“Los docentes tienen que contar con un salario digno. Y en las escuelas, debería haber un clima laboral adecuado. No deberían salir de su casa con miedo o con preocupación por lo que pueda suceder o por lo que puedan encontrarse en la escuela. No deberían estar dispersos en situaciones de infraestructura o de conflictos sociales”, marcó a EL NORTE la secretaria general de ENIA-FEB, Rita Gómez.
De la Redacción de EL NORTE
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La Ctera llevó a cabo ayer un paro en todo el país, tras el receso escolar de invierno, al que adhirieron distintos gremios de todas las provincias. En San Nicolás, según el relevamiento de los sindicatos, la adhesión rondó el 90 por ciento en la gestión pública, que es la mayormente afectada por las medidas de fuerza. Los gremios locales demandaron la resolución de problemáticas a los gobiernos bonaerense y nacional.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina se expresó “ante la grave situación que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores de la educación como consecuencia del ajuste impulsado por el Gobierno nacional”. Sostuvieron que la huelga responde a la negativa del Poder Ejecutivo a concretar la paritaria nacional docente. Piden una convocatoria urgente junto con aumento salarial, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) –componente del salario de los docentes que paga la Nación y representa entre el 10% y el 15%–, una nueva ley de financiamiento educativo y mayor inversión en infraestructura escolar, comedores y becas. Rechazan, además, la reforma jubilatoria y la ley de libertad educativa que presentó el Gobierno.
“Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del Fonid y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación”, señalaron en el comunicado difundido.
No solo por salarios
En diálogo con EL NORTE, la secretaria general de ENIA-FEB, Rita Gómez, aclaró que “la huelga nace como una medida nacional y el Frente de Unidad Docente Bonaerense se une para continuar la visibilización de los problemas existentes en la educación de la provincia de Buenos Aires: la seguridad en la infraestructura de los establecimientos, el resguardo al docente por las situaciones de conflicto y el reclamo ante la situación de IOMA”.
“Esta medida da visibilidad respecto de la situación de los docentes. No es solo la cuestión salarial, sino un conjunto de temas que complejizan el panorama actual. Los docentes tienen que contar con un salario digno. Y en las escuelas, debería haber un clima laboral adecuado. No deberían salir de su casa con miedo o con preocupación por lo que pueda suceder o por lo que puedan encontrarse en la escuela. Su labor es estar frente a los alumnos y poder dictar las clases en las condiciones adecuadas. El acto educativo implica las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Los gremios bregamos por que los docentes estén resguardados y por que sus alumnos puedan aprender lo mejor posible. El docente tiene que poder estar dedicado a la situación de enseñanza, no disperso en otras situaciones de infraestructura o de conflictos sociales que dependen de otras áreas de la gobernación”, amplió.
En tanto, desde Suteba, el secretario general del gremio en San Nicolás, Ramiro González, apuntó reclamos para la gestión de Javier Milei: “Paramos para decirle al Gobierno nacional que las y los docentes exigimos: aumento salarial, restitución del Fonid, convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, defensa de la jubilación docente y rechazo a la Ley de Libertad Educativa. En defensa de la educación pública y de los derechos de las y los trabajadores de la educación. El carácter masivo de la medida deja muestras claras de que la docencia organizada no se deja amedrentar”. En territorio bonaerense también pararon Udocba y Sadop.
Respuesta a controles nacionales
Así, el regreso a clases tras el receso invernal se completó durante la jornada pasada en todo el país, con la vuelta en las últimas cuatro jurisdicciones –la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero– en medio de un paro convocado por la Ctera. El Gobierno nacional respondió con la aplicación de la ley de modernización laboral, que declara esencial a la educación y comenzó a realizar inspecciones por primera vez para garantizar el dictado de clases. Según difundió el Ministerio de Capital Humano, se realizaría una “inspección muestral” en escuelas de todo el país para verificar que los gremios cumplan con la cobertura del 75% por tratarse de un servicio esencial, como se declaró con la reforma laboral. “En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”, había indicado.
En respuesta a los controles anunciados por el organismo, Rita Gómez sostuvo a este medio: “El Gobierno nacional refiere a la educación como servicio esencial, pero aún no se terminaron de aprobar esos artículos de la ley. Además, las provincias deberán homologar”.
Sobre la aplicación de la ley, persiste una disputa. Ctera consiguió una medida cautelar para suspender de forma transitoria la declaración de la educación como servicio esencial. Pero el Gobierno explica que la apelación presentada por el Poder Ejecutivo mantiene vigente ese criterio mientras continúa el proceso judicial.
Vale considerar que el Gobierno nacional no tiene jurisdicción sobre la educación inicial, primaria y secundaria. Desde la década del 90, con la reforma aplicada, los centros educativos fueron transferidos a las provincias.
Los maestros y profesores son empleados de los Estados provinciales. Por este motivo, asimismo, el Gobierno nacional se niega a convocar y a realizar –desde que asumió la actual gestión en 2023– la paritaria nacional para fijar un mínimo de salario para el sector.
En Buenos Aires, el agente encargado de supervisar el funcionamiento de cada establecimiento es el inspector escolar. Hay inspectores en cada distrito y en cada localidad. Dependen de la Dirección General de Escuelas, pero en ese organismo ya habían adelantado que no harían una “vigilancia” para ver el cumplimiento de lo que regula la nueva ley laboral impulsada por Javier Milei. Tampoco actuarían como “custodios” de esa exigencia los agentes del Ministerio de Trabajo de la provincia.
