Un informe alerta por el costo del comercio ilícito para el Estado
NewsITe
Un estudio elaborado por MAP LATAM volvió a encender las alarmas sobre el peso del comercio ilícito en la economía argentina. El informe estima que, solo en 2026 y tomando 15 sectores específicos, el contrabando y la subfacturación le provocarían al fisco una pérdida de US$ 2.855 millones, equivalente al 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI).
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Bajo el título “Impacto adverso del contrabando y la subfacturación en la economía argentina”, el relevamiento detalla que los sectores analizados representan el 2,6% del PBI total y el 14,5% del PBI manufacturero. Por eso, los especialistas advierten que el perjuicio total podría ser aún mayor si se contemplara el resto de la actividad económica.
De acuerdo con el documento, del total de US$ 2.855 millones estimados, unos US$ 2.283 millones se explican por operaciones de contrabando, mientras que los restantes US$ 572 millones responden a maniobras de subfacturación, en las que se declara un valor menor al real para reducir el pago de impuestos.
Sectores más afectados por el comercio ilegal
El informe identifica con precisión cuáles son los rubros donde se concentra la mayor pérdida fiscal. Las bebidas espirituosas aparecen al tope del ranking, con un perjuicio calculado en US$ 1.400 millones por contrabando. Le sigue la indumentaria, con unos US$ 470 millones ligados principalmente a subfacturación.
Otros segmentos relevantes son los celulares (US$ 255 millones), los cigarrillos (US$ 230 millones) y los agroquímicos (US$ 205 millones). A estos se suman actividades como perfumería árabe, juguetes, textiles, marroquinería, televisores, pequeños electrodomésticos, calzado, línea blanca, yerba mate y neumáticos, donde el contrabando o la subfacturación representan entre el 10% y el 83% del mercado.
- En algunos rubros, el comercio ilícito llega a abarcar más de la mitad de las operaciones.
- La pérdida fiscal supera la recaudación total por Impuestos Internos.
- Equivale al 160% de lo que ingresa por el impuesto a los Bienes Personales.
Qué podría financiarse con lo que se pierde
MAP LATAM traduce las cifras en ejemplos concretos para dimensionar su impacto social. Según el informe, los US$ 2.855 millones que el Estado dejaría de percibir alcanzarían para financiar aproximadamente 2.400 escuelas, 120 centros ambulatorios de salud o la construcción y mejora de 2.250 kilómetros de rutas nacionales.
Esta comparación busca mostrar que el contrabando y la subfacturación no son solo un problema técnico de recaudación, sino que se traducen en menos recursos para infraestructura, educación y salud, áreas clave para el desarrollo del país.
“El comercio ilícito en Argentina se convirtió en un fenómeno estructural, no marginal”, advierte el informe, que subraya la necesidad de políticas sostenidas y coordinadas para revertir la tendencia.
Argentina, mal posicionada en los índices internacionales
El trabajo también compara el desempeño del país con el de otras naciones. En el ranking de comercio ilícito sectorial elaborado por TRACIT 2025, Argentina se ubica en el puesto 120 entre 158 países, una posición rezagada que refleja la magnitud del problema.
En paralelo, el índice de GI-TOC, que mide el comercio ilegal de bienes gravados, sitúa a la Argentina en el lugar 16 sobre 193, es decir, entre los 20 países con mayor nivel de comercio ilícito de este tipo. El informe advierte, además, un deterioro respecto de los registros de 2023.
El desafío: apertura comercial con controles eficaces
Para los autores del estudio, la expansión del contrabando y la subfacturación está asociada, en parte, a un contexto de flexibilización y debilitamiento de los controles sobre el comercio exterior. No obstante, aclaran que “la apertura es necesaria” para dinamizar la economía y favorecer la integración al mundo.
El punto clave, señalan, es que esa apertura esté acompañada por sistemas de control modernos, coordinados y con estándares similares a las mejores prácticas internacionales. Entre las medidas que suelen recomendar especialistas se encuentran la digitalización de procesos aduaneros, el intercambio de información con otros países, el fortalecimiento de los organismos de fiscalización y campañas de concientización para desalentar el consumo de productos ilegales.
Mientras tanto, el costo del comercio ilícito sigue creciendo y presiona sobre las cuentas públicas, en un país que enfrenta la necesidad urgente de mejorar su recaudación sin asfixiar al sector formal de la economía.
