El TOF 5 abrió el histórico debate oral por presunto desvío de fondos
NewsITe
Tras una extensa investigación que se prolongó durante 15 años, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 dio inicio al juicio oral por la causa “Sueños Compartidos”, en la que se analiza el presunto desvío de más de 200 millones de pesos de fondos públicos originalmente destinados a la construcción de viviendas sociales en distintos puntos del país.
En el banquillo de los acusados se encuentran los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender; el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; y el exsecretario de Obras Públicas, José López, señalados como responsables de un supuesto esquema de “fraude a la administración pública” vinculado al programa habitacional impulsado durante los gobiernos kirchneristas.
La audiencia de apertura estuvo encabezada por los jueces Adriana Palliotti, Horacio Obligado y Adrián Grünberg, quienes escucharon la lectura de las acusaciones y los requerimientos de elevación a juicio formulados tanto por la fiscalía como por la querella, representada por la Unidad de Información Financiera (UIF). Según consignó la agencia Noticias Argentinas, se trata de uno de los debates más extensos y complejos en materia de corrupción de la última década.
De acuerdo con la acusación, De Vido y López, junto con el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, habrían intervenido como coautores en la maniobra investigada, mientras que los hermanos Schoklender están imputados como “partícipes necesarios”. A su vez, los empresarios y financistas Daniel y Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin figuran como “partícipes secundarios” en el presunto circuito de desvío de fondos.
En esta primera instancia del debate, varios de los imputados optaron por no declarar. De Vido, en cambio, rechazó “total y categóricamente” las acusaciones en su contra y se remitió a la indagatoria brindada durante la etapa de instrucción, en la que ya había negado la existencia de un direccionamiento irregular de los recursos.
Irregularidades bajo la lupa y un extenso desfile de testigos
La fiscalía solicitó la citación de 92 testigos, entre exfuncionarios, técnicos, representantes de municipios y provincias, así como especialistas vinculados a la ejecución de obras públicas. Para los acusadores, las adjudicaciones de los proyectos de viviendas se habrían concretado “sin licitación previa” y con un mecanismo que concentró el financiamiento en el Ministerio de Planificación, dejando en manos de las jurisdicciones locales un rol marginal de control.
- Falta de licitación pública en la adjudicación de obras, según la acusación fiscal.
- Financiamiento centralizado desde el Ministerio de Planificación Federal.
- Municipios y provincias con tareas de “fiscalización técnica secundaria”.
- Deficiencias en controles, inspecciones y monitoreo de los avances de obra.
Entre las principales irregularidades señaladas se mencionan la ausencia de controles efectivos por parte de las unidades ejecutoras nacionales y locales, inspecciones insuficientes en los barrios proyectados y una falta de monitoreo sistemático de la planificación, los plazos y el estado real de las viviendas que debían construirse en el marco de “Sueños Compartidos”.
La causa “Sueños Compartidos” se convirtió en un caso emblemático sobre el uso de fondos destinados a políticas sociales y volverá a poner bajo examen la relación entre el Estado, las organizaciones sociales y el control de la obra pública.
El juicio se prevé extenso, con jornadas periódicas en los tribunales de Comodoro Py. A medida que avancen las declaraciones y se produzca la prueba, el debate permitirá reconstruir cómo se diseñó, financió y ejecutó el programa habitacional, y si existió o no una desviación sistemática de recursos que debían traducirse en viviendas para los sectores más vulnerables.
