La Procuraduría de Investigaciones Administrativas cuestionó el sobreseimiento del Presidente, su hermana y otros nueve imputados. El organismo advirtió que faltan peritajes sobre teléfonos celulares, movimientos de criptomonedas y comunicaciones con los promotores del proyecto. También presentó una apelación para que intervenga la Cámara Federal.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitó reabrir la causa $LIBRA y dejar sin efecto el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina y otros nueve investigados. El organismo, encabezado por el fiscal Sergio Rodríguez, consideró que la Justicia cerró prematuramente la investigación y advirtió que todavía existen pruebas pendientes para determinar si hubo una maniobra defraudatoria vinculada con la promoción de la criptomoneda.
La presentación, firmada el 29 de octubre, cuestiona la resolución que dictó el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi el viernes 23, a pedido del fiscal Eduardo Taiano. El magistrado había sobreseído a los once investigados bajo el argumento de que los acontecimientos denunciados no constituían delito. Sin embargo, la PIA sostuvo que las pruebas reunidas todavía no permiten descartar una posible estafa y asumió el ejercicio de la acción penal para impulsar la continuidad del expediente.
Entre los principales cuestionamientos aparecen los análisis incompletos de operaciones con criptomonedas, los mensajes eliminados de teléfonos celulares y los registros de comunicaciones entre Mauricio Novelli y Javier Milei. El organismo también pidió profundizar la investigación sobre las visitas de Novelli y Sergio Morales a la Casa Rosada, autorizadas por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.
Los mensajes borrados, las cajas de seguridad y las pruebas pendientes
Uno de los puntos centrales del reclamo corresponde a los estudios de trazabilidad financiera que no pudieron completarse porque una dependencia del Ministerio Público Fiscal carecía de las licencias informáticas necesarias. La PIA cuestionó que el juez no explicara si se buscaron alternativas para continuar esos análisis y también objetó que se diera por agotada la cooperación internacional después de que Estados Unidos rechazara un pedido de asistencia por falta de información suficiente, según constata DIB.
El organismo señaló posibles indicios de ocultamiento que, a su criterio, requieren mayor investigación. Entre ellos mencionó el vaciamiento de cajas de seguridad por parte de Mauricio Novelli y su familia, la eliminación de conversaciones con un contacto identificado como “Karina Milei RRPP” y la ausencia del historial previo de WhatsApp en el teléfono secuestrado a Sergio Morales. También reclamó ampliar el análisis de una nota denominada “final agreement as discussed with H.” y de una carta de intención de Kelsier, empresa representada por Hayden Davis, que ofrecía asesoramiento gratuito al Presidente en blockchain y criptomonedas.
La Procuraduría también pidió examinar las visitas de Novelli y Morales a la Casa Rosada junto con las comunicaciones telefónicas registradas entre Novelli y Milei, cuyo contenido todavía no pudo establecerse. Según el organismo, esos elementos podrían contribuir a determinar si existió un acuerdo previo entre funcionarios y promotores del criptoactivo. Además, reclamó nuevos peritajes sobre celulares y la declaración de una mujer de apellido Beller, quien había testificado en la causa ANDIS, pero no sobre sus posibles conocimientos del caso $LIBRA.
El papel del Presidente y el pedido para continuar la investigación
Otro de los cuestionamientos apunta a la interpretación judicial sobre la participación de Javier Milei en la difusión de la criptomoneda. Martínez de Giorgi había considerado que la promoción pública del activo y las pérdidas posteriores de los inversores no demostraban por sí solas la existencia de una estafa. La PIA, en cambio, planteó que la intervención presidencial debe analizarse dentro de una posible maniobra organizada y no como una conducta aislada.
“El caso investiga si ‘libra’ se generó para inducir engañosamente a la gente a invertir, usando como señuelo la promoción, el aval, la difusión efectuada por el Presidente, para luego levantar el dinero recaudado y huir”, sostuvo Rodríguez. El fiscal aclaró que las pruebas todavía no alcanzan para solicitar declaraciones indagatorias, pero tampoco justifican cerrar definitivamente el expediente. “El estado actual del caso no se encuentra en el final de la investigación, sino en su etapa de recolección de pruebas, las cuales estarían mostrando señales de una concertación defraudatoria”, señaló.
La intervención de la PIA se produjo después de los planteos del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que cuestionaron el cierre de la causa. El organismo también pidió considerar la situación de las personas que se presentaron como damnificadas, inicialmente admitidas como querellantes y luego apartadas mediante una resolución que, según la Procuraduría, todavía no está firme.
Además de solicitar la reapertura, Rodríguez presentó un recurso de apelación en subsidio para que la Cámara Federal revise los sobreseimientos si el juzgado rechaza su pedido. La resolución cuestionada alcanza a Javier y Karina Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino. La continuidad de la investigación dependerá ahora de la respuesta judicial al planteo de la Procuraduría, que considera necesario completar las pruebas antes de determinar si existió un delito.
