Las mujeres pueden ser condenadas a penas de prisión en casos de interrupción del embarazo, incluso cuando esta ha sido involuntaria, y existe una fuerte presión social que obliga a jóvenes a asumir la maternidad, incluso cuando han sido víctimas de violación, según señala un informe de Efeminista.
De la Redacción de EL NORTE
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Cuatro de los diez países del mundo con las penas más severas sobre el aborto están en Centroamérica y el Caribe: El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Además Guatemala, Costa Rica y Panamá no llevan a la práctica las leyes que permiten abortar bajo causas de salud, riesgo de muerte o violación. Así, Centroamérica tiene una de las legislaciones más restrictivas respecto al aborto, lo que implica que las mujeres pueden ser condenadas a penas de prisión en casos de interrupción del embarazo, incluso cuando esta ha sido involuntaria, y existe una fuerte presión social que obliga a jóvenes a asumir la maternidad, incluso cuando han sido víctimas de violación, según señala un informe de Efeminista.
“En Centroamérica hay países que aún insisten en mantener una penalización absoluta, que es impactante. En el mundo hay 10 países que mantienen esta penalización como regla. Cuatro de ellos están en nuestra región”, explicó en Ciudad de Panamá la abogada e investigadora de salud argentina Agustina Ramón Michel. Esto convierte a Centroamérica en la “subregión” del mundo que concentra la mayor cantidad de países con las leyes más restrictivas en materia de aborto, ha asegurado también la defensora de los derechos humanos y activista salvadoreña Morena Herrera.
CASOS A LA CORTE IDH
El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana no permiten el aborto bajo ninguna circunstancia. Lo penalizan con hasta 12 años de cárcel, en el caso de El Salvador. Este último es el país “que más ha concentrado esta forma de criminalización“, según Herrera. Las mujeres que padecen complicaciones durante el embarazo y sufren abortos espontáneos o mortinatos, son habitualmente sospechosas de haber practicado un aborto, por lo que las procesan bajo el cargo de homicidio agravado.
Algunos de estos casos han llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como el de Beatriz, una joven salvadoreña a quien se le negó la interrupción del embarazo a pesar de que su vida corría peligro y el feto era anencefálico, una malformación grave en la cual el bebé nace sin partes del encéfalo y el cráneo, por lo que era incompatible con la vida extrauterina.
O el Caso ´Manuela´, una salvadoreña de bajos recursos, que fue condenada a 30 años de prisión por abortar tras sufrir una emergencia obstétrica en 2008. La Corte IDH condenó a El Salvador por la detención y posterior muerte de ´Manuela´, que no recibió un tratamiento adecuado en la cárcel por un linfoma.
“En Honduras por ejemplo ahora hay una mujer indígena que está condenada a 22 años de cárcel, sin autopsia de la criatura que había muerto”, destacó Herrera.
PANAMÁ, GUATEMALA Y COSTA RICA IGNORAN LA LEY
En Panamá la ley permite abortar en caso de violación o riesgo de salud para la madre y el feto, mientras que en Costa Rica y Guatemala solo es posible interrumpir el embarazo si la vida de la gestante corre peligro.
“Parecerían estar más cerca de países como Chile o Brasil, pero no, porque en la práctica las guatemaltecas, las panameñas y las costarricenses están en un escenario de penalización absoluta porque poco o nada se hizo para por lo menos dar acceso y garantizar ese aborto”, señaló Michel.
La experta argentina puso como ejemplo el caso de “una mujer con un cáncer o una cardiopatía severa con depresión y que necesita interrumpir ese embarazo, (pero) no puede pese a que la letra escrita sí se lo permite. Estaríamos hablando de una región donde todo el ambiente es un ambiente penalizador“.
“Insisto en este puñado de países de Centroamérica donde los pintaríamos de un color ‘verdecito clarito’, pero no es así si los miramos en la práctica. Es como si la regla penal hubiera absorbido los resquicios de legalidad que tenían las normas”, ha agregado Michel.
En Panamá una niña indígena de 8 años, violada por la pareja de un familiar, fue obligada a ser madre. Cuando los médicos se dieron cuenta del embarazo habían pasado 23 semanas, fuera del plazo de la ley para realizar un aborto. A pesar de la edad de la menor, los médicos consideraron que estaba “apta” para el parto y en marzo de 2022 fue sometida a una cesárea.
CONSECUENCIAS DE UN SISTEMA “PUNITIVO”
“(En Centroamérica) en la práctica tenemos un sistema político y un sistema legal que niega la autonomía de las mujeres para decidir sobre su capacidad de reproducción. Entonces hay un sistema punitivo que convierte en delitos los eventos de salud de las mujeres y esto tiene consecuencias muy graves”, ha dicho Herrera. La activista salvadoreña alertó que una de las consecuencias más graves son los suicidios de adolescentes embarazadas, pues las “niñas de 12, 13 y 14 años que ante un embarazo no deseado y complicado que complica su vida, no ven alternativas, no conocen redes de apoyo y no tienen ninguna alternativa, optan por el suicidio”.
“Además estos países tienen un modelo autoritario, en términos políticos, que niega el derecho a la educación integral en sexualidad para niños, niñas y adolescentes en los sistemas educativos producto de las presiones de grupos que niegan los derechos de las mujeres”, concluyó Herrera.
EN ARGENTINA ACTIVAN LA CAMPAÑA #EsLey #28S
“Rechazamos la intención de reabrir debates que ya han sido saldados en ambas Cámaras del Congreso de la Nación”
Desde las redes sociales de @campabortolegal en Argentina manifestaron en las últimas horas: “Repudiamos el discurso reaccionario, fundamentalista y anti derechos por parte de sectores políticos y sus declaraciones amenazantes sobre los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, disidencias sexuales, jóvenes y niñes. Rechazamos la intención de reabrir debates que ya han sido saldados en ambas cámaras del Congreso de la Nación.
La Ley 27.610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) llevó a poner fin a la injusticia y la hipocresía de castigar a las mujeres más pobres con la cárcel o la muerte por abortos clandestinos. Insistimos en que La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) es obligatoria hace 17 años y sin embargo su implementación sigue siendo insuficiente. El acceso a la ESI es una cuestión de derechos humanos que tutores, establecimientos o instituciones no pueden negar. El próximo 28S, Día de Acción Global por el Aborto Legal, convocamos a los movimientos sociales, organizaciones políticas, estudiantiles y sindicales, de derechos humanos, lesbo-trans-feministas y a todas nuestras alianzas en la conquista de nuestros derechos a sumarse en unidad en cada territorio a la organización de una gran jornada verde”.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito es una alianza argentina de organizaciones y personalidades que articula acciones comunes en pos de la legalización del aborto en dicho país. Fue fundada por Nina Brugo, Martha Rosenberg, Dora Coledesky, Dora Barrancos y Nelly Minyersky.
