La creación de un cuerpo especial para determinar la “habilidad o inhabilidad moral” de Maximiliano Cabaleyro para continuar en posesión plena de su cargo de concejal, es un asunto que oficialismo y oposición comenzarán a debatir este martes. Si el proyecto se aprueba en el recinto, además de crearse una Comisión Investigadora también podría producirse la “suspensión” del concejal que se encuentra detenido desde hace ya 50 días.
De la redacción de EL NORTE
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La continuidad o no de Maximiliano Cabaleyro en su cargo del Concejo Deliberante fue tema central esta semana. Se trata del concejal del Frente de Todos que también es secretario general de la Seccional San Nicolás del Sindicato de Camioneros y que desde el 8 de abril pasado se encuentra detenido, en el marco de una causa penal que lo tiene como imputado por la supuesta comisión de los delitos de extorsión y coacción contra la empresa Rey Distribución SRL de San Pedro. En el deliberativo local, que sesionó este jueves, hubo dos novedades. La primera: Cabaleyro pidió licencia al cargo de concejal y su banca ya fue ocupada por su reemplazante, Fabián Sosa. La segunda: el bloque de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de decreto para la creación de una Comisión Investigadora que determine la “habilidad o inhabilidad moral” de Cabaleyro para continuar en el cargo (asunto que más allá de la licencia del camionero, seguirá su curso).
En su propuesta los concejales del oficialismo apuntaron que, dada su situación procesal, “Cabaleyro ha incurrido en inasistencias consecutivas a las reuniones de comisiones y sesiones del Cuerpo durante todo el mes de abril y mayo del corriente”. Desde su detención, 50 días atrás, el concejal camionero estuvo ausente en cinco sesiones ordinarias (la última, ya correspondiente a su período de licencia) y también en las ocho reuniones de cada una de las tres comisiones que integra: Obras y Servicios Públicos; Presupuesto y Hacienda, y Salud, Minoridad y Acción Social.
En el texto de su iniciativa, los concejales de Juntos también aseveran que “los hechos acaecidos constituyen cuanto menos una inhabilidad moral manifiesta para desempeñar el cargo de Concejal”. En tal sentido, señalan como una “obligan legal y moral” del Concejo Deliberante la alternativa de “investigar el hecho”.
Aspectos reglamentarios
Es ese contexto que los miembros del bloque de Juntos por el Cambio proponen recurrir a una figura prevista en el Reglamento de Funcionamiento Interno del Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás. «Para aquellos asuntos que el Concejo estime conveniente o que no estuvieran previstos en la Ley Orgánica, podrá nombrar o autorizar al Presidente para que nombre Comisiones Especiales de Investigación, que dictaminen sobre ellos», establece el artículo 48 del reglamento institucional.
La Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM, una normativa bonaerense) también prevé en su artículo 249 el mecanismo de las comisiones investigadoras. Es, en principio, para juzgar conductas o habilidades de los intendentes. No obstante, el artículo 255 –referido ahora sí a los concejales– remite al 249.
«En el caso de que un concejal incurriera en los supuestos comprendidos en el artículo 249, se procederá en idéntica forma y procedimiento establecidos para el Intendente», prescribe el artículo 255 de la LOM.
Los ‘supuestos contenidos en el artículo 249’ invocados en el 255, son: «Negligencias reiteradas que califiquen de grave la conducta en el ejercicio de sus funciones lesivas al interés patrimonial del municipio», o «incapacidad física o mental sobreviniente».
Para el caso particular de Cabaleyro, la propuesta de Juntos por el Cambio está centrada en el primero de esos supuestos.
La comisión
La LOM establece que una Comisión Investigadora deberá estar integrada por concejales con la aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros. En lo numérico, el cuerpo especial deberá constituirse con no menos de una cuarta parte de los mismos (20 en el caso de San Nicolás) y representación de todos los bloques reconocidos.
