan ante cada alerta.
La decisión fue formalizada por el Ministerio de Seguridad cordobés luego de registrar, en las últimas semanas, un incremento de llamados y mensajes que obligaron a evacuar colegios, movilizar fuerzas especiales y activar planes de emergencia. Si bien las autoridades sospechan que muchas de estas conductas responden a retos virales en redes sociales, remarcan que se trata de un delito con consecuencias concretas para toda la comunidad educativa.
Según se detalla en la resolución, los gastos generados por la intervención de la Policía de Córdoba, brigadas especiales, bomberos, servicios de emergencia y áreas de investigación podrán ser reclamados a los padres o adultos responsables de los menores que sean identificados e imputados por la Justicia. En el caso de mayores de edad, la responsabilidad económica será directa.
Cómo funcionará el nuevo protocolo en las escuelas
El procedimiento acordado entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal y las áreas administrativas de la provincia prevé que, una vez identificados los autores de una falsa amenaza, se realice un detalle de los recursos humanos y materiales afectados en cada operativo. Esa cuantificación incluirá la cantidad de efectivos movilizados, los móviles utilizados, el equipamiento especial desplegado y las horas de trabajo dedicadas a la investigación.
Con esa información, el Estado cordobés iniciará una intimación de pago a los responsables. Si no hay acuerdo o el monto no es abonado voluntariamente, se avanzará con acciones judiciales para recuperar el dinero. La medida busca desincentivar estas conductas y, al mismo tiempo, evitar que el costo de los operativos siga recayendo sobre el conjunto de la sociedad.
- Los gastos serán reclamados a padres o responsables de menores imputados.
- Se calculará el costo operativo de cada intervención caso por caso.
- Si no se paga voluntariamente, el Gobierno podrá ir a la Justicia.
Impacto en la comunidad educativa y en la seguridad
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, explicó que cada operativo de este tipo implica un importante despliegue de personal y tecnología: patrulleros, unidades especiales, sistemas de emergencia y equipos de investigación que se apartan de otras tareas de prevención del delito en la provincia. “No se trata de hechos menores, sino de conductas que alteran el normal funcionamiento escolar y generan angustia en estudiantes, docentes y familias”, sostuvo.
El funcionario remarcó que el objetivo central de la medida es devolver tranquilidad a las instituciones educativas y enviar un mensaje claro sobre la gravedad de estas amenazas, aun cuando no se concreten. Las autoridades insisten en que los padres deben dialogar con niños, niñas y adolescentes sobre el alcance legal de este tipo de acciones y el impacto que tienen en la seguridad pública.
“Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela, se activa un importante dispositivo estatal. Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”, enfatizó Juan Pablo Quinteros.
Con el nuevo esquema, Córdoba se suma a otras jurisdicciones que endurecieron su respuesta frente a las falsas alarmas en colegios, en un contexto en el que las redes sociales y la viralización de contenidos facilitan la propagación de este tipo de episodios. La Provincia apuesta a que el impacto económico y judicial funcione como freno para futuras amenazas.
