El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consideró que el Gobierno “pasó por sobre uno de los poderes del Estado”.
Fotografía: Agencia Noticias Argentinas
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) criticó la decisión del Gobierno Nacional de designar por decreto a los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia. La organización afirmó que la medida “es inconstitucional y antidemocrática”.
En diálogo con Noticias Argentinas, Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, sostuvo que “está clara la intencionalidad política” del Gobierno. Para ella, buscan “aprovechar una interpretación literal, incorrecta, de la Constitución” para avanzar con la designación.
Litvachky advirtió que “designar jueces de la Corte Suprema, en comisión por un año, va a implicar que están dependiendo de la posición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y del Senado para mantener su cargo”. Según explicó, esto iría en contra de “las garantías de independencia y a la idea de estabilidad de los jueces para que no los presionen”.
Para el CELS, el Gobierno “pasó por sobre uno de los poderes del Estado”, y comprometió la legitimidad de los jueces. “Va a estar en duda su independencia e imparcialidad en causas judiciales”, afirmaron.
En este sentido, la directora del CELS recordó que la Constitución exige un acuerdo de dos tercios del Senado para nombrar magistrados. “se necesita consenso para tomar ese tipo de determinaciones”, sentenció.
Además, desde el CELS destacaron que si Lijo y García-Mansilla asumen, la Corte Suprema quedaría integrada únicamente por hombres. En este aspecto, nuestra Corte Suprema de Justicia sería la única en el continente sin presencia femenina.
Finalmente, Litvachky consideró que habrá que esperar “la reacción del sistema político y el propio Poder Judicial” para definir si la designación se consolida o es rechazada.
“Esto no puede ser sacado del contexto de la práctica que el Ejecutivo viene teniendo con implementar políticas que requieren la intervención del Congreso por decreto (DNU)”, concluyó críticamente la directora.