En cuanto a facultades y funciones, la Ley Orgánica indica: «[La Comisión Investigadora] tendrá como objeto reunir los antecedentes y elementos de prueba necesarios para la valoración de los hechos, que deberán ser precisamente definidos. Para ello tendrá un plazo de treinta (30) días».
El proyecto de decreto que desde este próximo martes será materia de análisis en el seno de la comisión de Legislación General propone la creación, en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás, de la «Comisión Investigadora de la conducta del concejal Maximiliano Cabaleyro».
De acuerdo con la propuesta del oficialismo, el cuerpo investigador estará constituido por un total de siete miembros: cuatro en representación del bloque mayoritario (Juntos por el Cambio) y tres en representación de los bloques minoritarios (Frente de Todos y Primero San Nicolás).
En otro artículo del proyecto, los oficialistas remarcaron que «queda expresamente excluida del objeto de la Comisión, toda incumbencia relativa a las responsabilidades penales y civiles derivadas de la causa».
¿Suspensión?
El artículo sexto del proyecto busca preestablecer que luego de desarrollado su trabajo de acopio de información, «la Comisión Investigadora expresará las conclusiones a que arribe mediante la confección de un dictamen o despacho, que contendrá las conclusiones a que arribe y las recomendaciones que considere pertinentes, las que someterá en forma de Proyecto de Decreto y se pondrá a consideración del Honorable Cuerpo a los efectos de que este se expida sobre las mismas».
El artículo 7 no es de menor importancia. Dice así: «Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, suspéndase del cargo de concejal titular, a partir de la sanción del presente, al edil Maximiliano Cabaleyro hasta que éste informe la resolución de su situación procesal».
Es decir, si se aprueba la creación de la Comisión Investigadora (algo que, en principio, no podría ocurrir antes del 8 de junio: fecha para la próxima sesión ordinaria del Concejo) esa aprobación supondrá la suspensión automática de Cabaleyro en su cargo de concejal.
Y todavía más. El municipio estaría en condiciones de exigir la retribución de la dieta que el concejal cobró, correspondiente al período de su inactividad en el deliberativo. «Genérese un cargo deudor por los haberes percibidos y/o a percibirse por el concejal Cabaleyro en concepto de la dieta correspondiente a los meses de abril y mayo del corriente, debido a su inasistencia», propone el artículo 9 del proyecto.
La propuesta tomó estado parlamentario este jueves y ahora permanecerá durante al menos dos semanas en estudio, en la órbita de la comisión de Legislación General que preside la concejala oficialista Laureana de Felipe. La comisión iniciará el análisis del proyecto el próximo martes, 31 de mayo, a partir de las 9:30. Integran el equipo de trabajo, además de De Felipe, los oficialistas Matías Grams, Daniel Luchelli y Agustín Barba; y los opositores Cecilia Comerio, José Antonio Corral y Bibiana Giglio.
Dos comisiones investigadoras
Los antecedentes más recientes de la creación y funcionamiento de comisiones investigadoras en el Concejo Deliberante de San Nicolás se remontan a los años 2006 y 2005. En mayo de 2006 se creó una con el objeto de indagar y determinar las responsabilidades políticas que le cabían al Departamento Ejecutivo Municipal –entonces comandado por Marcelo Carignani– en el incendio del Hotel El Acuerdo, tragedia que el 14 de enero de aquel año había costado cuatro vidas. Un año antes, otra comisión investigadora había sido constituida con el objeto de evaluar responsabilidades políticas en torno a una denuncia presentada al propio Concejo por el entonces líder del Movimiento de Desocupados Nicoleños, Juan Vera. Era por amenazas y por el desmantelamiento de una playa de camiones que esa organización venía explotando. El apuntado, en aquel caso, era un concejal: Luis Herrera, del bloque del Partido Justicialista. Tanto en uno como en otro caso, la labor de sendas comisiones investigadoras no derivó en la destitución de los funcionarios apuntados.
