En el marco de una demanda de amparo ambiental por presunta contaminación, la organización ambientalista informó que una pericia constata contaminación en una fuente de agua subterránea, y afectación a la salud pública. La empresa entiende que el informe en cuestión no aporta ningún elemento nuevo a la causa. Y que no se ha logrado acreditar afección alguna a la salud de la población ni al medio ambiente.
El Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIM) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) junto al Conicet llevó a cabo una nueva pericia, en el marco de una demanda de amparo ambiental que la asociación civil Foro Medioambiental San Nicolás (Fomea) lleva adelante contra la empresa Atanor.
“Ya teníamos probada la presencia de atrazina en el agua y el nuevo informe lo confirma”, asegura el abogado patrocinante de Fomea, Fabian Maggi. “Esta nueva pericia trae una novedad que sorprende porque se detectaron niveles preocupantes de dicloro difenil tricloroetano (DDT) y aldrin, ambas sustancias prohibidas desde hace décadas”, añadió.
Para Maggi, “lo que preocupa es la afectación a la salud pública porque, como se viene denunciando hace años, hay numerosos vecinos afectados con preponderancia de cáncer en la zona”.
En la ONG ambientalista remarcan que “El amparo ambiental lleva más de 8 años de trámite violando el derecho humano de protección judicial en plazo razonable, y fruto de esa demora hemos hecho una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dio curso a la denuncia y actualmente se encuentra en etapa de investigación”.
Voceros de Fomea indicaron en un comunicado que exigen “al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires el inmediato dictado de una sentencia que proteja los derechos fundamentales de los vecinos de San Nicolás”.
La respuesta
En Atanor entienden que se trata de una maniobra de presión para que la Justicia se expida, y que el informe en cuestión no aporta ningún elemento nuevo a la causa. Consultados representantes de la empresa, manifiestan que, oportunamente, en el marco del amparo se ha cuestionado a los técnicos intervinientes, así como al laboratorio al que la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires estaba derivando las muestras obtenidas del efluente líquido industrial y de las aguas subterráneas del establecimiento de San Nicolás, por manifiesta opinión previa en contra de la empresa y de la industria de los fitosanitarios en general, lo que determinaba la falta de objetividad y rigor científico requerido para una pericia de esta complejidad. De igual modo, la compañía cuestionó los métodos de análisis empleados por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM). Adicionalmente, Atanor sostiene que en ninguna de las causas que se han iniciado se ha logrado acreditar afección alguna a la salud de la población circundante a la fábrica de San Nicolás, así como al entorno o medio ambiental.
Finalmente, la empresa pone de relieve la preocupación que estas alegaciones infundadas y antojadizas generan al Directorio, así como al accionista controlante, dado el compromiso con el que la organización trabaja en relación a la seguridad de sus procesos productivos, la salud de sus colaboradores y el desarrollo de lazos con las comunidades y actores sociales relevantes de cada una de las ciudades en las que se encuentra radicada.
DESTACADO I
Para la ONG ambientalista, “lo que preocupa es la afectación a la salud pública porque hay numerosos vecinos afectados con preponderancia de cáncer en la zona”.
DESTACADO II
Atanor sostiene que en ninguna de las causas que se han iniciado se ha logrado acreditar afección alguna a la salud de la población, así como al entorno o medio ambiental.
