Causa YPF: la Cámara de EE.UU. revocó el pago de US$16.000 M

La Argentina logra un fallo clave en la causa por la expropiación de YPF

Fachada del edificio de YPF en el marco del fallo judicial en Estados Unidos

NewsITe

La Justicia de Estados Unidos dio un giro decisivo en la causa por la expropiación de YPF al fallar a favor de la Argentina y dejar sin efecto, al menos de manera provisoria, la condena que obligaba al Estado nacional a pagar más de US$16.000 millones. El pronunciamiento estuvo a cargo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que revisó la sentencia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska.

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El caso se originó tras la estatización de la petrolera YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el Estado argentino decidió tomar el control mayoritario de la compañía que entonces estaba en manos de la española Repsol y de accionistas privados. Años más tarde, en 2015, fondos litigantes iniciaron una demanda en tribunales de Nueva York al considerar que la Argentina no respetó el estatuto de la empresa ni ofreció una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios.

En primera instancia, la jueza Preska había considerado que el país violó las reglas previstas en el estatuto de YPF al ejecutar la expropiación, lo que derivó en una condena multimillonaria contra el Estado. Ese fallo, emitido en 2023, encendió alarmas tanto en el gobierno nacional como en los mercados internacionales, por el impacto potencial en las reservas y en la capacidad de pago de la Argentina.

La decisión del tribunal de apelaciones y el rol de YPF

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, con asiento en Nueva York, revisó ahora aquella resolución y determinó que la exculpación de YPF había sido realizada de manera correcta. De esta forma, la petrolera queda fuera de responsabilidad directa en la controversia por su estatización, concentrando el litigio sobre la figura del Estado argentino como actor principal en la decisión de expropiar.

El pronunciamiento implica un alivio judicial y político para el país, ya que cuestiona los fundamentos de la condena original y abre la puerta a una reducción drástica o incluso a la anulación del monto indemnizatorio. Sin embargo, el caso aún no está cerrado: las partes cuentan con la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, que será la última instancia para resolver el conflicto.

Qué puede pasar a partir de ahora

La posibilidad de que el caso llegue al máximo tribunal norteamericano mantiene un escenario de expectativa. La Corte Suprema no está obligada a tomar el caso: primero deberá decidir si le da curso o si deja firme lo resuelto por la Cámara de Apelaciones. En caso de aceptar el tratamiento, se abriría una nueva ronda de presentaciones y audiencias que podría extender la disputa durante meses o incluso años.

Mientras tanto, en la Argentina el fallo es interpretado como una victoria relevante en el frente judicial internacional, en un contexto de fuertes restricciones financieras y negociación permanente con acreedores y organismos multilaterales. Una eventual confirmación del criterio de la Cámara de Apelaciones significaría disipar la amenaza de una condena por uno de los montos más altos registrados contra el país en tribunales extranjeros.

  • El litigio se originó tras la expropiación de YPF realizada en 2012.
  • La primera sentencia, en 2023, había fijado una condena superior a US$16.000 millones.
  • La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó ahora ese criterio a favor de la Argentina.
  • Las partes aún pueden recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos como última instancia.

El fallo de la Cámara de Apelaciones representa un paso clave para la estrategia jurídica de la Argentina en uno de los juicios más sensibles de su historia reciente.

En este marco, el gobierno argentino seguirá de cerca los próximos movimientos en Nueva York y evaluará los pasos a seguir con sus equipos legales. Más allá de la instancia judicial, el caso YPF vuelve a poner en debate las condiciones en que el país realiza estatizaciones, la seguridad jurídica para los inversores y el impacto que este tipo de disputas tiene sobre la economía real y la reputación internacional de la Argentina.

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