Allanan plantas clandestinas de envasado de agua en Canning

NewsITe
Tres domicilios de la localidad bonaerense de Canning, que funcionaban como plantas clandestinas de envasado de agua presuntamente potable, fueron allanados y clausurados por la Policía Federal Argentina (PFA) tras una investigación iniciada por denuncias de vecinos. En los procedimientos se constató no solo la actividad ilegal, sino también el vertido de sustancias químicas a la vía pública, lo que representaba un serio riesgo para la salud y el ambiente.
Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Ezeiza, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación. Las medidas se realizaron por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Antonio Armella, luego de que residentes de la zona denunciaran movimientos irregulares y olores fuertes vinculados a presuntas plantas de tratamiento y embotellado de agua.
De acuerdo con el parte policial al que tuvo acceso Noticias Argentinas, viviendas particulares habían sido adaptadas como verdaderas fábricas para el tratado y envasado de agua, sin controles sanitarios ni habilitaciones correspondientes. La producción se destinaba principalmente a los partidos de Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría, donde los bidones eran comercializados como agua potable, pese a la ausencia de garantías bromatológicas.
En varias denuncias se advirtió que las supuestas envasadoras arrojaban restos de productos químicos y efluentes directamente a la calle y desagües pluviales, generando potencial contaminación ambiental y afectando la calidad de vida de los vecinos. Esta situación motivó la intervención del Departamento Delitos Ambientales de la PFA, cuyos técnicos tomaron muestras de agua y sustancias presentes en los inmuebles para determinar su composición y el posible impacto en la salud.
Clausuras, secuestros y causas penales
Durante los allanamientos se constató que las fincas carecían por completo de habilitaciones comerciales, certificados sanitarios y documentación exigida para la industria alimenticia. Los investigadores también detectaron una notoria falta de limpieza, deficiencias de higiene en los recipientes utilizados y condiciones edilicias inadecuadas para cualquier actividad vinculada a la producción de agua de consumo humano.
Ante este cuadro, el magistrado ordenó la clausura inmediata de las maquinarias utilizadas para el envasado, que quedaron inutilizadas. Además, se secuestraron 600 bidones plásticos de 20 litros —de los cuales 100 estaban llenos—, tres teléfonos celulares y diversos elementos considerados de interés para la causa, como documentación comercial informal y registros de distribución.
- Las plantas funcionaban en viviendas particulares de Canning.
- No contaban con habilitaciones ni controles bromatológicos.
- Se detectó vertido de sustancias químicas a la vía pública.
- Se secuestraron 600 bidones, maquinarias y teléfonos celulares.
Las actuaciones quedaron encuadradas en infracciones a la Ley 18.284, que regula el Código Alimentario Argentino, y al artículo 172 del Código Penal, relativo a la figura de estafa, dado que el producto se ofrecía como agua potable sin cumplir los requisitos legales y sanitarios.
Por el hecho fueron notificados dos hombres de 62 años y una mujer de 39, todos señalados como responsables de la actividad ilegal. Los imputados quedaron a disposición del Juzgado Federal interviniente, que continuará con las pericias sobre el agua incautada y los elementos secuestrados para determinar el alcance del daño potencial a los consumidores y al ambiente. En paralelo, no se descarta que se investiguen posibles redes de distribución y comercios que habrían comercializado los bidones sin verificar su origen ni calidad.

