La Fiscalía formuló el pedido ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario por crímenes cometidos contra 62 víctimas durante el terrorismo de Estado. Los ocho acusados integraron el Batallón de Ingenieros de Combate 101 y el Destacamento de Inteligencia 101 de San Nicolás, y las delegaciones locales de la Policía Federal y la DIPPBA.
La Unidad de Derechos Humanos de Rosario solicitó penas de prisión perpetua para cuatro acusados y condenas de entre seis y ocho años para otros cuatro imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 62 víctimas durante el terrorismo de Estado. Los hechos investigados involucran a exintegrantes del Batallón de Ingenieros de Combate 101 y del Destacamento de Inteligencia 101 de San Nicolás, además de las delegaciones locales de la Policía Federal y de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA).
El pedido fue formulado ayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario por el fiscal general Adolfo Villatte y el auxiliar fiscal Álvaro Baella. Los representantes del Ministerio Público Fiscal también solicitaron que los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodrigues Da Cruz y Elena Beatriz Dilario declaren los hechos juzgados como “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio implantado en nuestro país”.
Villatte requirió además que, ante una eventual sentencia condenatoria, el tribunal ordene la inmediata detención de todos los imputados bajo la modalidad de prisión preventiva.
Al comenzar la exposición, Baella se refirió a la conducta de los acusados durante el proceso. “Aún hoy en día, habiendo pasado 50 años de la ocurrencia de los hechos, los imputados no han demostrado remordimiento alguno y mucho menos voluntad de subsanar los hechos causados, de modo alguno aportando información que permita esclarecer los hechos que aquí se investigaron”, sostuvo.
La Fiscalía no pudo completar su intervención debido a un corte programado en el sistema del Poder Judicial. El tribunal dispuso un cuarto intermedio y el alegato continuará en la próxima audiencia, prevista para el 26 de agosto.
El pedido de penas
Luego de 14 jornadas de alegato, la Fiscalía solicitó prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para Adrián Domingo Meisner y Gregorio Florentino Mancilla, excabos de la delegación San Nicolás de la Policía Federal.
El MPF los considera coautores de los delitos correspondientes a la causa “Marfott de Trod”: allanamiento ilegal, tormentos agravados por tratarse de un perseguido político y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas contra una víctima.
Para Enabel Otilio Cappa, exoficial de la delegación San Nicolás de la DIPPBA, los fiscales también solicitaron prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Lo consideran coautor de delitos cometidos contra seis víctimas y de los homicidios de esas mismas seis personas.
La cuarta pena de prisión perpetua fue requerida para Omar Andrada, exmayor del Destacamento de Inteligencia 101 de San Nicolás. La Fiscalía lo considera coautor de hechos correspondientes a las causas “Santillán”, “Berg”, “Francioni” y “Comolli”.
Entre los delitos atribuidos a Andrada figuran privación ilegítima de la libertad, con agravantes por el empleo de violencia y amenazas, la duración superior a un mes y la condición de perseguido político de las víctimas; allanamiento ilegal; robo agravado por cometerse en poblado y en banda; y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
En cuanto a los exoficiales de la DIPPBA vinculados con la causa “Santillán”, el MPF pidió ocho años de prisión para Miguel Ángel Amarillo y seis años para Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi. Los fiscales los consideran coautores de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos.
En el caso de Amarillo, la acusación comprende a tres víctimas, mientras que para Parodi y Calabresi corresponde a una. Para los tres, la Fiscalía solicitó además inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
También pidió seis años de prisión para el excoronel Carlos Manuel Biglieri, quien durante los hechos ocupaba el cargo de subteniente de la Sección Antisubversiva del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás.
El MPF lo considera coautor de los crímenes vinculados con la causa “Comolli” por privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes; tormentos agravados por tratarse la víctima de un perseguido político; y allanamiento ilegal. La Fiscalía solicitó además su inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
Un juicio por crímenes contra 62 víctimas
El juicio comenzó el 14 de marzo de 2024 y reunió los expedientes “Marfott de Trod”, “Berg”, “Santillán”, “Francioni” y “Comolli”. Los hechos ocurrieron dentro de la jurisdicción del Área Militar 132, que comprendía gran parte del noroeste bonaerense y estaba bajo el mando del fallecido coronel Manuel Fernando Saint Amant.
Durante las audiencias declararon más de 100 testigos, entre víctimas, familiares y vecinos.
Al comienzo del debate también se juzgaban hechos contra otras 17 víctimas por los cuales estaban imputados Hubo Bellet, Nicolás Antonio Federico Bossie, Guillermo Aníbal Piccione y Bernardo Luis Landa. Los cuatro murieron durante el transcurso del juicio y, por ese motivo, se declaró extinguida la acción penal en su contra.
Los casos investigados
Uno de los hechos juzgados corresponde a la familia Berg. Según la acusación, durante la madrugada del 16 de mayo de 1976, personal del Ejército perteneciente al Área Militar 132 irrumpió armado en su vivienda de calle Reynoso, en San Nicolás. Para realizar el operativo, las fuerzas desplegaron militares sobre los techos de propiedades vecinas y montaron un cerco.
Juan Berg Frank y sus dos hijos mayores, de 18 y 15 años, fueron detenidos y trasladados al Batallón de Ingenieros de Combate 101. Esa misma noche, otro operativo terminó con la detención de María Mayer de Berg y sus otros tres hijos, de 11 años, un año y medio y cuatro meses.
La mujer fue sometida a interrogatorios en los que la instaban a afirmar que pertenecía al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y recuperó la libertad al día siguiente. Su esposo y sus hijos mayores fueron trasladados a la delegación local de la Policía Federal, donde sufrieron golpes, amenazas y agresiones psicológicas. Los hijos permanecieron secuestrados durante dos días y el padre estuvo detenido 18 días.
El debate también comprende el allanamiento ilegal de la vivienda de los militantes Cecilia Marfott y Jorge Luis Trod, ubicada en Schubert y Chopin, ocurrido el 17 de noviembre de 1976. De acuerdo con lo acreditado durante el juicio, en ese episodio fue asesinado el cuidador de la casa, Ignacio Valetin Sabena, después de ser sometido a torturas.
Marfott y Trod no estaban en la propiedad durante el operativo. Cuando regresaron, vecinos los alertaron de lo sucedido y lograron escapar. Al día siguiente, personal del Ejército saqueó la vivienda y robó distintos objetos.
La causa “Santillán” comprende los hechos contra los militantes políticos Benjamín Santillán, Carlos Alberto Aranda, María Cristina Lanzilloto, Carlos Gerardo Pérez, Leonor Genoveva Pierro e Irenes Ballester, quienes fueron detenidos y permanecen desaparecidos. Todos integraban la “Regional Norte-Norte” o “Riberas del Paraná” del ERP.
Santillán fue secuestrado el 9 de noviembre de 1976 por fuerzas militares y personal de la DIPPBA cuando salía del bar “Esso”, sobre avenida Savio de San Nicolás.
Por su parte, la causa “Francioni” comprende hechos contra trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Pergamino, mientras que el expediente “Comolli” aborda la persecución contra obreros metalúrgicos con participación sindical, en su mayoría integrantes de la agrupación Felipe Vallese.
