La sentencia del juez Alejandro López, que absolvió al dirigente sindical y a otros seis trabajadores, fue apelada ante Casación. Las fiscales insisten en que existieron delitos de extorsión, coacción y turbación de la posesión. El principal cuestionamiento apunta a la interpretación que realizó el magistrado sobre el derecho constitucional de huelga. Según el recurso, otorgó una protección excesivamente amplia a las medidas sindicales investigadas. En tanto las defensas reclaman que se investigue a los empresarios denunciantes por presuntas irregularidades durante el proceso.
De la redacción de EL NORTE
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La causa judicial contra el dirigente camionero Maximiliano Cabaleyro y otros seis trabajadores sindicalizados sumó un nuevo capítulo. Tras el polémico fallo absolutorio dictado el pasado 14 de octubre por el juez Alejandro López, del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de San Nicolás, el Ministerio Público Fiscal presentó un recurso ante el Tribunal de Casación bonaerense para revertir la sentencia y conseguir condenas de prisión. En paralelo, los abogados defensores solicitaron que se investigue a integrantes de la familia Rey, que impulsó las denuncias que dieron origen al expediente.
La controversia judicial tiene su origen en un conflicto gremial con la empresa Rey Distribución, de San Pedro, que derivó en acusaciones por extorsión, coacción y turbación de la posesión. Durante el juicio oral se analizaron protestas sindicales, presuntas exigencias económicas y distintos elementos probatorios vinculados con los enfrentamientos entre los empresarios y los representantes de Camioneros.
La absolución de los siete imputados no cerró el expediente. Ahora, las partes buscan que la Justicia provincial revise distintos aspectos de la resolución, aunque con objetivos contrapuestos.
Las fiscales María del Valle Viviani y María Verónica Marcantonio solicitaron que Casación revoque parcialmente la sentencia y condene a Maximiliano Cabaleyro a ocho años de prisión efectiva, además de imponerle una inhabilitación especial de diez años para desempeñar cargos públicos y gremiales.
Para los otros seis trabajadores absueltos, Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez, el Ministerio Público pretende penas de tres años de prisión de ejecución condicional.
El principal cuestionamiento de las fiscales apunta a la interpretación que realizó el juez López sobre el derecho constitucional de huelga. Según el recurso, el magistrado otorgó una protección excesivamente amplia a las medidas sindicales investigadas, sin evaluar suficientemente si algunas de las conductas denunciadas podían constituir delitos.
También objetaron la valoración de las pruebas vinculadas con las presuntas exigencias económicas. Para la acusación, el juez examinó determinados elementos de manera aislada y no realizó una evaluación integral de la evidencia presentada durante el debate.
Contra los denunciantes
La respuesta de los abogados defensores avanzó en sentido contrario. Analía González, Mauricio Gugger e Ignacio Baldarenas, representantes de Cabaleyro, y Gabriel Ruiz, defensor de los otros seis trabajadores, presentaron un recurso para cuestionar aspectos de la sentencia y reclamar que se investiguen posibles delitos cometidos por quienes impulsaron las acusaciones.
Los letrados solicitaron que se remitan antecedentes a la Fiscalía para determinar si integrantes de la familia Rey y otras personas vinculadas con el proceso incurrieron en falsa denuncia, falso testimonio o desobediencia judicial.
Entre los señalados figuran Gustavo, Ariel y Ricardo Rey, además de Valeria Chichizola y Betiana Parra. La defensa sostiene que durante el juicio aparecieron elementos que justificarían una investigación sobre la veracidad de determinadas declaraciones y pruebas aportadas al expediente. Se trata, por el momento, de planteos formulados por los abogados y no de responsabilidades penales acreditadas.
En la Justicia provincial
Con ambos recursos presentados, el Tribunal de Casación Penal bonaerense deberá examinar los planteos que resulten admitidos y resolver si corresponde mantener o modificar la sentencia absolutoria.
La nueva instancia también vuelve a colocar bajo discusión el fallo del juez Alejandro López, cuya resolución había cerrado el juicio oral sin condenas para ninguno de los siete acusados.
El expediente, que lleva más de cinco años de recorrido judicial, permanece abierto. Mientras la Fiscalía pretende obtener condenas de prisión para Cabaleyro y los otros trabajadores, las defensas buscan sostener las absoluciones y promover investigaciones contra quienes impulsaron las denuncias originales.
