César Butara fue asesinado durante un hurto perpetrado por una banda integrada por cinco hombres oriundos de San Pedro, quienes irrumpieron en la vivienda familiar con fines de robo. Durante el violento episodio, el abogado recibió heridas que le provocaron la muerte, mientras que el resto de la familia también fue víctima del asalto.
Los próximos 1 y 2 de julio se desarrollará el juicio por jurados por el crimen de César Butara, el abogado y comerciante de Ramallo asesinado durante un violento asalto a su vivienda en febrero de 2024. En esta nueva instancia judicial serán juzgados Walter Díaz, Miguel Ángel Pereyra Retamal y Ramiro Cáceres, los tres imputados que optaron por ser sometidos al sistema de jurados populares. La familia de la víctima, a través de su representación legal, solicitará que sean condenados a prisión perpetua.
El debate oral tendrá lugar en el Departamento Judicial San Nicolás y estará a cargo de un jurado integrado por ciudadanos, quienes deberán determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados luego de escuchar las pruebas y los testimonios presentados durante las audiencias.
La acusación será sostenida por los fiscales Verónica Marcantonio, Gregorio Baldarenas, Marta Irazola y Matías Domínguez. En tanto, Walter Díaz y Miguel Ángel Pereyra Retamal serán defendidos por la abogada Cecilia Berterame, mientras que la defensa de Ramiro Cáceres estará a cargo del abogado Joaquín Castro.
El juicio representa una nueva etapa en una causa que conmocionó a toda la comunidad de Ramallo. César Butara fue asesinado durante un robo perpetrado por una banda integrada por cinco hombres oriundos de San Pedro, quienes irrumpieron en la vivienda familiar con fines de robo. Durante el violento episodio, el abogado recibió heridas que le provocaron la muerte, mientras que el resto de la familia también fue víctima del asalto.
Este nuevo proceso llega pocos meses después de la primera sentencia dictada en la causa. En febrero de este año, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de San Nicolás condenó a José Antonio Pereyra Retamal y Facundo Gómez a 20 años de prisión tras encontrarlos responsables de su participación en el hecho. Ambos habían elegido ser juzgados mediante un juicio técnico, mientras que Díaz, Miguel Ángel Pereyra Retamal y Cáceres solicitaron ser juzgados por un jurado popular, posibilidad contemplada por la legislación bonaerense para delitos cuya pena máxima es la prisión perpetua.
Esta semana, familiares, amigos y vecinos renovaron públicamente el pedido de justicia de cara al inicio del debate oral. A más de dos años del crimen, volvieron a manifestar su expectativa de que el proceso permita esclarecer definitivamente las responsabilidades y que los tres imputados reciban la máxima pena prevista por la ley.
La expectativa en Ramallo es alta. El veredicto que emita el jurado popular será determinante para el futuro judicial de los tres acusados y marcará un nuevo capítulo en una de las causas penales de mayor impacto que atravesó la comunidad en los últimos años.
