En marzo pasado, tras varios reveses, fue confirmado el enjuiciamiento de los sindicalistas camioneros Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y seis exempleados de la firma Rey. La audiencia preparatoria de juicio tiene fecha prevista para el próximo 16 de abril. La notificación de conformación de la Corte bonaerense para resolver un reclamo que busca frenar el debate, podría demorar nuevamente su realización.
De la redacción de EL NORTE
[email protected]
El próximo miércoles se cumplen cuatro años desde que los líderes del Sindicato de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola fueran puestos bajo prisión preventiva (actualmente cumpliendo arresto domiciliario). Están procesados junto a seis exempleados de la firma sampedrina Rey Distribución por bloquear los ingresos a la planta por un reclamo y en el caso de los dirigentes gremiales por Turbación de la Posesión y Extorsión que fueran denunciadas por los propietarios de la empresa en 2021.
A mediados de marzo finalmente la causa fue elevada a juicio por cinco hechos: turbación de la posesión por el bloqueo en concurso ideal con Coacción (dos hechos), Extorsión (tres hechos) y Extorsión en grado de tentativa (esta última quedo reducida a turbación de la posesión) todos ellos en concurso real, delitos cuya pena mínima es de cinco años.
La elevación a juicio de la causa había sufrido varios reveses judiciales y finalmente fue confirmada en diciembre del año pasado lo que fue recurrido ante Casación por el abogado Mauricio Gugger, defensor de los líderes sindicales, con resultado adverso. La defensa de los otros seis empleados representada por el abogado Gabriel Ruiz también interpuso innumerables objeciones contra ese enjuiciamiento, entre ellos un recurso de queja ante la Suprema Corte provincial que se encuentra pendiente de resolución por lo que el letrado sostiene, entre otras cosas, que esa elevación a juicio debe anularse.
En los últimos días el alto tribunal le notificó su conformación para el tratamiento de la queja. Será la Sala V integrada con los Jueces permanentes, doctores Hilda Kogan -Presidenta-, Sergio Gabriel Torres y Daniel Fernando Soria, y con los magistrados del Tribunal de Casación Penal, doctores Carlos Ángel Natiello, Ricardo Ramón Maidana, María Florencia Budiño y Daniel Alfredo Carral los encargados de evaluar los planteos presentados por el letrado Gabriel Ruiz. La defensa busca anular la elevación a juicio, invalidar la presentación hecha por la senadora Florencia Arietto, readecuar la imputación y garantizar lo que considera una revisión judicial efectiva, mientras tanto el tribunal nicoleño mantiene el curso del proceso hacia el debate oral.
Este nuevo escenario plantea la incógnita acerca de la realización o no de la audiencia preparatoria de juicio ante el magistrado Alejandro López que está prevista para el próximo 16 de abril en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2. Esa audiencia tiene como objetivo fijar fecha inminente de debate, preparar el juicio oral, depurar la prueba, resolver incidencias, puntualizar los hechos controvertidos y buscar salidas alternativas como, por ejemplo, el juicio abreviado.
Los planteos
La defensa de los seis trabajadores afiliados al gremio de Camioneros Julián Ojeda, Matías Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez y Lucas Torres —imputados junto Cabaleyro Espindola— ´cuestiona la elevación a juicio dispuesta por el Juzgado de Garantías N°3. Entre los principales argumentos señalan que la causa fue elevada a juicio sin que estuvieran resueltas impugnaciones previas y sin que la decisión estuviera firme, ya que está pendiente de decisión el recurso extraordinario de queja ante la Corte provincial. Considera como una “denegación de justicia”, la falta de tratamiento de algunos cuestionamientos de fondo y que la acusación fiscal no adecuó su acusación a una decisión del fallo del Tribunal de Casación que en noviembre de 2025 modificó parcialmente la calificación legal de uno de los hechos.
Ruiz también cuestiona que el pedido de enjuiciamiento es competencia de la fiscalía y no del particular damnificado como se hizo en este caso y sostiene además que la intervención de la senadora provincial Florencia Arietto, quien oficiaba como abogada del particular damnificado, sería incompatible con su función legislativa actual.
Otro de los cuestionamientos sostiene que la justicia penal no tiene competencia para intervenir en un caso laboral como es el derecho de Huelga y que generan un trato discriminatorio al acusar a Camioneros de Usurpación sin que hayan ingresado al inmueble remarcando que otros trabajadores en circunstancias parecidas no fueron procesados.
El caso se conoció en octubre de 2021 cuando se difundió un video de un hombre llorando dentro de su galpón, mientras relataba los problemas que tenía para trabajar. Esto hizo que el Movimiento Empresarial Antibloqueo (representado por la ahora senadora Florencia Arietto) intervenga e impulse la presentación judicial por bloquear a la empresa Rey Distribución.
Gustavo Rey, dueño de la firma, explicó en ese momento que desde el gremio le pedían coimas para poder trabajar y en algunos casos, un monto fijo de dinero por mes. “Desde 2017 tenemos que pagarle al sindicato y cada vez que había elecciones un poco más. Pero decidimos denunciarlos y enfrentarlos. Por eso pasó todo esto”. Había explicado el empresario. “Al desistir de ello comenzaron a bloquearnos la salida de los camiones”, aseguró en ese momento.
La investigación entonces quedó a cargo de la fiscal María del Valle Viviani, titular de la UFI Nº 7 de San Pedro.
