Cierran calabozos en comisarías de mujeres de Moreno tras inspecciones
Los calabozos de la Comisaría 6ta de Moreno y de la DDI Drogas Ilícitas de Paso del Rey fueron clausurados por orden judicial, luego de que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) detectara graves violaciones de derechos humanos en las condiciones de detención de mujeres alojadas en esas dependencias bonaerenses.
La medida fue dispuesta por el Juzgado en lo Correccional N°1 de Moreno, a cargo del juez Jorge Fernando Mariano, tras una serie de inspecciones en las que se constató que los espacios no cumplían con los protocolos mínimos de alojamiento, ni con estándares edilicios, sanitarios y de seguridad para personas privadas de libertad.
Según detalló ANDAR, la agencia de información en derechos humanos de la CPM, la resolución judicial prohíbe el ingreso de nuevas detenidas y ordena el traslado inmediato de las mujeres alojadas en un plazo de 72 horas. La clausura se mantendrá hasta que los calabozos cuenten con condiciones adecuadas y habilitación expresa para alojar personas.
Sobrecupo, hacinamiento y aislamiento extremo en la Comisaría 6ta
En la Comisaría 6ta de Moreno, la inspección reveló una situación de sobrepoblación crítica: había nueve mujeres detenidas en un espacio con capacidad para tres, lo que equivale a un 200% de sobrecupo. Al momento de la constatación judicial en el marco del habeas corpus, ese número ya había ascendido a once.
Las detenidas debían dormir en el piso sobre colchones muy finos, sucios y rotos, expuestos a la humedad y filtraciones. No contaban con ventilación ni ventanas, y permanecían en penumbras, con iluminación precaria a través de focos conectados sin medidas de seguridad, una situación considerada de riesgo permanente ante cualquier siniestro.
El informe también describe que las mujeres permanecían las 24 horas dentro de la celda, sin acceso a patio ni a espacios con luz o ventilación natural. El aire era irrespirable y los olores, nauseabundos, lo que configura un cuadro de insalubridad extremo.
Las visitas se permitían solo una vez por semana y exclusivamente a mujeres familiares directas. Las detenidas que eran madres no podían ver a sus hijos ni se garantizaba el contacto con ellos. El uso de celulares estaba prohibido, lo que restringía además la comunicación con sus familias y sus defensas.
Otro punto crítico fue el acceso a elementos básicos: artículos de higiene, limpieza, gestión menstrual, alimentos y medicamentos dependían casi por completo de lo que podía acercar la familia en las visitas, y en muchos casos la comunicación se daba por carta, según remarca el escrito de la CPM.
Calabozos improvisados y falta total de habilitación en Paso del Rey
La situación en la DDI Drogas Ilícitas de Paso del Rey presentó otra irregularidad grave: el lugar no estaba habilitado para alojar personas detenidas. Sin embargo, se habían improvisado calabozos en oficinas, donde las mujeres permanecían por períodos prolongados.
Las “celdas” contaban apenas con una puerta de rejas, sin privacidad, y el sanitario despedía un olor nauseabundo a materia fecal que hacía difícil permanecer en el lugar. Estas condiciones fueron consideradas incompatibles con cualquier estándar mínimo de trato digno.
Para la CPM, las situaciones registradas en ambas dependencias dan cuenta de un patrón estructural de vulneración de derechos hacia mujeres detenidas en el conurbano bonaerense, que incluye hacinamiento, aislamiento extremo, insalubridad y ausencia de garantías básicas de contacto familiar y defensa.
Alcance de la medida y reclamo por políticas integrales
- Clausura total de los calabozos de la Comisaría 6ta de Moreno y de la DDI de Paso del Rey.
- Traslado de todas las mujeres detenidas en un plazo de 72 horas.
- Prohibición de alojar nuevas personas hasta contar con condiciones edilicias apropiadas.
- Constatación de sobrepoblación, insalubridad, falta de ventilación y aislamiento extremo.
“Las condiciones de alojamiento relevadas constituyen graves violaciones de derechos humanos y resultan incompatibles con los estándares constitucionales e internacionales de detención”, señaló la CPM al fundamentar su presentación.
La clausura de estos calabozos vuelve a poner en agenda el debate sobre las condiciones de detención en comisarías y dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires, y la necesidad de avanzar en políticas públicas que garanticen el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, con especial atención a la situación de las mujeres.
