El Senado chileno avanza con una reforma clave en migración
NewsITe
El Senado de Chile aprobó un proyecto de ley que modifica y endurece el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros que infringen la normativa migratoria. La iniciativa, que ahora debe completar los pasos formales para su promulgación, busca agilizar los trámites, reforzar la capacidad de las fuerzas de seguridad y aumentar las restricciones de reingreso al país.
Con 37 votos afirmativos y una sola abstención, la Cámara Alta respaldó el informe final de una comisión mixta integrada por senadores y diputados, que introdujo cambios a la actual Ley de Migración y Extranjería. El objetivo central es dotar al Estado de más herramientas para ejecutar las miles de órdenes de expulsión que permanecen pendientes.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, destacó que el acuerdo en la comisión fue unánime y remarcó que las medidas apuntan a “agilizar las expulsiones administrativas, dar seguridad jurídica y hacerlas más efectivas”. El proyecto refleja el creciente debate en Chile por el aumento de la migración irregular y su impacto social y político.
Facultades para la policía e ingreso a domicilios
Uno de los cambios más sensibles de la reforma es la posibilidad de que la Policía de Investigaciones (PDI) ingrese a domicilios donde se encuentren extranjeros con órdenes de expulsión vigentes. Para ello, la fuerza deberá solicitar autorización a un juez de garantía, quien tendrá un plazo máximo de 24 horas para resolver el pedido.
De esta manera, se busca facilitar la ubicación y detención de personas sobre las que pesa una resolución administrativa de expulsión, pero que hasta ahora resultaban difíciles de localizar. El proyecto, verificado por la Agencia Noticias Argentinas y citado por el medio público francés RFI, apunta a cerrar uno de los principales vacíos operativos del sistema.
Más años de prohibición de reingreso y expulsión inmediata
La iniciativa también eleva de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de ingreso a Chile en determinados casos, lo que endurece las sanciones para quienes sean expulsados. Además, incorpora mecanismos que permiten la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular que enfrenten ciertos procesos penales, siempre con autorización judicial.
Con estas modificaciones, el gobierno chileno busca dotar de mayor fuerza a las resoluciones administrativas y enviar una señal de control frente a la percepción de desborde migratorio en algunas regiones del país, especialmente en el norte, donde se concentran numerosos pasos irregulares.
Más de 330.000 personas en situación irregular
Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en Chile hay actualmente más de 330.000 extranjeros en situación migratoria irregular. A esto se suman más de 75.000 órdenes de expulsión que continúan pendientes de ejecución, cerca de la mitad de ellas emitidas contra ciudadanos venezolanos.
Si bien en agosto se anunció el restablecimiento de las relaciones consulares entre Chile y Venezuela, y en septiembre hubo contactos diplomáticos de alto nivel en el marco de Naciones Unidas, hasta el momento no se registran avances sustantivos para facilitar las deportaciones y traslados de personas hacia el país caribeño.
Debate político y proyecto para criminalizar la migración irregular
- El endurecimiento del régimen de expulsiones se da en un contexto de fuerte discusión política sobre la migración.
- En el Congreso chileno también se debate un proyecto para tipificar la migración irregular como delito.
La iniciativa para criminalizar el ingreso irregular es impulsada por el dirigente ultraderechista José Antonio Kast, referente del Partido Republicano, y cuenta con apoyo de sectores conservadores que reclaman una política más estricta en la frontera. Organismos de derechos humanos y especialistas en migración advirtieron, sin embargo, que medidas de este tipo pueden agravar la vulnerabilidad de las personas migrantes sin resolver las causas de fondo.
“Tanto la Cámara de Diputados como el Senado han dado su aprobación a un proyecto de ley que es muy, muy trascendente para poder dar mayor efectividad al cumplimiento de las resoluciones que dispone la expulsión administrativa”, subrayó el ministro José García Ruminot.
Con la aprobación en el Senado, Chile se encamina hacia un marco legal migratorio más restrictivo, en sintonía con debates similares que se registran en otros países de la región. El foco estará ahora en la aplicación práctica de la norma y en su impacto real sobre la situación de cientos de miles de migrantes que permanecen en condición irregular.
