Comunidades de colegios preuniversitarios presionan por la Ley de Financiamiento Universitario
NewsITe
Comunidad educativa de todo el país lanzará este viernes un petitorio nacional dirigido a la Corte Suprema de Justicia para exigir la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. La iniciativa reúne a familias autoconvocadas, docentes, no docentes y centros de estudiantes de colegios preuniversitarios dependientes de universidades nacionales, que expresan su preocupación por el impacto del ajuste presupuestario en el sistema educativo.
El pedido apunta, además, a que se garantice la recomposición del salario docente y se rechace el recurso presentado por el gobierno de Javier Milei para frenar la normativa aprobada por el Congreso. Según adelantaron los organizadores, el reclamo busca poner en el centro de la agenda pública la defensa de la educación superior pública y el respeto a la división de poderes.
El anuncio formal del petitorio se realizará mediante una conferencia de prensa mixta —presencial y virtual— en la sede nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), ubicada en Avenida Callao 569 (Piso 1, Cuerpo 3), en la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí se detallará el alcance de la campaña y se explicará la estrategia jurídica que acompañará la presentación ante la Corte.
El movimiento refleja un malestar creciente en todos los niveles de las universidades nacionales, que incluye desde jardines maternales y de primera infancia hasta colegios secundarios, hospitales universitarios y centros de investigación. Las comunidades educativas advierten que el congelamiento presupuestario compromete el funcionamiento cotidiano de las instituciones, el pago de salarios y becas, y la continuidad de proyectos académicos y científicos.
Un frente federal y una meta: llegar al millón de firmas
Entre las instituciones que impulsan la iniciativa se encuentran el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, ambos dependientes de la UBA; la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, de la Universidad Nacional de Córdoba; y la comunidad del Jardín y Escuela Graduada Joaquín V. González, de la Universidad Nacional de La Plata, entre otras. La intención es que, en los próximos días, más colegios preuniversitarios de todo el país se sumen al reclamo.
Las organizaciones impulsoras remarcan que el petitorio no se limitará al ámbito preuniversitario, sino que busca convertirse en una “campaña masiva de recolección de firmas a lo largo y ancho del territorio nacional”. Planean instalar mesas en plazas, colegios, facultades y espacios públicos con el objetivo de alcanzar el millón de adhesiones y respaldar, desde la sociedad civil, la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario.
- Defensa de la institucionalidad y de la independencia de poderes.
- Rechazo al congelamiento del presupuesto universitario.
- Recomposición de los salarios docentes y no docentes.
- Garantía de continuidad para colegios, jardines y hospitales universitarios.
“Vamos por un millón de firmas y porque más escuelas dependientes de universidades nacionales se adhieran a esta iniciativa que tiene como único objetivo que se respete la institucionalidad, la independencia de los poderes y se aplique la ley aprobada y ratificada por el Congreso”, señalaron las comunidades organizadoras en un comunicado conjunto.
Las y los referentes del movimiento subrayan, además, que de la decisión final de la Corte Suprema dependerá el futuro inmediato de colegios, jardines de primera infancia, hospitales de clínicas universitarios, investigadores del CONICET y facultades de todo el país. Por eso convocan a sindicatos docentes, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales de las 23 provincias a sumarse a la campaña y a sostener las “mesas callejeras” donde se recolectarán las firmas.
Finalmente, las comunidades convocantes hicieron un llamado especial a los medios de comunicación nacionales y locales para cubrir la conferencia de prensa y difundir los detalles logísticos de la junta de firmas, así como los pasos legales que seguirá el petitorio ante el máximo tribunal. Buscan que el debate sobre el financiamiento universitario se instale de manera duradera en la agenda pública y que se garantice la continuidad de la educación pública en todos sus niveles.
