La magistrada Elena Baquedano condenó en juicio abreviado al sindicalista camionero Fernando Espíndola por bloqueos y amenazas coactivas. En su decisión no solo se apartó de la línea absolutoria marcada por su par Alejandro López respecto de Maximiliano Cabaleyro (señalado como coautor) sino que además decidió actuar de oficio y pidió investigar escuchas que involucran a autoridades públicas.
De la redacción de EL NORTE
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En el fallo del juicio abreviado dado a conocer el pasado viernes contra Fernando Espíndola, dirigente sindical camionero de San Pedro, la jueza Elena Baquedano marcó diferencia respecto de su par Alejandro López. No solo decidió condenar al imputado a cuatro años de prisión por los mismos hechos que López no consideró delitos (incluso había calificado como un “despropósito” que la causa llegase al fuero penal), sino que avanzó con pedidos de investigación por manifestaciones que no habían sido tenidas en cuenta por él.
La magistrada advirtió que “la gravedad de estas expresiones en la que lisa y llanamente se compromete el accionar de autoridades públicas, estimo que debe investigarse, y a tal efecto se solicitará por oficio a la Fiscalía General Departamental”. Estas referencias fueron hechas respecto de algunas pruebas presentadas en la causa. Se trata de testimonios y audios que de manera separada y en diferentes momentos durante los bloqueos a la empresa Rey involucran al intendente de San Pedro Cecilio Zalazar, al por entonces jefe de la Policía Comunal de San Pedro Juan Ramón Catalano y a Sofía Rotundo, Delegada Regional de Trabajo de esa localidad.
En las pruebas aportadas al juicio que evaluó la jueza Baquedano advirtió que la coacción ejercida por Espíndola no sólo fue para los empresarios, sino también para el Intendente Municipal de San Pedro y se interpreta que igual conducta se transmitió a la policía. Ordenó también que se extrajeran copias para remitir a la Fiscalía General, en especial para considerar si las declaraciones y conversaciones mencionadas, constituyen un delito de acción pública, y si las funcionarias allí intervinientes (pertenecientes al Ministerio de Trabajo y que no habrían obrado con la imparcialidad debida) han incurrido en la comisión de delitos de dicha naturaleza, en su caso, pidió que se derive al Fiscal competente.
La causa en la que se acusaba a Espíndola de bloquear la firma sampedrina Rey Distribución y de pedir coimas para “dejarlos trabajar” había sido desdoblada cuando éste decidió no someterse al juicio oral y público junto a Cabaleyro y a seis exempleados de la empresa y optó por la medida alternativa de procedimiento abreviado. Así el juez Alejandro López presidió el juicio tradicional contra Cabaleyro, a quien absolvió junto a los trabajadores por entender que los actos denunciados “son actos propios de una medida de fuerza sindical” y la magistrada Baquedano por su parte y por los mismos hechos decidió en el procedimiento abreviado que existía delito y condenó a Espíndola a cuatro años de prisión.
Los tipos penales por los que se lo condenó son Turbación de la posesión en concurso real con amenazas coactivas consumadas y dos en grado de tentativa. La interpretación de los hechos contrasta con la absolución de Maximiliano Cabaleyro dictada por el juez Alejandro López
Los cargos
El caso se conoció en octubre de 2021 cuando se difundió un video de un hombre llorando dentro de su galpón, mientras relataba los problemas que tenía para trabajar. Esto hizo que el Movimiento Empresarial Antibloqueo intervenga e impulse la presentación judicial por bloquear a la empresa Rey Distribución.
La investigación quedó a cargo de la fiscal María del Valle Viviani, titular de la UFI Nº 7 de San Pedro. Uno de los hechos por los que estaban imputados Cabaleyro y Espíndola ocurrió el 15 de febrero de 2022, cuando bloquearon la entrada y salida de vehículos de la firma ubicada en San Pedro, impidiendo el desarrollo de la actividad comercial. Según la acusación, una semana más tarde, antes de que amaneciera, Cabaleyro y Espíndola colocaron un colectivo motorhome del sindicato frente al portón de ingreso del estacionamiento. Ese bloqueo duró desde el 22 al 26 de febrero de 2022.
Gustavo Rey, dueño de la firma, explicó en ese momento que desde el gremio le exigían coimas para dejarlo trabajar y un monto fijo de dinero por mes. “Desde 2017 tenemos que pagarle al sindicato y cada vez que había elecciones nos pedían un poco más. Pero decidimos denunciarlos y enfrentarlos. Por eso pasó todo esto”. Había explicado el empresario. “Al desistir de ello comenzaron a bloquearnos la salida de los camiones”, aseguró en ese momento.
Sostuvieron también que cuando Cabaleyro se enteró de que la empresa tenía otro depósito, desde el cual hizo entregas de alimentos a comedores y escuelas mientras estaba bloqueada la empresa, se dirigió con empleados de la distribuidora Rey para prender fuego gomas y bloquear la salida de ese otro depósito. El gremio alegó en ese momento que la empresa adeudaba dinero al sindicato por el pago de aportes y cuotas sindicales. Esa supuesta deuda, sin embargo, no habría podido ser comprobada por la justicia.
Conforme a la denuncia como resultado de los aprietes por no bloquear las plantas Cabaleyro y Espíndola habrían recibido en nombre del sindicato dinero en dos cuotas. La primera entrega se hizo en efectivo en una caja de chocolino que quedó registrada en videos. Es por haber cobrado ese dinero que se les imputó a los dos detenidos el delito de extorsión. En el expediente se encuentra un registro audiovisual aportado por los denunciantes que muestra a miembros de la familia Rey juntando y guardando los montos de dinero para pagarle al sindicato.
