El año con menor actividad legislativa desde la recuperación democrática
NewsITe
El Congreso de la Nación atraviesa en 2025 uno de los momentos de menor productividad legislativa desde el retorno de la democracia. De acuerdo con un informe del Observatorio del Control Público (OCP) de la Fundación Éforo, este año se sancionaron apenas 11 leyes, la cifra más baja desde 1983 y muy lejos del promedio histórico, que supera las 122 normas anuales.
La comparación es elocuente: 2025 cierra, por ahora, con 111 leyes menos que el promedio de todo el período democrático. El documento “Congreso de la Nación Argentina: análisis institucional histórico del Poder Legislativo (1983-2025)”, elaborado a partir de datos oficiales, pone el foco en las causas de esta caída sostenida en la producción legislativa.
Según el informe, la variable que mejor explica el desempeño del Congreso es su composición política. Cuando el oficialismo contó con mayorías claras, la sanción de leyes se aceleró. Un ejemplo emblemático es 2014, cuando el gobierno de entonces disponía de mayoría propia y se aprobaron 191 leyes, el número más alto desde el regreso de la democracia.
Fragmentación política y caída en la producción de leyes
La creciente fragmentación parlamentaria aparece como un factor clave para entender la parálisis actual. En 1983, la Cámara de Diputados se organizaba principalmente en torno a dos grandes bloques: el peronismo y el radicalismo. Sin embargo, en 2017 llegó a contar con más de 40 bancadas, varias de ellas con tres integrantes o menos.
Este escenario multiplica los proyectos pero dificulta los acuerdos. El Congreso recibe entre 2.000 y 4.000 iniciativas por año, aunque menos del 1% logra convertirse en ley. En 2022, por ejemplo, se presentaron cerca de 3.000 proyectos y sólo se sancionaron 37 normas. En paralelo, el promedio anual de leyes aprobadas bajó de 154 en el período 1994-1998 a apenas 59 entre 2019 y 2023.
Vetos presidenciales y presupuesto sin aprobar
El estudio también repasa el uso del veto presidencial como herramienta de control sobre la actividad del Congreso. Desde 1983 hasta 2025, se registraron 417 vetos a leyes sancionadas: 201 totales y 216 parciales. Casi la mitad se concentró durante los mandatos de Carlos Menem, con 195 vetos. Le siguen, muy detrás, Raúl Alfonsín con 49 y Fernando de la Rúa con 46 decisiones de este tipo.
En el caso del actual presidente, Javier Milei, hasta septiembre de 2025 acumulaba 9 vetos, con tres insistencias exitosas por parte del Congreso, es decir, oportunidades en las que las cámaras lograron superar el rechazo del Poder Ejecutivo y mantener la ley.
Otro dato relevante es la ausencia de una ley de Presupuesto propia para 2024 y 2025. Son los primeros dos años consecutivos, desde el retorno democrático, en los que no se aprueba un presupuesto nuevo. En ambos ejercicios se resolvió prorrogar el de 2023. Desde 1983, el Congreso no logró sancionar el Presupuesto en cinco ocasiones: 2011, 2020, 2022, 2024 y 2025.
Mandatos constitucionales pendientes y deudas estructurales
Más allá de la coyuntura, el informe de la Fundación Éforo remarca deudas institucionales de largo arrastre. A 31 años de la reforma constitucional de 1994, la nueva Ley de Coparticipación Federal sigue sin ver la luz y continúa vigente un esquema “transitorio” sancionado en 1988. También se destaca que, en todo este período, ninguna norma surgió de un mecanismo de iniciativa popular, a pesar de que está previsto en la Constitución.
La subrepresentación legislativa es otro punto sensible. La distribución de bancas en la Cámara de Diputados se basa todavía en los datos del censo de 1980. Si se tomara como referencia el censo de 2022, la Cámara debería contar con 363 legisladores, es decir, 106 más que los actuales. Sólo la provincia de Buenos Aires sumaría 42 escaños adicionales, lo que modificaría significativamente la correlación de fuerzas.
“La mirada histórica permite observar algo más amplio: cómo las instituciones se adaptan a las transformaciones políticas y sociales que atraviesan al país”, subrayó Carla Pitiot, vicepresidenta de la Fundación Éforo y directora del OCP.
La baja histórica en la sanción de leyes en 2025 pone en primer plano estas tensiones y abre el debate sobre cuánto influye la fragmentación política, la estrategia del Poder Ejecutivo y las deudas pendientes del sistema institucional argentino en el funcionamiento cotidiano del Congreso.
