La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el fallo del Tribunal Oral en el Caso Vialidad, que en diciembre de 2022 condenó a la ex mandataria.
Con la confirmación de la Cámara de Casación Penal, la expresidenta de la Nación está condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en el caso de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
En un fallo de más de 1600 páginas, la Sala IV de Casación también confirmó las condenas de 9 de los 13 acusados, entre ellos Báez, José López, Nelson Periotti, y las absoluciones del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y del exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala.
Casación dio a conocer el fallo en una audiencia pública que se hizo en los tribunales de Comodoro Py en la que se leyó la decisión. Los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña confirmaron la sentencia de Cristina Kirchner, mientras que Gustavo Hornos votó por sumarle a la ex mandataria el delito de asociación ilícita como había pedido la Fiscalía.
Una por una, las 9 condenas de los partícipes:
- Cristina Fernández de Kirchner – Expresidenta y actual vicepresidenta, acusada de ser jefa de la supuesta asociación ilícita. Condena seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta.
- Lázaro Báez – Empresario y dueño de Austral Construcciones, favorecido por las licitaciones. Condena: 6 años de prisión
- José López – Exsecretario de Obras Públicas, conocido por intentar ocultar bolsos con dinero en un convento. Condena: 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta.
- Nelson Periotti – Exdirector de Vialidad Nacional, responsable de supervisar las obras. Condena: 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta.
- Raúl Daruich – Exjefe de la Dirección Nacional de Vialidad en Santa Cruz. Condena: 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta.
- Mauricio Collareda – Exfuncionario de Vialidad Nacional, involucrado en la aprobación de licitaciones. Condena: 4 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta.
- Héctor Garro – Colaborador cercano de Báez en Austral Construcciones. Condena: 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta.
- Juan Carlos Villafañe – Exintendente de Río Gallegos y colaborador de Báez. Condena: 5 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta.
- José Raúl Santibáñez – Colaborador en la gestión de obras y contratación en la provincia. Condena: 4 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta.
La causa
La causa “Vialidad” investigó presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Se acusó a la ex presidenta de liderar una asociación ilícita que direccionó contratos de obra pública hacia empresas de Lázaro Báez, empresario cercano a la familia Kirchner, quien se habría beneficiado de sobreprecios y licitaciones manipuladas. Esta causa formó parte de una serie de investigaciones por presunta corrupción durante su administración.
La causa se inició en 2016, cuando Javier Iguacel, entonces director de Vialidad Nacional, presentó una denuncia que dio origen a la investigación. El juicio oral y público comenzó en mayo de 2019 y concluyó en diciembre de 2022, con la condena de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Tras la sentencia inicial en diciembre de 2022, las partes involucradas presentaron apelaciones que fueron revisadas por la Cámara Federal de Casación Penal. Este tribunal, encargado de analizar y resolver sobre las apelaciones en causas penales, llevó a cabo una revisión de los argumentos presentados por la defensa y la fiscalía. Además, se realizaron audiencias y se evaluaron diversos recursos legales, lo que extendió el proceso hasta la fecha actual. Finalizando con la lectura del día de hoy en Comdoro Py que ratificó el fallo.
Sumando el tiempo desde el inicio de la causa “Vialidad” en 2016 hasta la confirmación de la condena en noviembre de 2024, el proceso judicial duró aproximadamente ocho años en total.
Este período incluye la investigación inicial, el juicio oral y público (de 2019 a 2022), el tiempo necesario para las apelaciones y revisiones judiciales en la Cámara Federal de Casación Penal.