Orden judicial, allanamiento y un menor en riesgo en Córdoba
NewsITe
La Justicia de Córdoba deshabilitó una obra en construcción que estaba siendo utilizada como vivienda por una familia, luego de constatar que allí residía un niño en una situación de grave riesgo. La medida se adoptó tras la viralización de un video en redes sociales que alertó sobre las condiciones en las que se encontraba el menor.
El operativo se llevó a cabo en las últimas horas mediante un allanamiento ordenado por la Justicia, en un edificio ubicado sobre el boulevard San Juan y San José de Calasanz, en el barrio Observatorio de la capital cordobesa. El objetivo fue verificar si efectivamente había un menor viviendo en el lugar y evaluar las condiciones de habitabilidad del inmueble.
De acuerdo con el informe del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba, luego de una inspección técnica se determinó que la construcción “no se encuentra en condiciones de ser habitada por una grave falta de higiene y mantenimiento general, observándose acumulación de suciedad, residuos y condiciones de abandono”.
Los especialistas también constataron la “inexistencia de instalaciones sanitarias en condiciones de uso, ni servicios básicos de saneamiento, como tampoco instalaciones destinadas a la provisión de agua, lo que impide garantizar condiciones mínimas de salubridad, higiene y funcionamiento normal de un espacio habitable”.
Evaluación de riesgo y retiro voluntario de los ocupantes
Ante este escenario, los técnicos concluyeron que el edificio representaba un riesgo concreto para la integridad física y la salud de las personas que pudieran permanecer allí, especialmente en el caso del niño. Por tal motivo, se recomendó su inmediata deshabitación y la intervención de los organismos estatales competentes en materia de niñez y familia.
Frente a la evaluación y al detalle del informe oficial, los ocupantes del inmueble decidieron retirarse de forma voluntaria. Paralelamente, se dio intervención a la Municipalidad de Córdoba para que adopte las medidas correspondientes, tanto en lo relativo a la clausura del lugar como al acompañamiento social de las personas involucradas.
En el procedimiento participaron profesionales de diversas áreas del municipio cordobés, entre ellas Ingeniería, Abordaje y Emergencias Territoriales, la Dirección General de Infancias y Adolescencias, la Subdirección de Personas Mayores y la Agencia BioCórdoba, además de técnicos del Ministerio Público Fiscal. La presencia de múltiples áreas estatales buscó garantizar una evaluación integral de la situación, desde el punto de vista estructural, sanitario y social.
Fuentes judiciales remarcaron que el foco de la intervención fue “resguardar la integridad del niño y prevenir cualquier daño derivado de las condiciones de extrema precariedad del lugar”.
Ahora, la Justicia y los organismos municipales deberán continuar el seguimiento del caso, en el marco de los protocolos de protección de derechos de la niñez, mientras se define el futuro del edificio deshabilitado y las medidas sociales de contención para la familia.
