La central obrera advirtió por la extranjerización del territorio

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La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó un enérgico rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia que mantiene vigente la derogación de la Ley de Tierras, norma que establecía límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la central obrera advirtió que la decisión del máximo tribunal “atenta contra la soberanía” y desconoce la voluntad popular expresada en la sanción de esa legislación.
El triunvirato conformado por Cristian Jerónimo, José Sola y Octavio Argüello sostuvo que el pronunciamiento judicial “vuelve a abrir la puerta a la extranjerización de nuestro territorio” y recordó que la tierra, para el movimiento obrero organizado, “no es una mercancía”, sino un recurso estratégico ligado a la producción, el trabajo y el arraigo en las comunidades del interior del país. Desde la CGT subrayaron que se trata de un tema que excede la coyuntura política y se vincula con el modelo de Nación que se pretende consolidar.
La discusión sobre el régimen de propiedad de la tierra tomó impulso este año en el Congreso, en el marco del debate del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. En ese contexto, la CGT, junto con otras organizaciones sindicales y rurales, se manifestó en contra de la flexibilización de los límites a la adquisición de campos por parte de personas y empresas extranjeras, especialmente en zonas consideradas estratégicas por sus recursos naturales.
Durante las jornadas en las que se trató el paquete de reformas, dirigentes de distintas corrientes internas de la central obrera reclamaron al Gobierno nacional garantías para sostener la producción y el empleo frente a un esquema que, según advirtieron, podía derivar en mayor concentración de la tierra, formación de monopolios y suba de los precios de los terrenos rurales. En la misma línea, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) alertó que la eliminación del tope del 15% a la propiedad extranjera abriría la puerta a operaciones especulativas y a un marcado encarecimiento del suelo productivo.
Antecedentes del conflicto y exigencias al Congreso
Las advertencias de la CGT y de los gremios rurales se tradujeron en movilizaciones frente al Congreso, donde confluyeron columnas de sindicatos, organizaciones sociales y entidades vinculadas al sector agrario. Aquellas protestas, sumadas a la falta de consensos legislativos, llevaron a que el Gobierno nacional retirara del proyecto original el capítulo referido a la extranjerización de tierras, una decisión que en su momento fue celebrada por la central obrera como un triunfo de la presión popular.
Sin embargo, el reciente fallo de la Corte cambia el escenario político y jurídico en relación con la normativa que regulaba la posesión de tierras por parte de capitales extranjeros. Desde la CGT señalaron que la resolución del máximo tribunal se inscribe en una serie de decisiones que, a su entender, consolidan un modelo económico orientado a la desregulación, la mercantilización de recursos estratégicos y la pérdida de herramientas de control estatal sobre el territorio.
- La CGT considera que la derogación de la Ley de Tierras facilita la concentración de la propiedad rural.
- Los gremios rurales advierten por posibles monopolios, suba de precios y desplazamiento de pequeños productores.
- Las organizaciones sindicales reclaman que el Congreso intervenga para frenar el avance del DNU 70/2023.
“Exigimos a la Cámara de Diputados que rechace el DNU 70/2023 porque la soberanía no se negocia”, concluyó la central obrera en su comunicado, al insistir con que la tierra debe ser concebida como patrimonio del pueblo argentino y no como un activo financiero más.
La discusión sobre la propiedad de la tierra vuelve así al centro de la agenda pública, con sindicatos, organizaciones rurales y diversos sectores políticos planteando la necesidad de un marco regulatorio que proteja los recursos naturales, promueva un desarrollo equilibrado del territorio y garantice condiciones dignas de vida y trabajo para las pobladores de las zonas rurales.

