El Concejo Municipal de Rosario firmó un convenio con abogados ambientalistas. Pretenden que la institución se constituya como querellante en las causas abiertas que apuntan a determinar responsabilidades por los incendios en las islas del Delta del Paraná. ¿Un ejemplo a seguir para el Concejo Deliberante de San Nicolás, que en julio había aprobado un proyecto de comunicación dirigido al ministro Juan Cabandié?
De la redacción de EL NORTE
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A través de un acercamiento con letrados especializados en temas ambientales, el Concejo Municipal de Rosario busca ser querellante y tener la posibilidad de aportar elementos y pruebas a las causas judiciales abiertas en torno a los incendios ilegales que desde hace años vienen destruyendo el Delta del río Paraná.
Así lo informó este jueves el medio rosarino La Capital. El Concejo firmó un convenio con cuatro abogados ambientalistas para “efectuar acciones judiciales a los fines de denunciar, demandar o querellar a quienes resulten responsables de las constantes y reiteradas quemas que se vienen produciendo en el Alto Delta del río Paraná”, indicaron sobre el convenio, donde se remarca que los incendios “ponen en riesgo la salud, la seguridad pública y la preservación de los humedales y el ambiente”.
Rosario está ubicada en el otro extremo de un área del Delta que tiene su otro límite en San Nicolás, y donde solo este año las llamas arrasaron más de 300.000 hectáreas, según un relevamiento del museo nicoleño de ciencias naturales «Antonio Scasso».
Existen dos causas en la Justicia, en el Juzgado Federal de Victoria del juez Federico Martín y con instrucción a cargo del fiscal Claudio Kishimoto. La Justicia todavía no encontró responsables penales. Para intentar abrir otra línea investigativa, el Concejo Municipal rosarino firmó un convenio con abogados ambientalistas para constituirse como querellante en las causas que están vigentes y poder aportar elementos que contribuyan a las mismas.
Se informó que los abogados elaborarán un informe cada 90 días para que los concejales rosarinos puedan conocer las novedades de las causas en curso o de nuevas presentaciones. Además, tendrán reuniones mensuales la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, y la titular de la comisión de Ecología y Ambiente, Luz Ferradas.
¿En San Nicolás?
Habrá que ver si los concejales nicoleños entienden que lo de sus pares rosarinos resulta un ejemplo a seguir. Por lo pronto, el 28 de julio el Concejo Deliberante de San Nicolás había aprobado un proyecto de comunicación por el que solicitaban al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), informe cuáles son los recursos enviados a la ciudad de San Nicolás para hacer frente a los incendios forestales en su jurisdicción, detallando cantidad de brigadistas y personal de apoyo, aviones hidrantes, camiones autobomba, equipamiento y móviles de apoyo. También pedían información oficial que detalle “qué acciones preventivas y de combate de incendio tienen previstas y cómo coordinan con autoridades provinciales ya que la prevención y el combate inicial de los incendios le corresponde a las provincias, que son las que acuden, en caso de considerarlo necesario, a la ayuda del Ministerio de Ambiente y que informe si utilizan alguna tecnología para el monitoreo y las alertas tempranas a fin de identificar humo y calor”.
El concejal Daniel Luchelli, presidente del bloque de Juntos, había indicado en aquel momento: “Este proyecto de comunicación era para solicitar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación que informe sobre temas referentes a los incendios forestales. Es para saber con qué recursos cuenta la Nación y que aparatología tiene, qué recursos humanos tiene y cuál es la logística del plan”.
Sin detenidos
Actualmente hay en curso dos causas, ambas efectuadas a partir de denuncias de la Municipalidad de Rosario: una que se desarrolló en julio de este año y otra, en 2020.
La primera de ellas se presentó a pocos meses de que se iniciara la seguidilla de incendios que viene devastando el ecosistema desde febrero de 2020.
Durante la segunda mitad de agosto, siete personas fueron detenidas en distintos puntos del Delta del Paraná por iniciar incendios bajo distintos argumentos. Fueron seis apicultores (tres de Villa Constitución y tres oriundos de San Pedro) y un puestero de Victoria.
Hacia fin de agosto, todos fueron excarcelados luego de ser indagados por “incendios y otros estragos dolosos, y delitos contra la seguridad pública”, indicaron fuentes judiciales. Además, les endilgaron delitos culposos relacionados al incumplimiento de una medida cautelar que prohíbe iniciar incendios en las islas, que fuera dictada en 2020.
