Según especialistas, se reparten pocos botones antipánico por su escasez, hay leyes que no se cumplen y aún hay comisarios que les dicen a las denunciantes que su agresor “quizás tuvo un mal día”. “Nos preocupa porque vienen aumentando muchísimo las denuncias por violencia, las fiscalías no dan abasto y los recursos son muy limitados. Y para las víctimas el recorrido es muy tortuoso”, sostuvo a EL NORTE Inés Zaidman desde la Multisectorial de Mujeres de San Nicolás.
De la Redacción de EL NORTE
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La ruta por la que debe transitar una mujer en una situación de violencia suele ser larga, afirman las expertas, y también complicada, entre otras cuestiones y en la actualidad, debido al recorte presupuestario nacional en políticas contra la violencia de género.
“Sabemos perfectamente que, por las características del proceso que tiene que enfrentar, la mujer tiene que estar muy bien fortalecida para poder sostenerlo. No hay que pensar que porque la denuncia esté hecha, todo va a terminar. Ahí comienza una etapa larga y burocrática donde la víctima se revictimiza una y otra vez, donde tiene que volver a contar muchas veces lo que vivió. Y en medio de ese proceso, también afecta lo que opina el entorno: si le creen, si no. Entonces el acompañamiento y el fortalecimiento de esa persona es muy importante”, afirmó Ada Rico, presidenta de la Asociación Civil ´La Casa del Encuentro´ y directora del Observatorio de Femicidios en Argentina ´Adriana Marisel Zambrano´en un informe de La Nación (de María Nöllmann) sobre la problemática.
Cada caso de violencia de género es único, recordó, pero hay variables que se repiten una y otra vez, y que se dan a lo largo y ancho de todo el país y en todos los estratos sociales y económicos. El último en tomar especial relevancia es el denunciado por la ex primera dama Fabiola Yañez, quien esta semana acusó al expresidente Alberto Fernández por violencia física y hostigamiento, y presentó ante la Justicia pruebas que incluyen fotografías de lesiones corporales y chats. La presentación la hizo desde España por Zoom ante Julián Ercolini, el juez federal que investiga actividades irregulares en la tramitación de seguros en varias dependencias estatales.
En general, recomienda Rico, si la mujer está en una situación de riesgo, la denuncia la tiene que hacer cuanto antes. Pero si el riesgo no es un factor, lo mejor es que primero se asesore legalmente y busque contención. “Lo mejor es primero trabajar con ella, contarle cómo es el proceso y ver su entorno, si tiene hijos o no, si tiene familia, para ver cuál es la estrategia para que pueda salir de esta situación. Siempre apelamos a que la mujer denuncie, pero en un principio la fortalecemos, le explicamos cómo es el proceso, le damos contención”, sumó.
OVD DE LA CORTE SUPREMA
En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) el proceso que afrontan las mujeres que quieren denunciar un acto de violencia es más simple que en otras provincias, ciudades, e inmensamente más fácil que en algunos pueblos del país, sostiene la especialista. Esto se debe a que allí se encuentra la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia (Lavalle 1250), que, si bien es un organismo nacional, solo tiene jurisdicción en la capital porteña.
“Es una gran puerta de entrada: allí, a las mujeres las recibe un equipo interdisciplinario, las informan, y de ahí se deriva directamente el caso a la Justicia civil o penal. No siempre hay un delito en la situación de violencia doméstica, pero, de todas maneras, es importante buscar protección por parte de la Justicia con una medida cautelar, una orden de no acercamiento, por ejemplo. Pero esto solo es así en CABA”, explicó en la referida nota la abogada Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
OTROS LUGARES
Otras provincias, como Córdoba, Santiago del Estero y Salta, también tienen oficinas judiciales destinadas a la violencia dentro del ámbito familiar o afectivo, afirmó, pero la mayoría no las tiene. En esos casos se les recomienda a las víctimas de violencia que, en lo posible, se asesoren con un abogado antes de accionar legalmente y analicen la forma más conveniente para realizar y seguir su denuncia, cuyo ingreso puede ser, según las opciones disponibles, a través de la comisaría local de la mujer, si es que hay, o de una comisaría local o una fiscalía.
En las comisarías de los pueblos, especialmente los pueblos chicos, el panorama es especialmente complicado, destacan. “Nos llaman para pedir ayuda mujeres de pueblitos que cuando fueron a hacer la denuncia, el que las atendió conocía al agresor y les dijo cosas como ‘Bueno, quizás tuvo un mal día’, o no les creyó. Es importante que la persona que recibe a la mujer esté preparada para atender casos así y tomar las medidas correctas. En el tipo de atención que reciba la mujer se juega su vida, y muchas veces también la de sus hijos”, señaló Rico.
CADA VEZ MENOS RECURSOS
La ley Micaela (N° 27.499, de 2019), que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, actualmente no se está aplicando, sostiene. La ley lleva ese nombre en memoria de Micaela García, una joven entrerriana, de 21 años, cuyos padres habían ido a denunciar al agresor por intento de abuso y amenazas un día antes del crimen, pero no habían podido hacerlo porque la jueza que tenía que recibirlos no se encontraba en su puesto.
Las especialistas referidas destacaron, a su vez, que el patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género se encuentra funcionando de manera limitada, pese a que desde 2015 hay una ley que lo establece. Esto implica un problema, ya que, destacan, la mayoría de las víctimas no tienen el dinero para llevar adelante un proceso judicial, por lo que sucede en reiteradas ocasiones que realizan la denuncia y luego abandonan el proceso.
