La audiencia por el pedido del beneficio de prisión domiciliaria para el sindicalista Fernando Espíndola tuvo lugar en las últimas horas. Ahora el juez de Garantías Román Parodi deberá resolver si se cumplen los extremos requeridos para otorgar la medida que le permitiría al imputado aguardar el juicio en su casa con algunas restricciones a su libertad.
El pedido interpuesto por el abogado Mauricio Gugger tiene como principal fundamento cuestiones referidas a la salud del imputado. El plazo para la resolución por parte del magistrado es breve, por lo que en los próximos días se conocería su dictamen respecto del tema.
Esta solicitud se conoció luego de que la Cámara de Casación anulara la prisión domiciliaria con la que el juez de Garantías había beneficiado a los sindicalistas de camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, quienes se encuentran procesados y detenidos en la Unidad Penal Nº 3 acusados de extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción a la firma Rey Distribución SRL de San Pedro, pero además Espíndola está acusado de ser el autor de delitos aberrantes en perjuicio de menores integrantes de su familia.
El Juzgado debía retomar desde cero el planteo de prisión domiciliaria elevado por la Defensa de los sindicalistas y darle a la Fiscalía la oportunidad de oponerse, lo que ocurrió durante la jornada de este martes en el Juzgado de San Nicolás, aunque solo respecto de Fernando Espíndola. La defensa alegó en sus fundamentos aspectos de la situación de salud de su patrocinado. Puso en consideración del magistrado que su defendido padece diabetes y que las condiciones de detención agravarían su estado. En la contraparte, la fiscal María del Valle Viviani se opuso al beneficio del arresto domiciliario y pidió que el acusado permanezca en la Unidad Penal 3, donde cumple prisión preventiva.
Durante la audiencia celebrada este martes solo se trató el caso de Espíndola, puesto que para hacer lo propio con Cabaleyro deben esperarse unos estudios médicos que serán ponderados por el juez a la hora de tomar la decisión.
Luego de los alegatos de ambas partes, la Justicia tiene cinco días desde la celebración de la audiencia mencionada para expedirse acerca de si otorga o no el beneficio.
Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro están detenidos desde el 8 de abril pasado, en el marco de una causa que comenzó cuando los propietarios de la empresa Rey Distribución SRL los denunciaron por “pedir coimas” para “dejarlos trabajar tranquilos”.
Están imputados de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico, un delito que tiene una pena de entre 5 y 10 años de prisión.