Revisan mandatos vencidos en el Consejo Académico de la Escuela Judicial
NewsITe
El Consejo de la Magistratura de la Nación analizará en los próximos días la situación del Consejo Académico de la Escuela Judicial, luego de detectarse que la mayoría de sus integrantes tiene el mandato vencido o ya no ocupa los cargos que justificaron su designación. De los trece miembros que lo conforman, once se encuentran alcanzados por estas irregularidades temporales o funcionales.
La cuestión será tratada en el ámbito de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, el órgano interno del Consejo encargado de organizar los concursos para la designación de jueces y de proponer modificaciones a los reglamentos vinculados con la formación y selección de magistrados en todo el país. El debate se da en un contexto de revisión de distintos mecanismos institucionales relacionados con la capacitación judicial.
De acuerdo con el reglamento interno de la Escuela Judicial, el Consejo Académico debe estar integrado por representantes de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de distintas instancias, abogados, legisladores y profesores universitarios. Cada integrante tiene un mandato de cuatro años, con la posibilidad de una única prórroga por un período igual. Además, la normativa establece que deben dejar su lugar en caso de cesar en el cargo que motivó su designación.
Quiénes integran hoy el Consejo Académico
Actualmente, el cuerpo está conformado por el vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz; la ex diputada nacional Graciela Camaño; la ex senadora María Inés Pilatti Vergara; los jueces José Luis López Castiñeira, Roberto Pompa y Diego Barroetaveña; los abogados Carlos Más Vélez, Antonio Bustamante y Eduardo Andrés Massot; y los representantes del ámbito universitario Carina Pamela Tolosa, Laura María Giosa, Anabella Celeste Lucardi y Gonzalo Salerno.
Un relevamiento realizado por distintas vocalías del Consejo de la Magistratura determinó que los mandatos de los jueces López Castiñeira y Pompa vencieron en agosto de 2023, mientras que el de su colega Barroetaveña se mantiene vigente hasta agosto de 2025. En el caso del abogado Eduardo Massot, su designación concluyó en febrero de este año.
Legisladores y académicos con plazos vencidos
En el plano político, el informe interno señala que María Inés Pilatti Vergara fue nombrada como representante del Senado en julio de 2021, con un mandato que finaliza en julio de 2025. Sin embargo, su continuidad deberá ser evaluada a la luz de la situación general del cuerpo. Por su parte, Graciela Camaño había sido designada en representación de la Cámara de Diputados en 2022, pero dejó su banca en diciembre de 2023, circunstancia que también impacta en su permanencia dentro del Consejo Académico.
Respecto de los representantes universitarios, se consigna que Tolosa, Giosa, Lucardi y Salerno fueron designados en marzo de 2022 y que sus mandatos concluyeron en marzo de 2024. Esta situación deja al organismo con un fuerte nivel de desactualización en su composición, en un momento en el que se discute el rumbo de la formación de futuros magistrados y la actualización de contenidos académicos.
Los cargos que siguen vigentes y el debate institucional
En contraste con el resto de los casos, continúan vigentes las designaciones de los abogados Antonio Bustamante, cuyo mandato se extiende hasta 2026, y de Carlos Más Vélez, que tiene plazo hasta mayo de 2027. La permanencia de estos miembros, sumada a la representación de la Corte Suprema a través de Rosenkrantz, garantiza un funcionamiento mínimo, aunque el Consejo de la Magistratura buscará regularizar la totalidad de los cargos.
- La normativa prevé mandatos de cuatro años, renovables por única vez.
- Los miembros deben cesar si dejan el cargo que motivó su designación.
- Once de los trece integrantes tienen mandato vencido o cambiaron de función.
- La Comisión de Selección analizará los pasos a seguir para la recomposición.
“El objetivo central de la Escuela Judicial es asegurar la capacitación permanente y de calidad de jueces y funcionarios, por lo que la integración regular de su Consejo Académico es clave para la legitimidad del sistema”, señalaron fuentes vinculadas al ámbito judicial.
La discusión sobre la continuidad y eventual renovación del Consejo Académico se da en paralelo a otros debates en el Consejo de la Magistratura sobre concursos abiertos, reformas reglamentarias y criterios de evaluación para el ingreso a la magistratura. La resolución que se adopte en este caso marcará una señal sobre el compromiso institucional con la transparencia y el cumplimiento estricto de los plazos legales en los órganos de gobierno del Poder Judicial.
