El financista de Espert, culpable en un tribunal de Texas
NewsITe
Federico “Fred” Machado, empresario aeronáutico argentino y financista de la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, fue declarado formalmente culpable por la Justicia de Estados Unidos por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico. El fallo fue firmado por el juez federal Amos L. Mazzant III, del Tribunal Federal de Texas, tras aceptar la recomendación del magistrado Don Bush, quien había intervenido en las audiencias previas.
De acuerdo con la información conocida por la prensa, Machado terminó admitiendo su responsabilidad en una audiencia en la que reconoció haber llevado adelante un esquema para captar millones de dólares de inversores mediante supuestas operaciones de compra y venta de aviones. Esas aeronaves, sin embargo, nunca estuvieron disponibles para ser entregadas, pese a las promesas realizadas.
El entramado delictivo se habría articulado desde Florida a través de las compañías South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, controladas por Machado, y una sociedad radicada en Oklahoma City. A partir de estas estructuras, el empresario ofrecía negocios aeronáuticos que, según la acusación, no llegaban a concretarse, pero que le permitieron reunir importantes sumas de dinero que luego fueron objeto de maniobras de lavado.
Acuerdo con la fiscalía y delitos imputados
Inicialmente, y aconsejado por sus abogados, Machado se había declarado “no culpable” al ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, modificó su estrategia y buscó un acuerdo con la fiscalía federal. En ese marco, aceptó admitir los cargos por conspiración para lavado de dinero y fraude electrónico. Cada uno de estos delitos prevé penas de hasta veinte años de prisión, además de posibles multas y el decomiso de bienes.
La fiscalía, representada por Heather Rattan, decidió a cambio retirar una acusación por narcotráfico internacional que también pesaba sobre el empresario. De esta manera, el proceso quedó enfocado en los delitos económicos y en el perjuicio a los inversores que confiaron en la operatoria presentada por las firmas vinculadas a Machado.
Vínculos con Argentina y la campaña de Espert
El caso tiene derivaciones en Argentina. Como parte del acuerdo y del cuerpo probatorio, la fiscalía de Texas incorporó una transferencia de 200.000 dólares destinada a la campaña de José Luis Espert, registrada a través del Bank of America. Esa operación está asociada a un avión matrícula N28FM, utilizado por Machado para volar con frecuencia hacia territorio argentino.
En el país, el fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez, investiga esa transferencia dentro de una causa por presunto lavado de dinero en la que Espert figura imputado. La pesquisa local busca establecer si el aporte tuvo origen en fondos de procedencia ilícita y de qué modo se integró a la financiación política de la campaña de 2019.
La situación procesal y el cálculo de la pena
Aunque el tribunal texano ya declaró la culpabilidad de Machado, la sentencia definitiva aún no fue fijada. En esta etapa, la defensa del empresario trabaja para que la Justicia estadounidense contemple el tiempo que ya pasó privado de su libertad, tanto en Estados Unidos como en Argentina. Por un lado, se contabilizaría su detención en una cárcel privada de Oklahoma; por otro, los casi cuatro años de prisión domiciliaria que cumplió en la ciudad de Viedma, tras haber sido arrestado en Bariloche en 2021 a pedido de la Justicia norteamericana.
La condena a Federico “Fred” Machado se inscribe en una serie de causas por fraudes financieros y lavado de activos que involucran a estructuras empresariales con ramificaciones internacionales y posibles vínculos con el financiamiento de la política argentina.
Con la etapa de determinación de la pena en marcha, el caso se mantiene bajo la atención de autoridades judiciales de ambos países. En Estados Unidos, la discusión girará en torno al monto de la condena y al alcance del decomiso de bienes. En Argentina, en tanto, la evolución del expediente de San Isidro será clave para establecer el impacto de estas maniobras sobre el financiamiento electoral y la eventual responsabilidad de actores locales.
