La defensa de los sindicalistas camioneros había solicitado el cese de la prisión preventiva y subsidiariamente la excarcelación de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola. La jueza de garantías rechazó los planteos presentados. En tanto, en las últimas horas, el abogado defensor de los empleados involucrados en la causa por extorsión y turbación de la posesión reclamó nuevamente por la nulidad del proceso.
De la redacción de EL NORTE
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Esta semana la magistrada María Eugenia Maiztegui, a cargo del Juzgado de Garantías N° 3, denegó el pedido de cese de prisión preventiva y de excarcelación en subsidio presentado por la defensa de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola. Ambos deberán permanecer sujetos a las medidas restrictivas de libertad. Los líderes del sindicato de camioneros se encuentran bajo arresto domiciliario acusados por extorsión y turbación de la posesión en una causa que involucra, además, a seis exempleados de la empresa denunciante. La empresa sampedrina Rey Distribución los acusó de pedir coimas y, ante el no pago, bloquearles la planta.
El 8 de abril pasado se cumplieron tres años desde la detención de los dirigentes camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, acusados de extorsión, coacción y turbación de la posesión de la firma. La causa se había iniciado por una denuncia presentada por los propietarios de la empresa en enero de 2021.
Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro (quien además de sindicalista era concejal del Frente de Todos) fueron detenidos el 8 de abril de 2022 y lograron, tras varios planteos de la defensa, el beneficio de arresto domiciliario a mediados de 2023. Los otros imputados, seis exempleados de Rey Distribución, Julián Ojeda, Matías Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez y Lucas Torres, están en libertad, pero sujetos al proceso. La elevación a juicio sufrió varios reveses judiciales y finalmente fue confirmada en diciembre del año pasado, lo que también fue recurrido ante Casación por el abogado Mauricio Gugger, defensor de los líderes sindicales, con resultado adverso.
Este viernes el representante de los exempleados, letrado Gabriel Ruiz, presentó un nuevo reclamo para frenar la elevación a juicio. Lo hizo ante la Suprema Corte bonaerense. Se trata de un recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de la ley y doctrina legal. Sostiene, entre sus planteos, que la Justicia Penal no tiene competencia para intervenir en un caso laboral como es el derecho de huelga y que generan un trato discriminatorio al acusar a Camioneros de usurpación sin que hayan ingresado al inmueble, remarcando que otros trabajadores en circunstancias parecidas no fueron procesados.
Los hechos denunciados
El caso se conoció en octubre de 2021, cuando se difundió un video de un hombre llorando dentro de su galpón, mientras relataba los problemas que tenía para trabajar. Esto hizo que el Movimiento Empresarial Antibloqueo intervenga e impulse la presentación judicial por bloquear a la empresa Rey Distribución.
Gustavo Rey, dueño de la firma, explicó en ese momento que desde el gremio le pedían coimas para poder trabajar y, en algunos casos, un monto fijo de dinero por mes. “Desde 2017 tenemos que pagarle al sindicato y cada vez que había elecciones, un poco más. Pero decidimos denunciarlos y enfrentarlos. Por eso pasó todo esto”, había explicado el empresario. “Al desistir de ello, comenzaron a bloquearnos la salida de los camiones”, aseguró en ese momento.
La investigación entonces quedó a cargo de la fiscal María del Valle Viviani, titular de la UFI Nº 7 de San Pedro, quien los acusó por delitos como turbación de la posesión por el bloqueo en concurso ideal con coacción (dos hechos), extorsión y extorsión en grado de tentativa, todos ellos en concurso real. Delitos cuya pena en expectativa oscila entre los cinco y los veinticinco años de prisión, de cumplimiento efectivo.
Uno de los hechos por los que están imputados Cabaleyro y Espíndola ocurrió el 15 de febrero de 2022, cuando bloquearon la entrada y salida de vehículos de la firma ubicada en San Pedro, impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial. Según la acusación, una semana más tarde, antes de que amaneciera, Cabaleyro y Espíndola colocaron un colectivo motorhome del sindicato frente al portón de ingreso del estacionamiento. Ese bloqueo duró desde el 22 al 26 de febrero de 2022.
Sostienen también que cuando Cabaleyro se enteró de que la empresa tenía otro depósito, desde el cual hizo entregas de alimentos a comedores y escuelas mientras estaba bloqueada la empresa, se dirigió en una camioneta Volkswagen Amarok con empleados de la distribuidora Rey para prender fuego gomas y bloquear la salida de ese otro depósito. El gremio alegó en ese momento que la empresa adeudaba dinero al sindicato por el pago de aportes y cuotas sindicales. Esa supuesta deuda, sin embargo, no pudo ser probada por la Justicia, que requirió información a la AFIP, al Ministerio de Trabajo de la Nación y a la cartera de Trabajo bonaerense.
Conforme a la denuncia, como resultado de los aprietes por no bloquear las plantas, Cabaleyro y Espíndola habrían recibido en nombre del sindicato dinero en dos cuotas. La primera entrega, de $203.838, se hizo en efectivo en una caja de galletitas Chocolinas y un cheque por la suma de $102.999. El restante se pagó en dos cheques por $355.583 cada uno. Es por haber cobrado ese dinero que se les imputó a los dos detenidos el delito de extorsión. En el expediente se encuentra un registro audiovisual aportado por los denunciantes que muestra a miembros de la familia Rey juntando y guardando los montos de dinero para pagarle al sindicato.
