Una joven de 22 años debió ser operada para retirar el dispositivo luego de sufrir una grave lesión. La Justicia imputó a una obstetra y busca determinar si utilizó una sustancia desconocida en lugar de anestesia.
Una joven de 22 años denunció haber sufrido una grave lesión en el brazo izquierdo después de colocarse un implante anticonceptivo subdérmico en el Hospital de Rawson, en la provincia de Chubut. La intervención, realizada el 20 de marzo, habría derivado en una necrosis que obligó a someterla a una cirugía para retirar el dispositivo.
Por el episodio, la Justicia imputó a una licenciada en obstetricia por el delito de lesiones graves culposas. La principal sospecha de la Fiscalía apunta a una posible negligencia durante el procedimiento médico, particularmente por la utilización de una sustancia que todavía no pudo ser identificada.
Sospechan que utilizaron una sustancia desconocida
Según la hipótesis de los investigadores, la profesional no habría utilizado lidocaína, el anestésico habitual para este tipo de intervenciones, sino otra sustancia cuya composición aún se desconoce. La Fiscalía considera que ese producto podría haber provocado la lesión que posteriormente evolucionó hacia una necrosis.
La acusación fue presentada durante una audiencia judicial en la que se solicitó la apertura formal de la investigación. El objetivo es reconstruir las circunstancias de la intervención y determinar si existió una conducta negligente por parte de la profesional imputada.
Las consecuencias para la paciente
Además de la cirugía que necesitó para retirar el implante, la joven aseguró que el episodio afectó distintos aspectos de su vida cotidiana y sus proyectos personales.
Durante la audiencia, relató que las secuelas le impidieron continuar con los trámites y estudios médicos necesarios para ingresar a la Policía de Chubut. También manifestó que la experiencia modificó su relación con los profesionales de la salud y le generó dificultades para volver a recibir atención médica.
La Justicia tendrá seis meses para investigar
La Fiscalía incorporó historias clínicas, informes forenses y declaraciones de médicos, profesionales que participaron en las evaluaciones posteriores y familiares de la paciente. También se sumaron elementos secuestrados durante un allanamiento realizado en el hospital.
Las pruebas permitirán avanzar en la identificación de la sustancia utilizada durante el procedimiento y establecer si existió una mala praxis.
Durante la audiencia, la defensa de la obstetra no presentó objeciones a la apertura de la investigación ni a la calificación legal propuesta. En consecuencia, la Justicia dispuso un plazo de seis meses para profundizar las medidas probatorias y esclarecer las circunstancias del caso.
Además, se instó a las partes a evaluar la posibilidad de alcanzar una solución alternativa para resolver el conflicto.
