De la Espriella lanza plan integral contra el delito
NewsITe
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció en Barranquilla una profunda reconfiguración de la política de seguridad interna, en la que la deportación de migrantes en situación irregular aparece como uno de los ejes centrales. El mandatario presentó un paquete de medidas que combina acciones migratorias más estrictas con un enfoque de mano dura frente al crimen organizado.
De la Espriella informó que dio una instrucción “clara” a Migración Colombia para que inicie operativos coordinados destinados a ubicar a “inmigrantes ilegales”. Según precisó, la prioridad serán los extranjeros involucrados en delitos y, en segundo término, quienes no hayan regularizado su estatus en el país. La consigna oficial es que, una vez localizados, “en el término de la distancia tendrán que ser deportados”.
En paralelo, el presidente confirmó que su Gobierno pasará a tratar a los grupos armados ilegales como organizaciones terroristas, con el objetivo —dijo— de eliminar matices legales que, a su juicio, han limitado la respuesta del Estado. “Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado”, afirmó, al cuestionar a quienes “han intentado proteger a esos bandidos” con categorizaciones jurídicas que dificultan el uso de la fuerza legítima.
Bloque de búsqueda y nuevas herramientas contra la extorsión
Entre las medidas anunciadas se destaca la creación inmediata del Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, un cuerpo integrado por el Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea, que trabajará de manera articulada con la Fiscalía y el Poder Judicial. Este bloque tendrá como misión desarticular redes dedicadas al cobro de extorsiones, uno de los delitos que más preocupa a las autoridades colombianas.
El plan contempla además la reactivación del sistema de recompensas para quienes aporten datos clave, la realización de operativos de redadas en distintos puntos del país, la puesta en marcha de redes de cooperantes y traslados carcelarios urgentes para evitar que las prisiones sigan funcionando como centros de comando de actividades delictivas.
Control financiero y justicia especializada
De la Espriella también anunció la formación de cuerpos de élite de fiscales y jueces especializados en criminalidad compleja para cada ciudad principal, con el fin de acelerar las investigaciones y sentencias vinculadas al crimen organizado. Como complemento, se reactivará la Unidad de Información y Análisis Financiero, que tendrá acceso a datos bancarios correspondientes a los últimos cuatro años, con la meta de seguir la ruta del dinero de las organizaciones ilegales.
El mandatario sostuvo que la Fuerza Pública deberá actuar de manera unificada dentro de esta nueva estrategia y marcó diferencias con la política aplicada durante la gestión de Gustavo Petro (2022-2026), a la que señaló por una menor coordinación y por objetivos, según dijo, menos claros frente a las estructuras criminales.
Debate por derechos humanos y política migratoria
Las definiciones de De la Espriella abren un escenario de intenso debate tanto dentro como fuera de Colombia. Organizaciones de derechos humanos y especialistas en migración advierten que las deportaciones masivas podrían derivar en vulneraciones de garantías básicas, especialmente en casos de personas que huyen de contextos de violencia o pobreza extrema en sus países de origen.
Analistas también anticipan que la nueva línea de acción será observada con atención por gobiernos de la región y organismos internacionales, que siguen de cerca el tratamiento que los países sudamericanos dan a los flujos migratorios y a las políticas de seguridad. La implementación concreta de estas medidas y los controles sobre su legalidad serán claves para definir el alcance real del plan y su impacto en la vida cotidiana de migrantes y ciudadanos colombianos.
“En el término de la distancia tendrán que ser deportados”, advirtió De la Espriella al definir su nueva política migratoria ligada a la seguridad interna.
