Juicio oral por una trama de contrabando y lavado en Resistencia
NewsITe
Una pareja de jóvenes chaqueños llegará a juicio oral acusada de encabezar una maniobra de contrabando y lavado de activos por un monto estimado en más de 200 millones de pesos, a partir del ingreso irregular de mercadería desde Uruguay y su posterior comercialización en la ciudad de Resistencia.
De acuerdo con la información a la que accedió Diario EL NORTE en base a fuentes judiciales y al sitio Fiscales.gob, los imputados, identificados como Braian José Obregón (30) y Agostina Antonella Vargas Vispo (28), habrían montado un circuito comercial paralelo que incluía la venta de teléfonos celulares, productos electrónicos, juguetes sexuales, indumentaria y artículos deportivos sin aval aduanero.
La acusación está en manos del fiscal federal Patricio Sabadini, quien solicitó la elevación a juicio oral por los delitos de encubrimiento de contrabando y lavado de activos, ambos agravados por la habitualidad. Según la causa, la mercadería ingresaba al país desde Uruguay por pasos no habilitados, eludiendo los controles aduaneros y tributarios.
Para intentar darle una apariencia de legalidad a las operaciones, los investigados habrían adquirido facturas apócrifas con el objetivo de simular un origen lícito de los bienes. La mercadería se comercializaba en locales a la vista del público, donde, incluso, se ofrecía la posibilidad de abonar las compras con criptoactivos, una modalidad cada vez más utilizada en el circuito informal.
Un “empresario chaqueño” bajo la lupa judicial
La investigación se inició en 2025 a partir de una nota periodística que presentaba a Obregón como un “empresario chaqueño”, propietario de un local de venta de aparatos electrónicos y teléfonos celulares, y que destacaba su estilo de vida ostentoso: un automóvil BMW de un llamativo color violeta, viajes al exterior y otros bienes de lujo.
Tras esa publicación, el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco elaboró un informe preliminar que dio cuenta de inconsistencias patrimoniales y movimientos económicos llamativos. Ese material llegó al fiscal Sabadini, quien ordenó las primeras diligencias y abrió una pesquisa formal por presunto lavado de activos.
Con el avance de las tareas de inteligencia financiera se habrían detectado operaciones con criptomonedas, compras de vehículos, inmuebles y gastos en turismo que no se correspondían con los ingresos declarados por la pareja. Los investigadores sostienen que esas erogaciones se habrían financiado con las ganancias obtenidas del contrabando y la venta de productos sin respaldo aduanero.
Qué se juzgará en el debate oral
- El ingreso irregular de mercadería desde Uruguay, presuntamente por pasos no habilitados.
- La comercialización de productos electrónicos, teléfonos, ropa y otros artículos sin aval aduanero.
- El uso de facturas apócrifas para simular operaciones legales.
- La utilización de criptoactivos como medio de pago en los locales investigados.
- La presunta transformación de las ganancias ilícitas en autos, inmuebles, viajes y otros bienes de alto valor.
La acusación fiscal sostiene que existió un circuito económico paralelo y sostenido en el tiempo, orientado a blanquear fondos provenientes del contrabando de mercadería.
Con la elevación a juicio, será ahora un tribunal oral el que determine si la pareja es responsable de los delitos imputados. El caso se suma a una serie de investigaciones en el NEA que ponen el foco en el uso de criptoactivos y estructuras comerciales aparentemente legales para ocultar el origen ilícito de fondos vinculados al contrabando.
