La investigación parlamentaria que buscó exponer el caso Libra
NewsITe
En abril de 2025, dos meses después del estallido del escándalo por la presunta mega estafa vinculada a la memecoin $Libra, el Congreso creó una comisión investigadora para reconstruir el rol del presidente Javier Milei y de su entorno en la promoción del criptoactivo. El objetivo era echar luz sobre un entramado que combinó tráfico de influencias, lobby empresario y pérdidas millonarias para miles de pequeños inversores.
La operatoria, conocida como “Viva la Libertad Project”, tuvo como punto de inflexión el tuit que Milei publicó en la madrugada del 14 de febrero, cuando presentó a Libra como una herramienta para financiar pymes argentinas. Detrás de ese mensaje, según reconstruyó la comisión, se montó un clásico esquema de pump and dump: se infló el precio del token en pocas horas y, en un momento clave, los inversores iniciales se desprendieron de sus tenencias, provocando el derrumbe del valor y dejando un tendal de damnificados.
Pese a las acusaciones, el Presidente se despegó de la maniobra. Alegó que no conocía “los pormenores del proyecto” y que sólo replicó información pública, aunque nunca logró explicar cómo obtuvo el link del contrato del token, un dato que no circulaba abiertamente. Sobre esa línea defensiva se apoyó el oficialismo para intentar frenar, primero, la conformación de la comisión y, luego, el funcionamiento pleno del cuerpo legislativo.
Bloqueos, citaciones y silencios en el Congreso
El trabajo de la comisión comenzó con meses de parálisis por la imposibilidad de designar autoridades, en medio de un bloqueo sistemático del oficialismo. La situación se destrabó a partir de un nuevo proyecto impulsado por Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien finalmente fue elegido presidente del cuerpo el 28 de agosto. Desde entonces, se aprobó un cronograma de trabajo que incluyó citaciones a funcionarios nacionales, especialistas en finanzas y periodistas que habían seguido de cerca el caso.
Sin embargo, todos los funcionarios del Poder Ejecutivo convocados por la oposición —entre ellos Karina Milei; los ministros Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona; y asesores y colaboradores como Alejandro Melik, Florencia Zicavo, Paulo Starc y Roberto Silva— se negaron a asistir. El único que se presentó fue el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien rechazó de plano las acusaciones y sostuvo que no hubo “coordinación, intervención o participación” del Estado con el proyecto Libra.
A la reticencia del Gobierno se sumó la negativa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a permitir que los diputados accedieran al expediente judicial o que los funcionarios fueran llevados a declarar bajo la fuerza pública. Para los legisladores, esa decisión terminó de opacar el alcance de la investigación parlamentaria.
El entramado cripto, lobbystas y la responsabilidad política
Las conclusiones de la comisión apuntaron no sólo a Milei, sino también a su hermana Karina, señalada como quien coordinó y autorizó el ingreso de empresarios cripto a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos para reunirse con el Presidente. En el centro del esquema aparecen además los lobbystas locales Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes habrían cobrado fondos desde exchanges controlados por los desarrolladores de la criptomoneda.
Uno de los nombres que más se repitió en la investigación fue el de Hayden Davis, señalado como operador clave en la transferencia de cientos de miles de dólares en fechas que coinciden con reuniones de Novelli en la Casa Rosada y en Olivos, previo a retiros masivos de efectivo en una sucursal bancaria. El testimonio del empresario damnificado y querellante Martín Romeo y el del programador Maximiliano Flirtman reforzaron la hipótesis de que el tuit presidencial estuvo planificado para disparar la suba artificial del token.
También brindaron su visión periodistas como Alejandro Bercovich e Irina Hauser; el abogado especialista en finanzas Nicolás Pechersky; el ingeniero en sistemas Fernando Molina y el tecnólogo Santiago Siri. Sus aportes permitieron reconstruir el contexto de un mercado cripto desregulado, con alta volatilidad y poca protección para el inversor minorista.
Un informe contundente con impacto político limitado
El 18 de noviembre del año pasado, y luego de una decena de reuniones, la comisión presentó su informe final: 204 páginas divididas en diez cuerpos, con actas, testimonios, documentos de exchanges, registros de transferencias y dictámenes técnicos. Para entonces, La Libertad Avanza ya había logrado un triunfo holgado en las elecciones de medio término y el oficialismo había recuperado la iniciativa en la agenda pública, lo que terminó por diluir el efecto político del documento.
Aun así, el texto fue taxativo: sostuvo que la promoción que Milei hizo de un “negocio privado” desde su cuenta oficial fue condición necesaria para que se concretara la estafa a miles de inversores. Los diputados advirtieron que las afirmaciones del Presidente sobre su desconocimiento del proyecto “carecen de sustento fáctico” y enmarcaron su accionar como una posible violación a la Ley de Ética en la Función Pública.
“Sin la promoción realizada por Milei en su cuenta oficial, el proyecto $LIBRA no habría alcanzado el volumen de compras registrado”, concluyeron los legisladores, quienes reclamaron al Congreso evaluar si el mandatario incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
El informe también involucró a Karina Milei y a otros altos funcionarios por haber evitado las citaciones de la comisión, lo que —según el texto— habría entorpecido las facultades investigativas del Parlamento. Para la oposición, el caso Libra se convirtió así en un caso testigo sobre los límites entre lo público y lo privado cuando un Presidente avala, desde sus redes oficiales, un instrumento financiero altamente riesgoso.
