La Fiscalía investiga presuntos actos de corrupción en licitaciones destinadas a la alimentación de estudiantes. La causa alcanza a parlamentarios y una auditoría detectó pagos por comidas que nunca habrían llegado a los escolares.
Las autoridades de Chile allanaron la sede del Congreso Nacional y otras dependencias públicas en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción vinculados con el organismo estatal que administra becas y alimentación para estudiantes de todo el país. La causa incluye a parlamentarios de distintos partidos e investiga posibles desvíos por unos US$ 15 millones.
La Fiscalía indaga presuntos delitos relacionados con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y posibles irregularidades en los procesos de licitación. Una auditoría interna detectó anomalías calificadas como “gravísimas”, relacionadas con el pago de 14.000 millones de pesos, equivalentes a unos US$ 15 millones, por raciones de alimentos y comidas que nunca habrían llegado a los estudiantes.
“Llevamos a cabo una diligencia intrusiva bastante relevante para la investigación que seguíamos, que tiene relación con varios delitos que se están investigando: fraude al fisco, sobornos, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias, entre otros delitos de corrupción”, explicó a los periodistas la fiscal Constanza Encina.
Más de 80 policías participaron de los allanamientos
La Fiscalía y la brigada anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) coordinaron el operativo de manera simultánea en oficinas públicas y privadas de la región Metropolitana, donde se encuentra Santiago, y en Valparaíso, sede del Congreso Nacional.
Las autoridades también realizaron registros y allanamientos en Iquique, Copiapó, La Serena y Coyhaique. Los procedimientos tuvieron como objetivo secuestrar dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos y computadoras, y acceder, extraer y analizar contenidos de correos electrónicos.
El jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, David Castro, indicó que más de 80 policías participaron del despliegue a nivel nacional.
“Se logró finalmente la incautación de diferentes dispositivos móviles, como computadoras, teléfonos y también documentos de relevancia”, dijo.
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Investigan licitaciones para la alimentación de estudiantes
La investigación apunta a eventuales irregularidades en la adjudicación de licitaciones millonarias destinadas a brindar alimentación a miles de estudiantes. Los programas están administrados por la estatal Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), que funciona bajo la tutela del Ministerio de Educación.
Según explicó Encina, las presuntas irregularidades se habrían registrado principalmente en programas destinados a la región de O’Higgins, en la zona central del país. Sin embargo, la fiscal indicó que la “investigación va a dar cuenta de que también ocurrió en otras regiones del país”.
“Logramos obtener todos los los medios que necesitábamos”, puntuó Encina. La fiscal agregó que las pesquisas mantienen carácter reservado y que ahora los investigadores deberán analizar todo el material incautado para determinar si presentan una denuncia formal ante los tribunales.
Encina también confirmó que entre las personas investigadas figuran parlamentarios, aunque no brindó identidades ni otros detalles para evitar afectar el desarrollo de la investigación.
La denuncia que inició la investigación
La propia Junaeb presentó la denuncia que dio origen a la investigación en mayo. Su director nacional, Fernando Peña, remitió al Ministerio Público las sospechas sobre “hechos graves” que la institución había detectado en los procesos de licitación.
La presentación apuntaba a un “eventual fraude de fisco, delitos de prevaricación, negociaciones incompatibles y conflicto de intereses”.
“Somos los más interesados en que esto se aclare y que la investigación avance y no decaiga”, afirmó Peña tras conocerse las diligencias.
La información que Junaeb entregó a la Fiscalía surgió de una auditoría interna que detectó anomalías calificadas como “gravísimas”. El relevamiento apuntó al pago de 14.000 millones de pesos, unos US$ 15 millones, por raciones de alimentos y comidas que nunca habrían llegado a los escolares.
