El oficialismo admite que en 2026 no habrá una baja masiva de impuestos
NewsITe
El Gobierno nacional les adelantó a las principales cámaras empresarias que, al menos durante 2026, no habrá una reforma tributaria profunda ni una reducción generalizada de impuestos, como se esperaba en los primeros meses de la gestión de Javier Milei. La prioridad seguirá siendo sostener el superávit fiscal y cumplir con las metas de equilibrio de las cuentas públicas.
Según trascendió de los contactos mantenidos hacia fines de 2025 entre funcionarios del equipo económico y referentes del sector privado, la Argentina enfrentará otro año con alta presión impositiva en todos los niveles de gobierno: Nación, provincias y municipios. La Casa Rosada admite que el margen fiscal es acotado y que cualquier alivio tributario masivo pondría en riesgo el programa de ajuste.
En este contexto, las rebajas impositivas ya aplicadas —como la reducción parcial del impuesto PAIS, la baja de algunas retenciones al agro y de aranceles a la importación— aparecen como medidas puntuales y difíciles de profundizar. La idea original de una reforma tributaria más agresiva, que simplificara el esquema y redujera la carga sobre la producción y el empleo, quedó postergada.
Lo que sí avanza: cambios laborales y alivios acotados
La principal novedad que el Gobierno mantiene sobre la mesa es el capítulo impositivo dentro del proyecto de reforma laboral que se discute en el Congreso. Allí se prevén recortes selectivos, entre ellos:
- Reducción de impuestos internos para determinados sectores productivos.
- Baja en la alícuota de Ganancias para sociedades.
- Creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), orientado a micro, pequeñas y medianas empresas con proyectos productivos.
- Puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que destinará el 3% de las contribuciones patronales a un fondo individual por empresa para futuras indemnizaciones.
Sin embargo, el dictamen de mayoría en el Senado incorporó una cláusula clave: todas estas rebajas quedarán supeditadas a la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, quien podrá definir su aplicación efectiva según la situación de las cuentas públicas. En el empresariado ya descuentan que será difícil que se activen plenamente estos beneficios.
Empresarios entre la presión fiscal y la caída de la actividad
En la Unión Industrial Argentina (UIA), que preside Martín Rappallini, trabajan en un proyecto para que las cargas patronales puedan tomarse a cuenta de IVA, con el objetivo de aliviar el costo laboral formal. La iniciativa incluye un estudio de impacto fiscal que será presentado a Caputo en las próximas reuniones previstas para comienzos de febrero.
Los industriales advierten que la actividad manufacturera volvió a mostrar retrocesos hacia fines de 2025 y que los altos costos internos afectan la competitividad frente a las importaciones. Ante este escenario, reclaman o bien una baja de impuestos, o al menos medidas que moderen el ingreso de productos del exterior que compiten con la producción local.
Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), su titular Mario Grinman reconoce que durante la administración Milei hubo una reducción gradual de algunos tributos nacionales, pero advierte que las subas de impuestos y tasas en provincias y municipios están neutralizando buena parte de ese alivio. La entidad insiste en coordinar políticas fiscales entre jurisdicciones y en impulsar el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, que permite hacer visible la carga tributaria en el precio final.
El campo y la construcción piden previsibilidad
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, remarcó que uno de los principales reclamos del agro sigue siendo la eliminación de los derechos de exportación, considerados entre los impuestos más distorsivos para la producción. A su vez, subrayó la necesidad de mejorar la infraestructura para abaratar costos logísticos y potenciar la competitividad externa.
En la construcción, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, sostuvo que una reforma laboral “relativamente light” puede ayudar, pero no será suficiente para generar empleo si no se retoma el crecimiento económico. Sobre la cuestión impositiva fue tajante: considera difícil que el Gobierno profundice la baja de impuestos sin poner en riesgo el superávit y recuerda que buena parte de la carga tributaria depende de las provincias, que también deberían ajustar su gasto.
El diagnóstico de los tributaristas: margen fiscal al límite
Especialistas en materia tributaria coinciden en que el espacio para bajar impuestos es muy estrecho. El tributarista Andrés Edelstein recordó que tributos como las retenciones y el impuesto a los créditos y débitos bancarios aportan poco más del 2,5% del PBI, mientras que el resultado primario proyectado en el Presupuesto 2026 ronda el 1,5%. Renunciar a esos recursos sin una compensación clara pondría en jaque el equilibrio fiscal.
Nadin Argañaraz, del Iaraf, apuntó que la sanción de leyes como el Financiamiento Universitario y la Emergencia a la Discapacidad —que implican alrededor de medio punto del PBI adicional de gasto— reduce aún más el margen para avanzar en rebajas tributarias significativas. En este contexto, los analistas prevén para 2026 un escenario de reformas parciales, con foco en la disciplina fiscal antes que en un alivio impositivo de gran escala.
“El margen fiscal es demasiado bajo para aumentar gastos o bajar impuestos de manera significativa”, advirtió Argañaraz, sintetizando el dilema que enfrenta la Casa Rosada.
Con la economía todavía frágil, el Gobierno apuesta a sostener el superávit y a negociar con el Congreso reformas acotadas, mientras los empresarios presionan para que la búsqueda del equilibrio de las cuentas no siga postergando la competitividad y la inversión productiva.
