La clausura de Puerto Ramallo dejó a cientos de usuarios sin acceso a sus embarcaciones y abrió un conflicto que expone contradicciones del municipio y amenaza con derivar en demandas judiciales.
La clausura de la guardería náutica Puerto Ramallo, realizada esta semana por inspectores municipales acompañados de personal policial, abrió un frente de conflicto que amenaza con escalar a los tribunales. El cierre del galpón, donde se resguardaban unas 200 embarcaciones, no solo generó malestar entre los usuarios que quedaron sin acceso a sus bienes, sino que también encendió el debate sobre la responsabilidad de la Municipalidad en un proceso que estuvo marcado por la falta de previsión y transparencia.
El origen del conflicto se remonta a la finalización de la concesión en 2023, cuando el Ejecutivo decidió llamar a licitación para regularizar la situación. Sin embargo, el procedimiento terminó declarado desierto, bajo el argumento de que ninguna de las ofertas presentadas resultaba satisfactoria. Desde entonces, la explotación quedó en una zona gris: funcionaba con contrato vencido, sin habilitación comercial y sin pagar un canon adecuado al Estado local. Pese a esto, el municipio optó por otorgar prórrogas, que solo dilataron la solución de fondo.
La justicia ya había intervenido y fallado en contra del concesionario, ordenando el desalojo, pero el hecho de que el municipio permitiera la continuidad de la actividad durante tantos meses sin ejercer un control firme dejó en evidencia la contradicción oficial. Finalmente, la clausura administrativa llegó, pero sin un plan de contingencia que contemple a los usuarios, que hoy se sienten los grandes perjudicados.
Decenas de vecinos aseguran que quedaron en un limbo legal: no pueden retirar sus embarcaciones, no saben dónde guardarlas ni qué garantías tendrán respecto al resguardo de sus bienes. En este escenario, algunos ya analizan seriamente iniciar demandas contra la Municipalidad por los perjuicios ocasionados, señalando la falta de comunicación oficial, la improvisación en la medida y la ausencia de alternativas concretas.
El riesgo para el municipio es doble. Por un lado, deberá afrontar la presión judicial del concesionario, que mantiene abierta una disputa en torno a la legitimidad de la licitación fallida y a la validez del decreto que dejó sin efecto su contrato. Por otro, podría enfrentar reclamos indemnizatorios de particulares que ven afectados sus derechos de uso y propiedad a raíz de una clausura que, si bien responde a cuestiones legales, no vino acompañada de soluciones prácticas.
En este contexto, el gobierno local aparece más preocupado por exhibir autoridad que por garantizar certezas. La clausura era una decisión esperable, pero la falta de planificación y de un esquema de salida ordenada deja al municipio en una posición vulnerable. De hecho, la situación podría convertirse en un nuevo capítulo judicial donde el Estado termine asumiendo responsabilidades por su propia inacción de años anteriores.
