El fallo no cierra el expediente ni implica un sobreseimiento. Los jueces ordenaron nuevas medidas de prueba antes de definir si corresponde procesar nuevamente al expresidente o desvincularlo de la investigación.
La Sala II de la Cámara Federal porteña dictó este jueves la falta de mérito para el expresidente Alberto Fernández en la causa Seguros, donde está acusado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La decisión no implica el cierre del expediente ni un sobreseimiento. La Cámara entendió que todavía deben realizarse nuevas medidas de prueba antes de definir si corresponde procesarlo nuevamente o desvincularlo de la investigación.
El fallo fue adoptado luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anulara la confirmación del procesamiento que pesaba sobre el exmandatario. Los camaristas Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun coincidieron en que debía revisarse la situación procesal de Fernández a partir de lo dispuesto por Casación.
La resolución aclara que la medida solo alcanza a Fernández y no modifica la situación del resto de los empresarios y exfuncionarios procesados en el expediente.
La causa volverá al juzgado de Ariel Lijo
El expediente volverá al juzgado federal que actualmente subroga Ariel Lijo, que deberá avanzar con nuevas medidas de prueba solicitadas por la defensa del expresidente.
Entre ellas, figuran testimoniales y otras diligencias destinadas a determinar cómo distintos organismos estatales contrataron pólizas mediante la intermediación del broker Héctor Martínez Sosa, amigo de Fernández y uno de los principales apuntados en la investigación.
Farah votó en disidencia parcial. Si bien acompañó la falta de mérito del expresidente, consideró que el mismo criterio debía aplicarse también a Martínez Sosa.
El origen del expediente
La investigación se originó a partir del decreto 823/2021, firmado durante el gobierno de Alberto Fernández, que obligó a organismos y ministerios nacionales a contratar sus pólizas a través de Nación Seguros.
Según la acusación judicial, ese esquema abrió la puerta a un sistema de intermediación con brokers privados que cobraron millonarias comisiones.
De acuerdo con el expediente, se celebraron 45 contratos con intervención de 25 intermediarios. La Justicia puso el foco especialmente sobre Martínez Sosa, quien concentró casi el 60% de las comisiones liquidadas en operaciones vinculadas al Estado.
