El abogado defensor de parte de los sindicalistas y trabajadores del gremio de camioneros pidió el sobreseimiento y la consiguiente libertad de los acusados. Fundamentó el pedido en la caducidad del plazo de dos años impuesto como límite máximo para la prisión preventiva sin que se realice el juicio. La causa se encuentra paralizada desde marzo pasado cuando Casación anuló la elevación a juicio.
De la redacción de EL NORTE
El letrado particular de los trabajadores implicados en la causa contra Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola por Turbación de la posesión y Extorsión presentó en las últimas horas el pedido de Caducidad de instancia que ponga fin al proceso y el consiguiente sobreseimiento de los imputados. Fundamenta la solicitud en que se encuentra vencido el plazo máximo razonable que establece la ley indicando que si al menos uno de los imputados estuviese privado de su libertad serán fatales los términos que se establezcan para completar la investigación preparatoria. El pedido, presentado por el abogado Gabriel Ruiz ante el Juzgado de Garantías N°3, sostiene que la duración total del proceso no puede durar más de dos años. La causa cuenta con dos detenidos y seis imputados sin detención, pero involucrados de manera directa y agrega que “En caso de que existan varios imputados, el hecho de que uno solo de ellos se encuentre detenido supone la fatalidad de los plazos del proceso que involucra a su totalidad”.
El 8 de abril pasado se cumplieron dos años desde la detención de los dirigentes camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola acusados de Extorsión, Coacción y Turbación de la posesión de la firma Rey Distribución de San Pedro. La causa, que se había iniciado en enero de 2021 se encuentra paralizada desde marzo pasado cuando Casación anuló la elevación a juicio. El enjuiciamiento había sido dispuesto por la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui y la tarea recayó en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1. Restaba solamente disponer la fecha de realización del debate cuando la defensa presentó un nuevo recurso ante Casación Penal Provincial cuya Sala V decidió anular la elevación a juicio pedida por la defensa. En esa solicitud el defensor Mauricio Gugger había planteado que existían instancias probatorias determinantes que deberían haberse tenido presentes antes de la elevación, como una pericia contable solicitada. Sobre finales del año pasado la causa volvió a instancia de origen para que se “dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho”. Desde entonces el proceso se encuentra paralizado.
Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro cumplen arresto domiciliario desde mediados de 2023. Los otros imputados, seis exempleados de Rey Distribución Julián Ojeda, Matías Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez y Lucas Torres, están en libertad pero continúan sujetos al proceso.
Los hechos
Uno de los hechos por los que están presos Cabaleyro y Espíndola ocurrió el 15 de febrero de 2022, cuando bloquearon la entrada y salida de vehículos de la firma Rey ubicada en San Pedro, impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial. Una semana más tarde Cabaleyro y Espíndola colocaron un motorhome del sindicato frente al ingreso del estacionamiento. Ese bloqueo duró desde el 22 al 26 de febrero de 2022. Según las declaraciones testimoniales, en cuanto Cabaleyro se enteró de que la empresa tenía otro depósito, desde el cual hizo igualmente entregas de alimentos a comedores y escuelas a pesar del bloqueo, se dirigió en una camioneta Wolkswagen Amarok con empleados de la distribuidora Rey para prender fuego gomas y bloquear la salida de ese otro depósito. El gremio alegó en ese momento que la empresa adeudaba dinero al sindicato por el pago de aportes y cuotas sindicales. Esa supuesta deuda, sin embargo, no pudo ser probada por la Justicia, que requirió información a la AFIP, al Ministerio de Trabajo de la Nación y a la cartera de trabajo bonaerense.
Según la denuncia como resultado de los aprietes por no bloquear las plantas Cabaleyro y Espíndola habrían recibido dinero en nombre del sindicato. La fiscal María del Valle Viviani, titular de la UFI Nº7 de San Pedro los acusó por delitos como turbación de la posesión por el bloqueo en concurso ideal con Coacción (dos hechos), Extorsión y Extorsión en grado de tentativa todos ellos en concurso real . Delitos cuya pena en expectativa oscila entre los cinco años y los veinticinco años de prisión, de cumplimiento efectivo.