Cesantías y fuerte interna gremial en el Hospital Garrahan
NewsITe
El Consejo de Administración del Hospital Garrahan resolvió cesantear a 11 trabajadores, entre ellos 10 delegados gremiales, por su participación en la toma de la Dirección Médica realizada el 31 de octubre de 2025. La decisión se produce en el marco de sumarios administrativos que se venían tramitando desde aquel episodio y reabre el debate sobre los límites de la protesta sindical en el sector público de salud.
Según se informó desde el hospital, la medida se fundamenta en la “gravedad de los actos” registrados durante la ocupación de oficinas, que habría afectado el normal funcionamiento institucional. Entre los cesanteados se encuentran referentes gremiales de peso como Norma Lezana, de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), y Alejandro Lipcovich, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), señalados como impulsores y organizadores de la toma.
El resto de los empleados involucrados en el conflicto, que también fueron alcanzados por los sumarios, recibirán sanciones menores, definidas caso por caso a partir de la evaluación de su participación en los hechos. Desde la conducción del hospital sostienen que el objetivo es sentar un precedente frente a acciones que, según su mirada, desbordan los canales habituales de reclamo.
Intervención política y debate sobre la protesta
La decisión del Garrahan fue respaldada públicamente por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien celebró las cesantías y las enmarcó en una postura más dura del Gobierno nacional frente a determinadas expresiones del sindicalismo. A través de sus redes sociales, el funcionario afirmó que “el que las hace, las paga” y vinculó el conflicto con “la pretensión de cobrar por días no trabajados”.
En ese sentido, Adorni aseguró que, además de las 11 cesantías, otras 29 personas recibirán sanciones, y sostuvo que “la era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin”. Sus declaraciones aportaron un condimento político adicional a un conflicto que, de por sí, ya involucraba a asociaciones gremiales, autoridades hospitalarias y al Poder Judicial.
La situación de los delegados y el rol de la Justicia
En el caso de los 10 delegados gremiales, la cesantía no tendrá efectos inmediatos. Para que se concrete, la Justicia deberá pronunciarse sobre el levantamiento de la tutela sindical que actualmente los protege, una garantía legal que impide su despido sin una resolución judicial previa. Hasta tanto no haya definición judicial, los trabajadores mantienen ese resguardo.
“Si la Justicia no entiende la gravedad de los hechos, no se puede sancionar a los violentos”, afirmaron fuentes del hospital, aludiendo a la necesidad de que el Poder Judicial convalide el criterio de las autoridades administrativas. El único trabajador cesanteado que no cuenta con tutela gremial podrá ser desvinculado de manera inmediata una vez concluido el proceso administrativo interno.
El caso del Garrahan se suma a otros conflictos recientes en el ámbito estatal donde se discute la frontera entre el derecho a la protesta, la representación sindical y el funcionamiento de servicios esenciales como la salud pública pediátrica. Organizaciones gremiales anticipan que seguirán de cerca el avance de las causas y no descartan nuevas medidas en defensa de los delegados afectados.
