Histórica desmovilización de disidentes en Putumayo
NewsITe
Al menos 99 integrantes de la disidencia de las extintas FARC, agrupados bajo la denominación “Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”, comenzaron en las últimas horas un proceso de dejación de armas en el departamento colombiano de Putumayo. El paso marca un nuevo hito en la política de paz del Gobierno de Colombia y se produce en la antesala de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
La entrega se lleva adelante en el municipio de Valle de Guamuez, donde fue instalada una zona de ubicación temporal (ZUT) destinada a albergar a los excombatientes. El procedimiento es supervisado por el mecanismo de verificación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que monitorea el cumplimiento de lo acordado entre el Estado colombiano y esta facción disidente.
Según información consignada por la agencia Xinhua y a la que accedió Noticias Argentinas, el proceso se desarrolla a días de que unos 41,2 millones de colombianos estén habilitados para votar en el balotaje presidencial, en el que se enfrentarán Abelardo de la Espirella e Iván Cepeda para definir quién gobernará el período 2026-2030.
Custodia estatal y garantías de seguridad
Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno colombiano, precisó que los exintegrantes del grupo armado permanecerán en un área apartada del casco urbano, bajo custodia del Ejército y de la Policía. Las fuerzas de seguridad suspendieron sus operaciones en la zona hasta el 19 de junio, con el objetivo de facilitar el ingreso ordenado a la ZUT y garantizar condiciones de seguridad.
“A partir de hoy quedan bajo la protección del Estado. No del actor armado. De las fuerzas públicas de la República. Y nosotros pensamos que la fuerza pública va a adoptar un compromiso inmediato para cumplir con esa responsabilidad”, afirmó el funcionario, al remarcar el cambio de estatus de quienes hasta ahora actuaban como combatientes ilegales.
Novoa indicó además que la Fiscalía General de la Nación deberá revisar caso por caso la situación judicial de cada desmovilizado. Una vez vencido el plazo del 19 de junio, las operaciones militares contra los grupos armados que continúan delinquiendo en la región de Putumayo y otras zonas del sur del país serán reanudadas.
Gestos de paz y desafíos pendientes
En el marco de este proceso, el negociador destacó que la disidencia involucrada ha mostrado señales concretas de voluntad de paz. Entre ellas mencionó la destrucción de unas 15 toneladas de explosivos, la participación en programas de erradicación de cultivos ilícitos y compromisos para reducir hechos de violencia en los departamentos de Nariño y Putumayo durante 2024 y 2025.
“Damos un primer paso, le mostramos al país que sí se puede, que hay gente aquí que decidió dejar las armas para abrazar la idea de la esperanza en el territorio y que este Gobierno está dispuesto a acompañar este esfuerzo y ese esfuerzo se ha materializado en el día de hoy”, subrayó Novoa, aunque advirtió que persisten grandes desafíos para consolidar la seguridad y la presencia estatal en estas regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado.
En paralelo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —tribunal creado a partir del Acuerdo de Paz de La Habana— anunció la imputación de cinco exjefes de la antigua guerrilla de las FARC por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos entre 1996 y 2007 contra comunidades indígenas y afrocolombianas. El avance judicial busca sentar responsabilidades y ofrecer verdad y reparación a las víctimas.
La desmovilización de estos 99 integrantes de la disidencia se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno colombiano para desactivar a los grupos armados remanentes, combinar incentivos de reintegración con la acción de la justicia y reducir la violencia en zonas clave del país.
El desarrollo de este proceso será clave para medir el alcance real de los acuerdos con las disidencias y su impacto en la vida cotidiana de las comunidades del sur de Colombia, a la vez que quedará atravesado por el resultado de los comicios presidenciales y la orientación que adopte el próximo gobierno en materia de paz y seguridad.
