Este lunes se superaron las 96 horas de ocupación de 18 viviendas de barrio San Francisco. El clima es de tensión por la inminente orden de desalojo solicitada el viernes por el fiscal y que la jueza María Eugenia Maiztegui aún no ha firmado. Ilegalidad y pobreza, las dos aristas de un conflicto que no tendrá ganadores.
De la redacción de EL NORTE
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El aire se respira tenso en barrio San Francisco. Este lunes se cumplió el cuarto día de usurpación de 18 de las viviendas que se encuentran a medio terminar en el desarrollo urbanístico financiado por Provincia y Municipio, y que está destinado a paliar el apremiante déficit habitacional que arrastra la ciudad desde hace décadas.
Las 18 familias que tomaron casas, en muchos casos sin cerramientos, pisos ni conexión a los servicios esenciales, son conscientes de que de un momento a otro llegará la orden de desalojo que hasta ayer la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui no había firmado, a pesar de contar con todas las actuaciones y el pedido del fiscal Jorge Leveratto.
Saben que más temprano que tarde las fuerzas policiales procederán a desalojarlos del lugar. El dato es que la mayor parte de los usurpadores están dispuestos a resistir. Al menos eso fue lo que advirtieron en diálogo con EL NORTE. “Vamos a defender nuestra posición, aunque sabemos que tenemos todas las de perder”, aseguró un hombre de 35 años que ocupa con su familia una vivienda sin puertas ni ventanas, desprovista de sanitarios, de luz eléctrica, de agua potable y de gas. “Yo ya sé lo que es enfrentar a la policía. Y si lo tengo que hacer por mis hijos, lo voy a hacer”, dijo un hombre que pasó año y medio en prisión.
“Si nos sacan de acá, que sea con la promesa de que al menos nos van a dar un terrenito y algunos materiales para que podamos construir”, agregó una joven de 20 años, madre de un bebé en brazos y de otros dos niños que no se separaban de su lado.
Se trata de familias en extrema vulnerabilidad, que nada tienen que perder en este conflicto. De allí su posición de resistencia. “Queremos que nos den estas casas porque están abandonadas. Nosotros las vamos a terminar, pero que nos aseguren que van a ser nuestras. Queremos pagarlas”, pide otra mujer.
Telas colgando en las puertas y ventanas, frazadas sobre el piso de concreto o a medio cubrir con baldosas, algún que otro colchón, mate, yerba y calentador. Eso es todo lo que se puede ver dentro de las casas usurpadas. Y familias numerosas, conscientes de la ilegalidad de sus actos pero, a la vez, decididas a defender aquello que no les pertenece. Al sol, para matar el frío de la noche anterior.
En las calles, varios patrulleros cuidando que no llegue más gente a ocupar otras viviendas. Ni que traigan colchones o elementos que permitan sostener una usurpación indefinida.
Ilegalidad y pobreza
El panorama es entristecedor en virtud de que conviven dos realidades muy concretas: la de la ilegalidad de personas que ocupan viviendas que no les pertenecen, y la de la pobreza estructural. La mayoría de estas familias tienen como único ingreso algún tipo de asignación del Estado, lo cual solo alcanza para comer, y no en todos los casos.
“No queremos que nos regalen nada, queremos que nos permitan vivir acá. Nosotros vamos a pagar lo que haya que pagar así tengamos que comer salteado”, expresó otra mujer no tan joven, madre de siete niños. La afirmación suena más a un deseo de buena voluntad que a una posibilidad cierta. Como sea, parece difícil que se los pueda persuadir sin algo a cambio. El que nada tiene, nada puede perder.
Algunos de ellos tenían la información de que la jueza de Garantías haría lugar al pedido de desalojo ayer mismo. Incluso se levantaron temprano porque alguien les había asegurado que las fuerzas policiales arribarían a las 5 de la mañana para proceder a la desocupación de las casas tomadas. Pero, al parecer, a la Dra. Maiztegui no le alcanzó el fin de semana para tomar una resolución en ese sentido.
Mientras tanto, la tensión va en aumento. Todo desalojo es violento, se use o no la fuerza física. Este caso no tiene por qué ser la excepción. Tal vez en la jornada de este martes haya algún tipo de resolución del conflicto. Aunque resolución no es igual a solución. Para esto último es preciso erradicar la pobreza estructural, es decir, la del pobre sin oportunidad de escapar de la pobreza. Y ello, si alguna vez ocurre, llevará muchos -pero muchos- años.