Un sargento de la Policía bonaerense fue condenado en Villa Gesell por encubrir a un vendedor de drogas y advertirle sobre una orden de captura.
Un sargento de la Policía de la provincia de Buenos Aires que prestaba servicios en Villa Gesell fue condenado a prisión efectiva e inhabilitación perpetua por encubrir a un vendedor de drogas y ayudarlo a eludir a la Justicia. La sentencia se dictó en un juicio abreviado en el Juzgado en lo Correccional N° 1 de Dolores, a cargo del juez Christian Gasquet.
El condenado es Leandro Daniel Blasizza, de 29 años, quien actuó junto a otros tres efectivos de las comisarías Primera y Segunda de Villa Gesell, integrantes del Gabinete de Prevención. Según lo probado en el proceso, entre julio y agosto de 2023 un hombre comercializaba cocaína al menudeo en la ciudad balnearia y cuatro policías, entre ellos Blasizza, concurrían reiteradamente a su domicilio.
De acuerdo con la investigación, los efectivos recibían estupefacientes para consumo personal a cambio de omitir denunciar la actividad ilegal. El hecho más grave fue el encubrimiento activo, ya que Blasizza mantuvo comunicaciones telefónicas con el narcotraficante desde la dependencia policial para advertirle sobre la existencia de una orden de captura en su contra, aconsejarle que se mantuviera oculto y facilitar que eludiera la acción de la Justicia.
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La causa se inició a partir de una denuncia anónima y se fortaleció con el análisis de los recorridos de los móviles policiales y el secuestro de teléfonos celulares. De esos elementos surgieron múltiples comunicaciones entre los implicados que evidenciaron un vínculo estrecho con el traficante. Un testimonio clave indicó que el investigado “le vendía droga al jefe de calle de la Segunda y a otro de la Primera”.
Tras evaluar las pruebas, el juez Gasquet condenó a Blasizza como coautor de los delitos de “encubrimiento agravado”, “violación de los deberes de funcionario público” y “cohecho pasivo”, y como autor de “encubrimiento agravado” por el otro hecho. La pena impuesta fue de un año y diez meses de prisión de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque el magistrado dispuso su excarcelación.
