Investigan presunta defraudación en créditos fiscales educativos
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La jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a declaración indagatoria para el 3 de marzo al jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y ex titular del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), Gabriel Sánchez Zinny, en el marco de una causa por presunta defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles vinculadas al otorgamiento de créditos fiscales a Toyota Argentina.
La investigación, tramitada bajo el expediente CFP 1837/2024, se inició a partir del requerimiento de la Fiscalía Federal N° 12, a cargo de la fiscal María Alejandra Mangano. La causa lleva la carátula “Sánchez Zinny, Gabriel y otros s/ negociaciones incompatibles, defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la Administración Pública”, y analiza el uso de fondos públicos canalizados a través del régimen de crédito fiscal previsto en la ley 22.317.
Además de Sánchez Zinny, fueron convocados a indagatoria Diego Pablo Taurizano, Diego Hernán Gabella y Martín Galante, por hechos ocurridos entre el 29 de marzo de 2016 y el 11 de abril de 2017, período en el que se desempeñaban en el INET y en el entonces Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Según la hipótesis fiscal, desde esos cargos se habrían impulsado contrataciones que no podían realizarse en forma directa bajo las reglas generales de compras del Estado.
El esquema investigado y el presunto perjuicio al Estado
De acuerdo con la imputación, la maniobra consistió en la emisión de certificados de crédito fiscal a favor de Toyota Argentina SA como empresa patrocinante de proyectos educativos. Sin embargo, la fiscalía sostiene que esos recursos se habrían destinado, en la práctica, a la contratación de servicios de consultoría y publicidad privada, ajenos a los objetivos pedagógicos contemplados por el régimen de promoción.
En los casos ya verificados en el expediente, los fondos que dejaron de ingresar al fisco habrían terminado en tres firmas privadas: Grupo Arde SRL, Grupo SI SRL y Blink SRL. Los expedientes revisados señalan irregularidades en la documentación respaldatoria, inconsistencias en las fechas, baja calidad de los servicios y falta de elementos que permitan acreditar la efectiva prestación de las tareas contratadas.
- El perjuicio acreditado hasta ahora asciende a $2.854.405.
- Actualizado con tasa activa del Banco Nación, llega a $16.515.389,42.
- El total originalmente previsto en certificados de crédito fiscal para Toyota fue de $7.000.000, que hoy equivaldrían a $40.501.514,67.
La fiscalía remarcó que la operatoria se apoyó en la Resolución INET 2/2016 y en la utilización de “expedientes especiales” que no habrían sido volcados en los sistemas informáticos habituales del organismo, lo que dificulta el control administrativo. Entre las pruebas reunidas figuran documentación enviada por la Oficina Anticorrupción y actuaciones internas del INET, que para la acusación alcanzan el estándar de sospecha necesario para avanzar con las indagatorias.
Según el requerimiento fiscal, los imputados deberán responder por hechos que podrían encuadrar en defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Tras las declaraciones previstas para el 3 de marzo, la jueza Capuchetti deberá evaluar si dicta procesamientos, sobreseimientos u otras medidas de prueba. La causa podría incorporar nuevas calificaciones penales a medida que se amplíe el análisis de los créditos fiscales otorgados y de la eventual participación de otras personas físicas o jurídicas en la maniobra investigada.
