Causa por la muerte del obispo Ponce de León: la Justicia indagará a Bottini, Martínez y Andrada

EL PRÓXIMO MARTES 23 DE SEPTIEMBRE

La medida fue establecida por el juez federal Carlos Vera Barros en relación con los acusados de estar involucrados –en tiempos de la dictadura– en la muerte del obispo de San Nicolás Carlos Horacio Ponce de León, quien falleció en el marco de un incidente de tránsito el 11 de julio de 1977 cuando se dirigía a entregar documentación de las personas desaparecidas de su diócesis ante la Conferencia Episcopal Argentina y la Nunciatura.

Causa por la muerte del obispo Ponce de León: la Justicia indagará a Bottini, Martínez y Andrada
Carlos Horacio Ponce de León en su visita al papa Pablo VI, quien lo designó como obispo de la Diócesis de San Nicolás. Fototeca.

De la Redacción de EL NORTE
[email protected]

Para el próximo martes 23 de septiembre, el juez federal Carlos Vera Barros citó a prestar declaración indagatoria a Omar Andrada, Carlos Sergio Bottini y Luis Antonio Martínez, acusados de estar involucrados –en tiempos de la dictadura– en la muerte del obispo de la Diócesis de San Nicolás Carlos Horacio Ponce de León.

La mañana del 11 de julio de 1977, camino a la Ciudad de Buenos Aires, a la altura de Ramallo, el vehículo en el que viajaba el obispo sufrió un incidente con una camioneta Ford F-100. El prelado se dirigía a entregar documentación de las personas desaparecidas de su diócesis ante la Conferencia Episcopal Argentina y la Nunciatura. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires –entre otros organismos del Estado y judiciales– ha expuesto que ya ´quedó acreditado de manera inequívoca que el obispo Carlos Horacio Ponce de León era objeto de operaciones de inteligencia, seguimientos y amenazas por parte de los órganos represivos de la última dictadura´ y que ´se ha alcanzado el estado de sospecha necesario, sustentado en los elementos de prueba de instrucción, para pensar que se enmascaró el asesinato del obispo Ponce de León simulando un accidente automovilístico pergeñado por parte de las autoridades militares del Área Militar 132. Y que así, ´de las irregularidades que surgen de la investigación, se da sustento al requerimiento de las indagatorias´.

Los imputados

Desde octubre de 1975 y hasta el 5 de diciembre de 1977, Andrada tenía el grado de mayor, y era jefe de la Sección San Nicolás del Destacamento Inteligencia 101, en coordinación con los oficiales jefes S2 y S3 del Área Militar 132 y de la Dirección General de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ya fue condenado a prisión perpetua en juicios anteriores por privaciones ilegítimas de la libertad, aplicación de tormentos agravados y homicidios calificados cometidos contra 50 perseguidos políticos entre 1976 y 1977, que ocurrieron en los centros clandestinos de detención del Área 132 bajo la jurisdicción de la Subzona 13 y dentro de la Zona Militar I, en los partidos bonaerenses de San Nicolás, Ramallo, San Pedro y Pergamino.

Carlos Sergio Bottini, por su parte, en el hecho a investigar, era acompañante de Luis Antonio Martínez en la camioneta Ford F-100 y figuraba como directivo de Agropolo S.A., titular registral de la camioneta que impactó en el Renault 4 de Ponce de León. En su testimonio brindado en sede prevencional y judicial, afirmó en el expediente 1858 no recordar nada de lo sucedido por haber sufrido –a causa de un accidente en 1971– una “epilepsia traumática”, aunque luego la investigación observó que no existe constancia que acreditara tal extremo.

Bottini se identificó como directivo de Agropolo, firma con domicilio en la calle Viamonte 1866, de la Capital Federal, a muy pocos metros de la sede del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en su pedido a que fueran convocados a prestar declaración indagatoria, destacó que todos los edificios vecinos a esa unidad operativa eran por entonces propiedad del propio batallón.

Luis Antonio Martínez dijo que él y su acompañante –Bottini– viajaban “por razones comerciales” de la empresa Agropolo S.A., propietaria de la pick-up.

Quedó fuera de la indagatoria el cuarto acusado, Bernardo Luis Landa, por fallecimiento.

Primera sentencia e instrucción

Vale recordar que en febrero de 2023, la Justicia revocó la resolución del 30 de agosto de 2021 del Juzgado Federal 2 de San Nicolás y, en consecuencia, hizo lugar al planteo de nulidad de cosa juzgada írrita respecto de la sentencia dictada el 19 de julio de 1978 en el expediente N° 1858 “Martínez, Luis Antonio S/ Homicidio y lesiones culposas.

Víctimas: Ponce de León, Carlos Horacio y Martínez, Víctor Oscar” del Juzgado Penal 3 del Departamento Judicial de San Nicolás, dado que existían razones para establecer que había sido el resultado de una investigación opacada por vicios o irregularidades.

El requerimiento de instrucción fue formulado en 2004 en razón del conocimiento que se tomó del contenido de la declaración brindada por Víctor Oscar Martínez (el acompañante de Ponce de León el día del incidente investigado) ante la Conadep, oportunidad en la que manifestó que la muerte del obispo había sido producto de un obrar doloso pergeñado por parte de la dictadura militar instaurada en el país a partir del 24 de marzo de 1976 y no a causa de un accidente automovilístico como hasta ese momento se pensaba. Así, la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación inició un largo camino de investigaciones en torno a la hipótesis del homicidio premeditado.

Además, después de lograrse la anulación de la causa en dictadura, fue determinante el peritaje automovilístico realizado por el ingeniero Jorge Geretto.

Últimas acciones

Tras la negativa a realizar la indagatoria de los acusados por parte del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque (quien semanas atrás renunció), la Fiscalía con la querella recurrieron a la Cámara de Apelaciones. 

Es la querella familiar vía la sobrina del obispo, con la Fiscalía Federal, más acciones de la Conferencia Episcopal Argentina con la conformación de una comisión, que se avanzó en la causa con el pedido de indagatoria.

A fines de junio pasado, una comitiva de tres personas, entre ellas una religiosa, fueron personalmente desde San Nicolás hasta Rosario y entregaron una carta con 400 firmas, pidiendo por la necesidad urgente de celeridad en la investigación sobre la muerte del obispo, al Tribunal de Apelaciones.

Luego se designó a un nuevo juez en la causa Ponce de León: el magistrado Carlos Vera Barros. Una vez caída la negativa a la indagatoria por un fallo de la Cámara de Apelaciones, el juez llamó a indagatoria para la semana próxima a Omar Andrada, Carlos Sergio Bottini y Luis Antonio Martínez.

- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -