El fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo por la expropiación de YPF, presentó un escrito en la Corte de Apelaciones de Nueva York en el que insiste en cobrar lo que considera legítimo, aunque se muestra dispuesto a negociar garantías. Mientras el Gobierno argentino descarta toda posibilidad de acuerdo, el conflicto sigue abierto en los tribunales y en los mercados.
El viernes pasado, Burford Capital presentó un escrito en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. En ese documento, el bufete inglés explicó por qué el fallo contra Argentina no debe demorarse. Hace 15 días, la jueza Loretta Preska ordenó al país entregar el 51% de las acciones que posee en YPF. El litigio sigue generando tensión entre los intereses financieros internacionales y la soberanía argentina.
Burford es un fondo que cotiza en Londres y Nueva York, y se especializa en litigios de alto impacto. Compró los derechos para litigar en esta causa a accionistas minoritarios de YPF. Es el principal beneficiario del fallo de USD 16.000 millones contra Argentina. Aunque muchos lo califican como “fondo buitre”, su perfil es más técnico: financia juicios millonarios y busca rentabilidad.
En esta instancia, Argentina pidió suspender la ejecución del fallo mientras resuelve la apelación. Preska aceptó hacerlo solo si el país ofrecía garantías, pero eso no sucedió. Por eso, la jueza levantó la suspensión y el proceso sigue. Ahora, se discute si Argentina debe transferir las acciones a Burford.
En el escrito presentado, Burford dejó claro que su objetivo es cobrar, no dirigir una petrolera. Señaló que podría aceptar otras garantías, pero que Argentina no demostró que entregar las acciones causaría un daño irreparable. También argumentó que un freno a la transferencia los perjudicaría. La estrategia busca mantener presión sin cerrar caminos.
El CEO de Burford, Christopher Bogart, dijo en abril que el caso YPF es el mayor del portafolio de la firma. Lo definió como una “fuente potencial de flujo de caja sólido y rentabilidad”. Ante inversores, estimó un valor razonable de los activos vinculados en USD 1.500 millones. Además, informó que ya obtuvieron ventas secundarias por USD 236 millones.
Burford compró los derechos para litigar por apenas 15 millones de dólares. Solo con una parte ya recuperó más de 1.400% de esa inversión. Siguen siendo los principales beneficiarios del fallo original. La empresa insiste en que Argentina no puede apelar sin poner algo en garantía.
Citaron dos veces a Javier Milei en su presentación. Una fue antes de la primera vuelta electoral, cuando afirmó que “la deuda debe pagarse, incluso la de YPF”. La otra fue en diciembre de 2023, cuando ya presidente, reconoció que “no hay 16.000 millones de dólares, pero hay voluntad de pagar”. En Londres tomaron nota.
Desde el Gobierno aseguran que no habrá negociación alguna con Burford. “Vamos a agotar todas las instancias judiciales”, dijeron fuentes oficiales a este medio. El portavoz Manuel Adorni lo reafirmó: “Argentina no negociará con los demandantes”. También negó cualquier acuerdo paralelo o conversación secreta.
La causa atravesó cuatro gobiernos: Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei. Ninguno negoció con Burford, aunque hubo contactos oficiales. En diciembre de 2023, funcionarios de la Procuración del Tesoro se reunieron con Jon Molot, fundador del bufete. Fue la única reunión registrada.
Gerardo Mato, ex banquero de Wall Street, también apareció en escena. En octubre visitó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en un encuentro catalogado como “de cortesía”. Mato fue contratado por Burford para tender puentes con el poder político local. Su tarea: allanar caminos hacia una eventual negociación.
Por ahora, la estrategia oficial es no ceder. En paralelo, Burford deja la puerta abierta a negociar, pero exige garantías. Aunque no quieren dirigir YPF, tampoco confían en que Argentina cumplirá sin presiones. El caso sigue escalando en los tribunales, pero también en la política y las finanzas internacionales.
*Con información de Sebastián Catalano, Infobae