Es por eso que Rico recomendó llamar al 144, la línea de asesoría para denunciar, y recurrir a una asociación civil como la que ella lidera, donde trabajan especialistas de manera voluntaria brindando asistencia legal y emocional a víctimas de violencia de manera gratuita.
Rico y Gherardi sostuvieron que hoy, ante el recorte presupuestario en los programas de protección de víctimas de violencia de género, sumado a la limitación en el cumplimiento de algunas normas como la ley Micaela y la ley Brisa, la situación de las denunciantes es más complicada.
ESTADÍSTICAS
De acuerdo con las últimas estadísticas publicadas por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, en el primer trimestre del año, recibieron a 4430 personas. De ellas, 2417 realizaron denuncias por violencia doméstica, mientras que 2013 fueron consultas informativas. Así, en promedio, se atendieron a 49 personas por día.
El 71% de las personas afectadas fueron mujeres, y el 43% denunció un vínculo de pareja o expareja con la persona agresora, mientras que un 39% indicó tener un vínculo filial. Del total de personas afectadas de sexo masculino (29%), la mayoría fueron niños y adolescentes de 0 a 17 años (62%). Hubo cinco personas afectadas de géneros no binarios (mujer trans/travesti, varón trans, otros).
Según los estudios y revisiones realizados por el personal interdisciplinario de la Oficina, la violencia de tipo psicológico estuvo presente en el 97% de los casos, mientras que la física apareció en el 44% de los casos y la simbólica en el 42%. El equipo médico de la OVD detectó lesiones en 480 personas, producto de la violencia denunciada.
Los varones denunciados como autores de las agresiones superan en número y proporción a las mujeres en todos los grupos de edad: del total de los 2620 denunciados, 1859 (el 71%) fueron de sexo masculino y 761 (el 29%), femenino. El grupo con más personas denunciadas es el de varones de entre 22 y 49 años (55%). Entre las personas denunciadas, la edad promedio es de 39 años, y el 48% no completó el nivel secundario.
En total, durante el primer trimestre del año, la Justicia nacional en lo civil ordenó, al menos, 8281 medidas preventivas urgentes en los casos derivados por la OVD, entre estas, prohibiciones de acercamiento a la persona denunciante (en el 70% de los casos), prohibición de todo tipo de contacto, incluyendo telefónico y por correo (en el 65% de las veces), otorgamiento de botón antipánico (37%) y cese en los actos de perturbación e intimidación (27%), entre otras. En este período, la OVD gestionó la entrega de 330 botones antipánico.
Según Rico, la falta de botones antipánico se viene evidenciando desde hace años, y es un problema grave en la prevención de la violencia y de los femicidios. “Muchas veces te encontrás con que la mujer hizo la denuncia, tiene una medida cautelar de prohibición de acercamiento porque está en riesgo, pero no le entregaron ningún dispositivo. Eso no puede ser. La medida tiene que ir acompañada de un dispositivo dual: un botón antipánico y una tobillera, y estos tienen que ser monitoreados”, concluyó.
INÉS ZAIDMAN, REFERENTE DE LA MULTISECTORIAL DE MUJERES DE SAN NICOLÁS
“Es muy difícil la situación de la víctima para que en realidad se haga justicia”
EL NORTE consultó sobre la problemática de las denuncias por violencia de género en San Nicolás a la referente de la Multisectorial de Mujeres Inés Zaidman.
“En San Nicolás, una mujer en estado de violencia puede denunciar en cualquiera de las comisarías o directamente en la Fiscalía. En realidad hay muchas complicaciones sobre todo si no es de vínculo directo como un esposo o exesposo, novio. Por ejemplo, a una docente que era amenazada por un padre en la puerta de la escuela, no le quisieron tomar la denuncia en la comisaría, la terminó haciendo en la Fiscalía”, contó.
“Una vez hecha la denuncia, comienza el proceso vinculado a las violencias en la Justicia penal. El recorrido incluye abusos sexuales, violaciones y femicidios. La denuncia toma forma de causa con carátula, se deben buscar testimonios, hacer pericias. Hemos tenido situaciones con golpes, lastimaduras, poco importa a la Justicia. Lo dilatan, lleva un proceso muy largo que desgasta a la víctima y a veces deja de aportar. Desde Acase acompañamos a chicas por violaciones y después de mucho tiempo empiezan a tomar testimonios. Algunos denunciados ni pericias han tenido. El proceso penal puede durar mucho tiempo. Lo máximo que se puede lograr es un pronto perímetro y un pronto botón de pánico, que no son ninguna garantía ni para la víctima, sus hijos o los familiares que la suelen alojar ante la falta de Casa de Abrigo. Los recursos que hay son muy escasos. Los contactos que teníamos antes no están, es limitado, se reduce básicamente al hospital”, marcó.
Zaidman notó: “Nos preocupa porque vienen aumentando muchísimo las denuncias por violencia, las fiscalías no dan abasto. Y para las víctimas el recorrido es muy tortuoso. La ley es muy benévola con el victimario, le da muchas posibilidades. Salvo las organizaciones que nos ocupamos de acompañar a la víctima, no hay ningún recurso. Solo algún informe del hospital si la víctima llega muy lastimada. Es muy difícil la situación de la víctima para que en realidad se haga justicia. No nos olvidemos del caso de Daiana Almeida, que fue terrible. Ni denuncia se podía hacer porque no conocía al victimario. Fue un femicidio de un desconocido. Las leyes se tendrían que haber adecuado para recibir denuncias de una víctima que implica a un desconocido”.
