En el inicio de las sesiones extraordinarias, el oficialismo acelera negociaciones para reunir los votos necesarios y avanzar con su paquete de proyectos
El Congreso retomará su actividad en el marco de las sesiones extraordinarias, con una agenda atravesada por la reforma laboral como iniciativa central del oficialismo. El temario también incluye el tratamiento del Régimen Penal Juvenil, modificaciones a la Ley de Glaciares y el debate del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Si bien el proyecto de reforma laboral ya cuenta con dictamen de comisión en el Senado, el respaldo político aún no está asegurado en los términos originales. Ante ese escenario, el Gobierno y sus aliados intensificaron negociaciones contrarreloj para sumar apoyos y evitar cambios que puedan trabar su aprobación en el recinto.
Desde el Ejecutivo consideran a la reforma laboral como la iniciativa clave del período extraordinario. En la administración libertaria sostienen que el paquete de cambios permitirá “generar empleo registrado y reducir la judicialización de los conflictos laborales”, y en función de ese objetivo desplegaron gestiones en distintas provincias para garantizar acompañamiento parlamentario.
En ese marco, funcionarios y referentes del oficialismo mantuvieron reuniones con legisladores y gobernadores, mientras se acumulan advertencias sobre el impacto fiscal de algunos artículos del proyecto, en especial los vinculados a modificaciones en el Impuesto a las Ganancias.
Gobernadores, negociaciones y reclamos por recursos
En el tramo final de las conversaciones, los gobernadores Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil se reunieron esta semana en la Casa de Salta con el ministro del Interior, Diego Santilli. Aunque no participó del encuentro, Hugo Passalacqua es señalado como otro de los actores clave en el esquema de apoyos que busca consolidar el oficialismo.
Durante la reunión, los mandatarios provinciales plantearon la necesidad de una compensación por la eventual pérdida de recursos coparticipables que, según advirtieron, generarán las modificaciones impositivas incluidas en la reforma. Ese reclamo se suma a las condiciones que distintos bloques y gobiernos provinciales pusieron sobre la mesa antes de definir su voto.
En paralelo al debate legislativo, el Gobierno decretó la emergencia ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, tras los incendios registrados en la Patagonia, un contexto que también influye en la agenda parlamentaria de las próximas semanas.
Régimen Penal Juvenil y cambios en la Ley de Glaciares
A la par de la reforma laboral, el Gobierno nacional volvió a impulsar el proyecto de Régimen Penal Juvenil, luego de haber postergado su tratamiento para priorizar el capítulo laboral. La decisión de incluirlo en las extraordinarias abrió un nuevo foco de tensión con los bloques aliados, que mantienen reparos sobre el texto.
Desde el PRO manifestaron su posición de fijar la edad de imputabilidad en los 14 años, mientras que en la UCR advirtieron que insistir con los 13 podría romper los consensos alcanzados durante el año pasado. En ambos espacios coinciden en que reabrir la discusión implica regresar a un escenario de negociaciones inciertas.
En ese mismo período, el Congreso deberá analizar modificaciones a la Ley de Glaciares. La iniciativa redefine el concepto de “ambiente periglacial” y limita la protección a los glaciares y áreas que cumplan una función hídrica comprobable. Además, transfiere a las provincias la facultad exclusiva de determinar las zonas protegidas y prevé la creación de un registro nacional para identificar los espacios alcanzados por la normativa.
El acuerdo Mercosur–Unión Europea en el tramo final del debate
Finalmente, los legisladores abordarán el acuerdo de libre comercio firmado el 9 de enero entre el Mercosur y la Unión Europea. El tratado establece la eliminación progresiva de aranceles sobre el 91% de las exportaciones entre ambos bloques, con períodos de transición de hasta 15 años para productos considerados sensibles.
Para el Mercosur, el acuerdo contempla mayores cuotas de exportación de productos agropecuarios hacia Europa. Para la Unión Europea, supone una mejora en el acceso al mercado sudamericano para bienes industriales como autos, autopartes, maquinaria, productos químicos, vinos y quesos.
