Argentina lanza su programa de ciudadanía por inversión
NewsITe
El Gobierno nacional avanzó con la puesta en marcha de un inédito esquema de ciudadanía por inversión, que permitirá a extranjeros acceder directamente a la nacionalidad argentina a cambio de un aporte de capital. El programa se apoya en las modificaciones a la Ley de Ciudadanía aprobadas en 2025 y fue detallado durante la última edición de Argentina Week en París.
Según la información oficial, las solicitudes se recibirán a partir del cuarto trimestre de 2026 y estarán destinadas a personas que acrediten una “inversión relevante” en el país, sin importar el tiempo previo de residencia. La iniciativa se inscribe en la estrategia del Ejecutivo de Javier Milei para atraer divisas y posicionar a la Argentina dentro del mapa global de programas para grandes inversores.
El esquema ofrece dos vías principales para el solicitante: un aporte directo y no reembolsable de US$ 350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un bono soberano específico por US$ 800.000. En ambos casos, el desembolso constituye apenas el primer paso de un proceso que incluye controles exhaustivos.
Controles, plazos y organismo a cargo de la evaluación
La evaluación de cada postulante estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que actuará de manera coordinada con otros organismos del Estado. El análisis abarcará la identidad del solicitante, sus antecedentes penales, la situación patrimonial y financiera, el origen de los fondos y el historial migratorio.
Recién una vez superadas estas instancias, la Dirección Nacional de Migraciones emitirá una resolución sobre la solicitud. Es decir, el pago de la suma requerida no garantiza automáticamente la obtención del pasaporte argentino, sino que abre un procedimiento administrativo sujeto a verificación y posibles rechazos.
Cómo se ubica Argentina frente a otros países
El modelo argentino se diferencia de manera clara de la política de Estados Unidos, donde invertir no otorga ciudadanía directa. Allí funciona el programa EB-5, que exige un mínimo de US$ 800.000 si la inversión se orienta a áreas de empleo objetivo o proyectos de infraestructura, y de US$ 1.050.000 para el resto de los casos. Además, se requiere la creación de al menos 10 empleos de tiempo completo. A cambio, el inversor accede inicialmente a una Green Card condicional y, recién después, puede aspirar a la naturalización siguiendo el régimen general.
En Europa, Portugal ofrece un esquema de residencia por inversión, conocido como ARI, que tampoco implica ciudadanía inmediata. Entre las alternativas disponibles se contemplan aportes desde € 250.000 para proyectos culturales o artísticos y desde € 500.000 para investigación, fondos de inversión no inmobiliarios o determinados emprendimientos productivos. La normativa vigente excluye el acceso vía inversión inmobiliaria, una puerta que en otros tiempos fue masivamente utilizada.
El caso de Turquía y las estrategias para captar capital
Otro ejemplo es Turquía, que ofrece un camino más directo a la ciudadanía mediante la decisión del presidente, siempre que se concrete alguna de las inversiones habilitadas. Entre ellas se destacan la compra de un inmueble por al menos US$ 400.000, con la obligación de mantenerlo durante tres años, o desembolsos a partir de US$ 500.000 en capital, depósitos bancarios, bonos públicos o ciertos fondos. También se contempla la posibilidad de cumplir el requisito creando un mínimo de 50 puestos de trabajo.
En este contexto, Argentina y Turquía se ubican dentro del grupo de países que vinculan la inversión con la posibilidad de solicitar directamente la ciudadanía. En cambio, Estados Unidos y Portugal apuestan por un esquema escalonado: primero residencia, luego —si se cumplen requisitos adicionales— eventual naturalización.
Especialistas advierten que aún restan definirse aspectos operativos y regulatorios clave del programa argentino, lo que será determinante para medir su atractivo real frente a los modelos ya consolidados en otros países.
El oficialismo prevé comenzar a procesar las primeras solicitudes en el último tramo de 2026. Hasta entonces, el foco estará puesto en la reglamentación fina, la transparencia de los controles y la reacción de los potenciales inversores internacionales ante un mecanismo que busca combinar ingreso de capitales y otorgamiento de ciudadanía en un mismo paquete.
