Prisión condicional para una ex jueza acusada de sobornos en adopciones
NewsITe
La ex jueza de Familia de Pilar, Alejandra Claudia Velázquez, fue condenada a tres años de prisión en suspenso por el delito de cohecho agravado, tras admitir que ofreció dinero para influir en expedientes vinculados a procesos de adopción. La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado por el Juzgado en lo Correccional N°1 de San Isidro, que además la inhabilitó para ejercer cargos públicos durante seis años.
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Según surge del fallo, Velázquez reconoció que, mientras se desempeñaba al frente del Juzgado de Familia N°1 de Pilar, reclutó a empleadas para que localizaran mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad o niños en condiciones de adoptabilidad. El objetivo era facilitar la entrega de esos bebés y niñas o niños a matrimonios de alto poder adquisitivo residentes en countries de la zona norte del conurbano bonaerense.
La investigación reveló que la ex magistrada llegó a ofrecer dinero a dos funcionarias públicas para que actuaran de manera indebida en trámites vinculados a la adopción. Aunque ambas rechazaron de inmediato la propuesta, la Justicia consideró que el solo ofrecimiento configuró el delito de cohecho agravado, dado el rol institucional que ocupaba Velázquez y la sensibilidad de las causas en juego.
El caso salió a la luz en 2017, cuando el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires decidió destituirla. En aquel momento, comenzaron a acumularse testimonios de personal del juzgado que había advertido ausencias reiteradas de la jueza y relató propuestas de adopciones por fuera de los canales formales establecidos por la ley.
Irregularidades en el Juzgado de Familia de Pilar
Una de las empleadas recordó que Velázquez le habló de la necesidad de “conseguir panzas” para agilizar trámites de adopción, expresión que se transformó en un símbolo de la gravedad institucional del caso. De acuerdo con las fuentes judiciales, esa práctica apuntaba a intervenir desde el embarazo, identificando a posibles madres gestantes en contextos de extrema vulnerabilidad económica y social.
Tras su apartamiento, la ex jueza quedó bajo la mira de la Justicia provincial y se libró un pedido de captura internacional. Las investigaciones avanzaron con el apoyo de Interpol, que en julio de 2024 determinó que Velázquez se encontraba en España. Luego de los trámites correspondientes, fue detenida y, el 21 de agosto de 2025, extraditada a la Argentina.
Desde su regreso al país, permaneció detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria en una vivienda ubicada en el partido bonaerense de Tigre. En ese contexto, la defensa de la ex jueza acordó con la fiscalía la realización de un juicio abreviado, instancia en la que Velázquez aceptó los hechos y la calificación legal propuesta.
Condena, inhabilitación y debate sobre el sistema de adopciones
El tribunal de San Isidro fijó una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, lo que implica que Velázquez no irá a la cárcel si cumple con una serie de requisitos y no comete nuevos delitos durante el período establecido. La sentencia también dispuso su inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de seis años, una sanción que busca impedir que vuelva a ocupar funciones de responsabilidad estatal.
El caso reavivó el debate en el ámbito judicial y entre especialistas en infancia sobre los controles en los procesos de adopción y la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia. Organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes insisten en que este tipo de maniobras, cuando involucran a funcionarios judiciales, dañan la confianza en el sistema y afectan directamente a los sectores más vulnerables.
La causa contra Alejandra Claudia Velázquez expone cómo el abuso de poder dentro del sistema judicial puede impactar en decisiones sensibles, como las que definen el futuro de niñas y niños en situación de adoptabilidad.
Aunque la pena no incluye prisión efectiva, el fallo sienta un precedente sobre la responsabilidad penal de quienes, desde cargos públicos, buscan manipular el circuito institucional de adopciones mediante ofrecimientos económicos. La situación de Velázquez también deja planteado el desafío de fortalecer los controles internos en los juzgados de familia y garantizar que los procesos se ajusten estrictamente a la legislación vigente.
