Cuestionan la imparcialidad de Ledesma en el expediente $LIBRA

NewsITe
Mauricio Novelli, uno de los imputados en la causa conocida como $LIBRA, solicitó formalmente el apartamiento de la jueza Ángela Ledesma, integrante de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. La magistrada había intervenido en una decisión clave: habilitó la posibilidad de que los querellantes vuelvan a participar del expediente, una medida que podría evitar el cierre definitivo de la investigación.
El planteo fue presentado por el abogado defensor de Novelli, Daniel Rubinovich, quien sostiene que existen dudas sobre la imparcialidad de Ledesma. Según el escrito, la jueza mantiene vínculos institucionales con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), organismos que intentaron tener un rol activo dentro del caso como querellantes.
Ambas organizaciones impulsaron distintas medidas en el expediente, entre ellas la citación a indagatoria de los principales investigados. En ese grupo figuran el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo que le otorga al caso un fuerte condimento político e institucional. Desde su perspectiva, CIPCE e INECIP actúan como actores especializados en delitos económicos y de corrupción pública.
De acuerdo con la presentación de la defensa, fueron estas entidades las que requirieron la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), para que asumiera la acción penal que había quedado vacante tras la decisión del fiscal federal Eduardo Taiano de no impulsar la causa. Ese movimiento, sostienen, demuestra el interés directo de los organismos en sostener abierto el expediente $LIBRA.
Los argumentos del pedido de apartamiento
La defensa de Novelli remarcó que tanto el CIPCE como el INECIP expresaron públicamente su rechazo al fallo que había dejado afuera a los querellantes. Esa resolución ahora debe ser revisada por la Sala II de Casación, de la cual forma parte Ledesma, lo que, a criterio del imputado, genera una incompatibilidad: las entidades allegadas a la magistrada ya fijaron posición sobre el tema que ella debe resolver.
En el escrito se recuerda que Ledesma cuenta con antecedentes de haberse apartado de otras investigaciones en las que intervenían estos organismos. La defensa menciona, entre otros, la causa “Carrera” por la denominada Masacre de Pompeya y la causa “López”, donde la jueza decidió no intervenir precisamente por la presencia de CIPCE e INECIP en los expedientes.
Novelli entiende que, en comparación con esos procesos, el rol de las organizaciones en $LIBRA es «considerablemente mayor», ya que se involucraron en la estrategia procesal y se pronunciaron sobre el núcleo de la cuestión aún pendiente de resolución en Casación. Por ello, sostiene que existen razones objetivas para que Ledesma se aparte y permita que otros magistrados decidan sobre la continuidad o no de los querellantes.
El planteo se inscribe en una pulseada más amplia sobre el alcance de la participación de organizaciones civiles especializadas en causas de criminalidad económica y corrupción. Mientras algunos sectores destacan su aporte técnico y su rol de control ciudadano, las defensas de los imputados suelen cuestionar su incidencia, al considerarla un factor de presión adicional dentro del proceso penal.
La resolución de la Sala II de Casación será clave para definir si los querellantes vuelven a tener un rol activo en $LIBRA o si se encamina el cierre del expediente.
Ahora será la propia Cámara de Casación la que deba evaluar si hace lugar al pedido de apartamiento y redefine la integración del tribunal o si confirma la continuidad de Ledesma en el expediente, en una decisión que puede marcar el futuro de la causa y el alcance de la intervención de las organizaciones civiles en investigaciones de alto impacto político.

