Villa Lugano: un femicidio que vuelve a exponerse ante la Justicia
En la Ciudad de Buenos Aires comenzó el debate oral por el femicidio de Mariel Jiménez, la joven asesinada en mayo de 2024 en el barrio porteño de Villa Lugano. En el banquillo está Cristian Gabriel García, su pareja, acusado de un homicidio doblemente agravado en contexto de violencia de género, figura que en el Código Penal se encuadra como femicidio.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°25, integrado por los jueces Hugo Navarro, Marcelo Bartomeu Romero y Gustavo Alterini, es el encargado de juzgar a García. La acusación sostiene que el imputado violó reiteradamente medidas de restricción y desobedeció órdenes judiciales que buscaban proteger a la víctima, en un cuadro de violencia sistemática que se prolongó durante al menos tres años.
De acuerdo con la investigación fiscal, la relación entre Mariel y García comenzó en 2020 y estuvo marcada por episodios de maltrato físico, psicológico y sexual. Entre 2021 y 2023, la joven radicó varias denuncias en su contra por abusos sexuales, amenazas coactivas y agresiones. Esas presentaciones quedaron registradas en expedientes judiciales y forman parte del contexto que la fiscalía busca demostrar como antesala del crimen.
Según la hipótesis acusatoria, el 24 de mayo de 2024, entre las 6.15 y las 8.15, García habría asfixiado a la joven dentro de la vivienda ubicada sobre la calle Nicolás Dezcalzi al 5500. Antes, la habría atado de manos y pies para inmovilizarla. Los investigadores describen un ataque brutal, en el que el acusado habría presionado la cara de Mariel contra el colchón para impedirle gritar y defenderse.
El cuerpo sin vida de la víctima fue luego trasladado envuelto en una frazada por García y uno de sus hermanos hasta el Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) N°3, donde lo abandonaron y se retiraron. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara del Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad. Una médica del centro asistencial constató que Mariel ya había fallecido y advirtió signos de violencia, por lo que dio inmediato aviso al 911.
En la primera audiencia del juicio declararon dos hermanos de la joven, que se constituyeron como querellantes. Uno de ellos contó que había acompañado a Mariel a radicar denuncias por violencia; el otro relató que la había visto con quemaduras, hematomas y distintas lesiones compatibles con agresiones previas. Ambos hicieron hincapié en el miedo que la víctima manifestaba frente al imputado.
“Tenía miedo de que la golpeara, la matara o que lastimara a alguien de nuestra familia”, afirmó uno de los hermanos, que también describió a García como un hombre muy celoso que habría amenazado de muerte a Mariel con un arma de fuego.
Luego fue el turno de tres efectivos de la comisaría con jurisdicción en la zona. Uno de ellos relató que, al llegar al CeSAC, se entrevistó con la madre del acusado, quien le indicó que su hijo había estado con la joven esa misma noche. El policía detalló que, a partir de esas primeras averiguaciones, se solicitó la revisión de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano para identificar quién había dejado el cuerpo en el lugar.
Otro de los oficiales declaró que, durante el traslado a la comisaría, García reconoció la mecánica del hecho y le dijo que “se había mandado una cagada”. Según ese testimonio, el imputado habría explicado que la discusión se originó porque Mariel se negó a entregarle su teléfono celular. En ese contexto, la habría arrojado sobre la cama, la ató y la mantuvo boca abajo, presionando su rostro contra el colchón hasta provocarle la muerte.
Lo que viene en el juicio y el debate sobre la violencia de género
El juicio continuará el próximo 28 de mayo, jornada en la que se espera la declaración de peritos, médicos y otros profesionales que participaron en la autopsia y en las pericias complementarias. Sus testimonios serán clave para determinar la mecánica exacta de la muerte, el tiempo transcurrido entre la agresión y el fallecimiento, y la compatibilidad de las lesiones con el relato de la acusación.
El caso se suma a la larga lista de femicidios registrados en la Argentina en los últimos años y vuelve a poner bajo la lupa la eficacia de las medidas de protección para víctimas de violencia de género. Las denuncias previas y las restricciones incumplidas serán un punto central en el debate, ante el interrogante de hasta dónde el sistema pudo –o no– haber evitado este desenlace.
- Acusación por homicidio doblemente agravado, en contexto de violencia de género.
- Denuncias previas por abusos sexuales, amenazas y agresiones físicas.
- Registro de cámaras que documentan el abandono del cuerpo en el CeSAC N°3.
- Familiares constituidos como querellantes para impulsar la causa.
La sentencia del Tribunal Oral N°25 será determinante no solo para establecer la responsabilidad penal de Cristian García, sino también para volver a interpelar las políticas públicas de prevención y acompañamiento a víctimas de violencia de género, un reclamo que organizaciones sociales y feministas sostienen desde hace años en todo el país.
